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Una operación societaria refuerza los indicios sobre el supuesto soborno del novio de Ayuso

PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, piden la imputación del presidente de Quirón Prevención

Soborno del novio de Ayuso
J. J. Gálvez

Una operación societaria perpetrada en septiembre de 2020 refuerza los indicios sobre el supuesto soborno pagado por Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— para multiplicar sus negocios. El 11 de septiembre de 2020, el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, transfirió el 20% de la empresa Círculo de Belleza a su propia esposa por un precio muy inferior al que ella lo revendió menos de tres meses después a la pareja de la dirigente del PP. El PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular en el sumario, reclaman la imputación del directivo de Quirón.

La nueva línea de investigación abierta contra González Amador, a quien la magistrada Inmaculada Iglesias ya propuso juzgar por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda, sigue adelante. Las acusaciones populares han presentado un nuevo escrito para avanzar con las indagaciones sobre los negocios de la pareja de Ayuso con el grupo Quirón y su directivo. Y, en concreto, PSOE y Más Madrid ponen el foco en esa operación forjada entre Camino y su mujer. Ambos partidos mantienen que el importe que fijaron para transferirse entre ellos una parte de la empresa evidencia que inflaron después el precio que pagó González Amador (lo que incrementa, según ellos, las sospechas de que el dinero que abonó era realmente un soborno).

La sucesión de hechos es la siguiente. Entre mayo y agosto de 2020, el novio de Ayuso facturó casi dos millones de euros en comisiones por intermediar en una venta de material sanitario a la mercantil Mape Asesores, de cuyo consejo de administración también forma parte Fernando Camino. Justo a continuación, la esposa de Camino, Gloria Carrasco, que poseía el 60% de la compañía Círculo de Belleza, compró en septiembre el 40% restante a su esposo (que tenía el 20%) y a su hermano (que poseía el otro 20%). Por ello, solo abonó 8.000 euros a cada uno.

Sin embargo, apenas tres meses después, ella misma vendió las participaciones de Círculo de Belleza a González Amador por un precio muy superior. El 4 de diciembre de 2020, el novio de Ayuso pagó casi medio millón de euros. “El valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%”, destaca la jueza en una resolución del pasado 4 de junio, con la que imputó a Gloria Carrasco. Es decir, el 20% que había comprado a su marido por 8.000, lo revendió en muy poco tiempo por casi 100.000 euros.

Además, según las pesquisas, González Amador también multiplicó en esa época la facturación a Quirón Prevención: de 275.274 euros en 2020 a más de un millón de euros en 2021. Según publicó EL PAÍS, Amador y Camino tienen relaciones empresariales al menos desde febrero de 2013, cuando coincidieron en una compañía radicada en Panamá llamada Insumos Médicos del Pacífico.

La magistrada Inmaculada Iglesias asegura que existen indicios de que la compra por parte del novio de Ayuso de la empresa Círculo de Belleza por medio millón de euros puede esconder una “comisión encubierta” para retribuir la intermediación ante Mape Asesores o por el incremento de la facturación recibida de Quirón.

De hecho, los recelos sobre Círculo de Belleza no han parado de crecer. A esa brutal revalorización que se produjo entre septiembre y diciembre de 2020, según apunta la juez, se suma que los informes de la Agencia Tributaria señalan que era una compañía que carecía de actividad y patrimonio. La magistrada y la Fiscalía no creen que valga ese medio millón de euros que pagó el novio de Ayuso. El ministerio público ha señalado que carecía de inmuebles y trabajadores, y su “activo material” estaba compuesto únicamente por un “ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, amortizados en 2011, 2013 y 2019”.

En sus declaraciones como imputados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco trataron de justificar el precio que pagó el novio de Ayuso. Según alegaron, el valor de la empresa residía en una red de contactos que Amador pretendía explotar para un proyecto de “covid seguro” en las farmacias. Sin embargo, la juez no les ha creído y ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el supuesto entramado delictivo.

“La declaración de Gloria Carrasco fue ciertamente inverosímil”, critican las acusaciones populares, que han pedido al juzgado que cite ya como imputado al presidente de Quirón Prevención —hasta ahora, no se le ha señalado como investigado—. En su escrito, fechado el 21 de julio y al que tuvo acceso EL PAÍS, el PSOE y Más Madrid también reclaman que se llame a declarar como testigo a Emilio Conde, director de Grandes Cuentas de Quirón Prevención y “encargado o responsable de parte de la facturación de esta sociedad a las empresas de Alberto González Amador”. Los partidos reclaman igualmente que se solicite más documentación al grupo sanitario para reenviársela a la UCO.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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