El intelectual ecuatoguineano Donato Ndongo logra un nuevo aplazamiento de su desahucio

Dos meses más, hasta el 24 de septiembre. Este es nuevo plazo que tiene el escritor, periodista e historiador ecuatoguineano Donato Ndongo-Bidyogo para permanecer en su casa en Murcia, adquirida en 2002 y sobre la que pesa una orden de desahucio desde 2015. El lanzamiento de Ndongo, de 75 años y residente en la región desde finales de los años noventa, estaba previsto para el 7 de julio y fue aplazado hasta este miércoles. Tras una intensa negociación y momentos de tensión en los que todo parecía perdido, la comisión judicial ha concedido al intelectual un nuevo aplazamiento con el objetivo de que, en este periodo, pueda buscar una alternativa habitacional y demostrar su situación de vulnerabilidad.

El intelectual, arropado por representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la asociación Afromurcia en Movimiento, esperaba a primera hora de esta mañana en su adosado de la zona norte de Murcia a la llegada de la comisión judicial, que se ha producido en torno a las nueve y media de la mañana. Mediadores de la PAH han tratado de impedir el desalojo y finalmente el propio Ndongo se ha acercado a hablar con los representantes judiciales y del fondo de inversión Verde Iberia, propietario de la vivienda, para explicarles su situación.

Desde que su desahucio fue aplazado el 7 de julio, ha buscado sin éxito una alternativa: los servicios sociales municipales le han dado cita para el 3 de septiembre, está en espera para acceder a una vivienda social y el juzgado tiene pendiente de resolución dos recursos sobre su situación de vulnerabilidad. Estos argumentos, además de la presión mediática y social, han inclinado la balanza a su favor, a pesar de que la representante de Verde Iberia se ha opuesto a retrasar el desahucio. Finalmente, se ha fijado como nueva fecha el 24 de septiembre y Ndongo ha regresado a su casa, agradeciendo el apoyo que ha recibido en las últimas semanas por parte de la sociedad civil y la movilización que ha generado su caso.

La casa la adquirió en 2002 mediante una hipoteca con Bankia, absorbida más tarde por CaixaBank. Los impagos de las cuotas comenzaron en 2011 y el proceso se judicializó en 2015. Tres años después, en 2018, la entidad financiera vendió la propiedad a un fondo de inversión, Verde Iberia, actual propietaria del inmueble.

El intelectual, de 75 años, cobra apenas mil euros mensuales de pensión a pesar de su nutrida trayectoria. Pisó por primera vez España en 1965: todavía no había cumplido los 15 años, Guinea Ecuatorial era una colonia española y él se formó en Periodismo e Historia y comenzó a trabajar en diversos medios de comunicación hasta que, en 1981, fue contratado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para dirigir el colegio mayor Nuestra Señora de África, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Cuatro años después, el ministerio le propuso regresar a Guinea como director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, la capital. Durante una década, desde 1985 a 1995, ocupó ese cargo y lo compaginó con el de delegado de la agencia Efe en el país centro africano, pero esos años de trabajo no han sido reconocidos en sus cotizaciones para el cálculo de la pensión, según explica.

Tras ser amenazado de muerte por la dictadura de Teodoro Obiang, Ndongo regresó a España en 1995 y se instaló en Murcia. La casa de la que ahora va a ser desahuciado la compró en 2002, cuando trabajaba en la Universidad de Murcia. También fue tres años profesor visitante de la Universidad de Misuri, en Estados Unidos. Sin embargo, los años previos a su jubilación no contó con empleos estables y se ganó la vida con la publicación de libros ―recientemente ha recibido el Premio de Poesía Ciudad de Baza―, conferencias y colaboraciones en medios. La mayor parte de su pensión la destina a pagar los estudios universitarios de sus dos hijos.

Para el representante de la PAH Paco Morote, será fundamental en estos dos meses la decisión que pueda tomar el juez sobre los recursos de vulnerabilidad que ha presentado. Si la justicia admite que está en esa situación, podría plantear una moratoria amparada en esa vulnerabilidad, como mínimo, hasta el 31 de diciembre, y que podría alargarse por ley hasta mayo de 2028.

No obstante, el mediador de la PAH José Antonio Vives insiste en llamar a la cautela, puesto que el proceso de desahucio sigue activo y el largo tiempo transcurrido desde que se judicializó, casi 10 años, sumado a que la vivienda ya no es propiedad de un banco, sino de un fondo, dificulta mucho poder llegar a una negociación.

Para Afromurcia en Movimiento, que ha estado apoyando a Ndongo durante todo el proceso, “este desahucio no es un caso más ni un caso aislado”, sino que afecta a una “víctima del racismo institucional” que sufre buena parte de la comunidad africana. “A una persona blanca, jubilada y con una trayectoria como la de Donato, probablemente no se le dejaría en la calle”, resume Belinda Ntutumu, una de las portavoces del colectivo.

En su opinión, “hay un abandono sistemático de las personas racializadas” por parte de las instituciones: la administración estatal no ha corregido la cotización de Ndongo, mientras que la regional y la local no han ofrecido alternativas habitacionales o sociales. Tampoco la justicia se ha pronunciado.