España sigue impulsando el catalán en la UE aunque no convence aún a todos los Estados

La última propuesta española para oficializar en la UE el catalán, euskera y gallego es un traje hecho tan a medida de la singularidad española que poco más y estallan las costuras. Aun así, varios Estados miembros —y no son solo uno, ni dos, cuando esto requiere unanimidad— siguen diciendo que tienen dudas. La petición española de que sus lenguas cooficiales se conviertan en idiomas oficiales de la UE, que han respaldado los presidentes autonómicos catalán, Salvador Illa, y vasco, Imanol Pradales, en una carta enviada esta misma semana a los Veintisiete, volverá a ser discutida este viernes en Bruselas. Pero nadie, ni el propio Gobierno español, cuenta con que la iniciativa tenga éxito en el corto plazo. Pese a ello, se muestra convencido de que el “día D”, como se refieren al de la aprobación, llegará, tarde o temprano, porque es una apuesta “irreversible” e “irrenunciable”.

“No puedo garantizar que el 18 de julio sea el día D, pero un día será el día D porque todos los Estados comprenden que la posición de España es legítima y que nuestra identidad nacional, que es plurilingüe, hay que defenderla”, afirmaba a comienzos de semana el responsable de Exteriores, José Manuel Albares, desde la misma Bruselas donde este viernes los ministros volverán a discutir la oficialidad de las lenguas españolas. A pocos días de la cita, reconocía, sin embargo, que todavía no se da la unanimidad necesaria para este paso que, aunque fue relanzado como parte del acuerdo de gobierno tras las elecciones de 2023, viene de larga data: acaban de cumplirse 20 años de la primera vez que España intentó formalmente que el catalán, el euskera y gallego fueran lenguas oficiales de la UE.

Incluso los países que siguen mostrando dudas reconocen que España lo ha intentado. En Bruselas, pero también de forma bilateral con las capitales más reticentes. La semana pasada, el Gobierno español hizo circular un nuevo memorándum en el que, aseguraba, proporciona “aclaraciones adicionales sobre el contexto, los criterios estrictos y claros para evitar precedentes, el compromiso de España de cubrir todos los costes, la secuencia operativa y la solidez jurídica de la propuesta”.

El documento, que será presentado este viernes en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, “despeja todas las dudas suscitadas por otros Estados miembros”, aseguran desde Exteriores, que insiste en que se trata de una propuesta “irrenunciable e irreversible” que “permitirá acabar con una discriminación hacia la identidad nacional española, que es plurilingüe”.

Con miras a los países que tienen miedo de que la aceptación del catalán, euskera y gallego siente un precedente que pudiera abrir la puerta a otras lenguas minoritarias europeas, como el ruso en el caso de los bálticos, la propuesta española asegura establecer criterios “estrictos y claros” a cumplir de forma “simultánea” que hacen imposible que otra lengua se pueda acoger a los mismos: entre otros, establece su reconocimiento constitucional “durante más de 40 años sin interrupción” y con dicho estatus ya consagrado en la ley fundamental “antes del comienzo de las negociaciones formales de acceso a la UE”. También deberán ser lenguas de trabajo en las dos cámaras legislativas o que lleven siendo usadas en instituciones europeas durante casi 20 años, como lo hacen los idiomas cooficiales españoles mediante acuerdos administrativos firmados desde 2005.

Además, España insiste en que correrá con todos los gastos de su reconocimiento oficial, que una primera estimación cifró en 132 millones de euros anuales. Aunque bajo gobiernos de diverso signo España siempre ha asumido los costes de traducción de los acuerdos administrativos firmados con casi todas las instituciones europeas (salvo la Eurocámara, donde los conservadores siempre lo han frenado), varias capitales han manifestado de nuevo dudas sobre el compromiso español para financiar las lenguas cooficiales si hubiera un cambio en La Moncloa. Para acabar con esas dudas, la nueva propuesta española se muestra dispuesta a incluir un artículo específico nuevo en el reglamento que certifique ese compromiso de sufragar los gastos.

El Gobierno confirma además su intención de hacer esta transición de forma gradual, siguiendo para ello la “secuencia del irlandés”, que inició su senda también en 2005 pero con más éxito que España: el irlandés o gaélico se convirtió en idioma oficial de la UE en 2007, aunque se puso una “derogación” que limitaba la cantidad de material publicado por las instituciones de la UE que podía traducirse al irlandés. Dicha excepcionalidad solo empezó a reducirse gradualmente a partir de 2015, hasta que en 2022 el irlandés adquirió el estatus completo de lengua oficial europea, al igual que las otras 22 también reconocidas en la actualidad.

Pese a todas estas garantías, varios países —y no necesariamente aquellos con problemas de lenguas minoritarias— seguían manifestando, en vísperas de la cita del viernes, dudas, tanto técnicas y financieras, como legales. En este último aspecto citan una opinión verbal del servicio jurídico del Consejo según el cual la propuesta española requeriría reformar los tratados de la UE, algo que el análisis jurídico español rechaza tajantemente. “Es perfectamente compatible con los tratados”, subrayaba Albares en Bruselas. “No se requiere ningún cambio del tratado”, insiste el documento.

En un intento de reforzar la posición española, el president catalán y el lehendakari vasco han enviado una carta conjunta a todos los Estados miembros para solicitar la “plena oficialidad” de sus lenguas. Cuatro décadas después de que España firmara el tratado de adhesión a la UE, “ha llegado el momento de completar el proceso de reconocer sus lenguas oficiales”, sostienen Salvador Illa e Imanol Pradales. Y agregan: “La singularidad de nuestra realidad, la antigüedad de esta solicitud y las garantías ofrecidas por las autoridades a los demás Estados miembros deberían bastar para resolver lo que es, fundamentalmente, una anomalía que puede ser fácilmente resuelta”.

Illa y Pradales advierten también de que dar este paso ayudará a “reforzar” una unidad europea más cuestionada que nunca: “Europa vive tiempos en los que resulta vital reforzar el compromiso e identificación de sus ciudadanos con el proyecto común. Para los millones de ciudadanos que representamos, la señal más clara en esta dirección sería el reconocimiento total de sus idiomas como oficiales en las instituciones de la UE”.

Pese a todos los argumentos lanzados desde España, varios países consideran que la propuesta sigue sin estar “suficientemente preparada”. Alegan, entre otros, que todavía no hay un análisis del impacto total de una propuesta que supondría la primera vez que una lengua regional —insisten pese a que solo el catalán lo hablan más ciudadanos que otros idiomas nacionales— es aceptada como lengua oficial de la UE. Por ello, incluso países favorables a la iniciativa española —que también cuenta con el visto bueno de Dinamarca, país al frente del Consejo de la UE hasta finales de año— admiten que va a ser “difícil” lograr avances significativos este viernes. España, por su parte, asegura que no tirará la toalla. Aunque el día D no esté aún a la vista.