Los Veintisiete vuelven a aplazar la oficialidad del catalán, gallego y euskera

La inclusión del catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la UE va a tener que seguir esperando. Los ministros de Exteriores o Asuntos Europeos de la UE han vuelto a postergar este viernes la cuestión que se lleva debatiendo en Bruselas casi dos años alegando, pese al nuevo informe presentado por España para disipar dudas, que estas persisten, sobre todo financieras y legales. Aunque se está aún lejos de asegurar la unanimidad requerida, España considera que se ha dado “un paso más” en un camino “irrenunciable e irreversible”.

“Sabemos que es un tema sensible y simbólico” para España, pero “sigue habiendo muchas preocupaciones en la cuestión de las lenguas españolas, en materia presupuestaria, y también legales”, ha explicado al término del Consejo de Asuntos Generales (CAG) en Bruselas la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, Marie Bjerre, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno europea.

Varios ministros ya habían dejado claro a su llegada que, pese a que España ha vuelto a enviar un memorándum a todas las capitales respondiendo a las inquietudes planteadas, aún quedan preguntas abiertas. Como Finlandia, cuyo ministro de Exteriores, Joakim Strand, dijo que “sigue habiendo cuestiones” sin resolver, especialmente en materia legal. “Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembros y creo que hay ciertas dudas legales”, coincidía el responsable polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.

Según fuentes diplomáticas, durante la discusión de la propuesta española, celebrada a puerta cerrada, más de la mitad de los países tomaron la palabra. Hasta una decena dijo tener dudas. Nadie discute, aseguran, las razones de la propuesta española y lo mucho que este tema importa al Gobierno español. Los ministros escucharon al secretario de Estado para Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, durante la sesión dedicada al punto, que duró algo menos de una hora. Pero no les bastó. “Muchos países piden más aclaraciones, creo que vamos a necesitar más discusiones”, dijo al final de la cita la ministra sueca, Jessica Rosencrantz.

No es una sorpresa que la propuesta española va a seguir siendo dilatada. Varios países habían insistido desde vísperas del encuentro este viernes en Bruselas en que no consideran suficiente la información proporcionada por España, pese a que esta envió un nuevo memorando para responder a las inquietudes planteadas en el último encuentro en que se trató la propuesta, a finales de mayo. Para algunos además, “no es el momento adecuado” para esta discusión, como dijo el jefe de la diplomacia luxemburguesa, Xavier Bettel, que se dijo preocupado por el mensaje que esto enviaría a los europeos sobre las prioridades de los Veintisiete: “Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), seguimos siendo incapaces de tomar decisiones sobre Israel y un alto el fuego a Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán? No creo que sea el momento adecuado si no somos capaces de acordar otras cosas”, cuestionó.

Sampedro ha reiterado la disposición de España de seguir aclarando dudas, aunque ha apuntado que estas pueden tener un origen político más que técnico o legal (buena parte de los reticentes tienen gobiernos conservadores) y ha instado a los demás Estados a “no secuestrar” un asunto prioritario para uno de sus socios. “Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”, ha advertido. “Esta es una prioridad para España, una prioridad que España no va a abandonar”, ha agregado.

El Gobierno español envió en los pasados días a las capitales europeas un nuevo memorándum que proporciona “aclaraciones adicionales sobre el contexto, los criterios estrictos y claros para evitar precedentes, el compromiso de España de cubrir todos los costes, la secuencia operativa y la solidez jurídica de la propuesta”.

Con miras a los países que tienen miedo de que la aceptación del catalán, euskera y gallego siente un precedente que pudiera abrir la puerta a otras lenguas minoritarias europeas, como el ruso en el caso de los bálticos, la propuesta española asegura establecer criterios “estrictos y claros” a cumplir de forma “simultánea” que hacen imposible que otra lengua se pueda acoger a los mismos: entre otros, establece su reconocimiento constitucional “durante más de 40 años sin interrupción” y con dicho estatus ya consagrado en la Constitución “antes del comienzo de las negociaciones formales de acceso a la UE”. También deberán ser lenguas de trabajo en las dos cámaras legislativas o que lleven siendo usadas en instituciones europeas durante casi 20 años, como lo hacen los idiomas cooficiales españoles mediante acuerdos administrativos firmados desde 2005.

Además, España insiste en que correrá con todos los gastos de su reconocimiento oficial, que una primera estimación cifró en 132 millones de euros anuales. Aunque bajo gobiernos de diverso signo España siempre ha asumido los costes de traducción de los acuerdos administrativos firmados con casi todas las instituciones europeas (salvo la Eurocámara, donde los conservadores siempre lo han frenado), varias capitales han manifestado de nuevo dudas sobre el compromiso español para financiar las lenguas cooficiales si hubiera un cambio en La Moncloa.

Para acabar con esos cuestionamientos, la nueva propuesta española se muestra dispuesta a incluir un artículo específico nuevo en el reglamento que certifique ese compromiso de sufragar los gastos. Preguntado por qué no se hace un informe más actualizado con la previsión de los gastos que implicará este paso, como insisten algunos países, Sampedro ha indicado este viernes que eso es cuestión de la Comisión y que en principio ese paso se dará cuando se apruebe la propuesta española. “La Comisión estará preparada para presentar otro tipo de análisis más actualizados cuando la propuesta se haya adoptado”, ha explicado, a la par que ha negado, otra vez, que se tengan que cambiar los tratados para incluir las lenguas cooficiales españolas. “Está claro que no hace falta una revisión de los tratados”, ha insistido a su llegada el secretario de Estado.

El Gobierno ha confirmado además su intención de hacer esta transición de forma gradual, siguiendo para ello la “secuencia del irlandés”, que inició su senda también en 2005, pero con más éxito que España: el irlandés o gaélico se convirtió en idioma oficial de la UE en 2007, aunque se puso una “derogación” que limitaba la cantidad de material publicado por las instituciones de la UE que podía traducirse al irlandés. Dicha excepcionalidad solo empezó a reducirse gradualmente a partir de 2015, hasta que en 2022 el irlandés adquirió el estatus completo de lengua oficial europea, al igual que las otras 22 también reconocidas en la actualidad.

“Consideramos que esta propuesta no tiene ningún impacto negativo para ningún otro Estado miembro. Por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la brevedad”, ha dicho Sampedro, quien pese a las reticencias de varios Estados se ha mostrado convencido de que la propuesta española, casi dos años después de ser lanzada, va adelante.

“Después de esta discusión, estoy seguro de que estaremos más cerca que nunca de la aprobación próxima de la propuesta española, pero no vemos ninguna otra alternativa”, ha confiado.

“Lo conseguiremos”

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado “convencida” de que Europa avalará la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas: “Estoy convencida que lo conseguiremos. No hoy, pero otro día”, ha dicho en un contacto informativo con periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su parte, ha afirmado que le hubiera gustado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hubiera firmado la carta que él y el lehendakari Imanol Pradales mandaron este jueves a los ministros de Exteriores de los países de la UE pidiendo la luz verde de la oficialidad.

En un acto organizado por El Faro de Vigo, el presidente catalán ha defendido que este tema es “muy importante”, por ser un símbolo de la España plural. “Me hubiera gustado que la firmara. Pero la razón de la decisión que ha tomado él, la tiene que explicar él. Este tema de las lenguas es un tema muy importante. Muy importante. Porque es el símbolo de la España que queremos”, ha defendido.