Dos discursos de Feijóo en tres años: de distanciarse de Vox a pedir respeto para la extrema derecha

Alberto Núñez Feijóo ya se ve en La Moncloa. Lo ponen de manifiesto las diferencias entre su discurso en el vigésimo congreso del PP, el primero en el que intervino como presidente del partido, y el del cónclave de este domingo, celebrado en un ambiente de euforia por la crisis del PSOE tras el encarcelamiento de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán. El líder de los populares emuló a Émile Zola y su célebre “Yo acuso” frente al Gobierno de Pedro Sánchez y parafraseó también a Adolfo Suárez en una versión actualizada del discurso del “puedo prometer y prometo”. Lo que sigue es es una comparativa entre el Feijóo de 2022, recién llegado de Galicia, la aldea gala para Vox, que sigue a 0 en la comunidad, y el de 2025, cuando, lejos de distanciarse de la extrema derecha, ha asimilado algunos de sus conceptos bandera. La radiografía de su intervención tras ser revalidado como líder de los populares arroja un relato cargado de guiños al votante de extrema derecha.

De la crítica a los “carnés de patriotas y las soflamas” al rechazo al cordón sanitario a la ultraderecha

En su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, Feijóo, que acababa de abandonar la Xunta de Galicia, donde había cultivado una imagen de barón moderado y públicamente molesto con el acercamiento de Pablo Casado a Vox (“A veces hemos cometido algún giro que parecía que íbamos a hacer un Gobierno con Vox y eso ha preocupado a mucha gente”, decía) lanzó, sin citarlos directamente, varios mensajes que trataban de marcar distancias con la extrema derecha y de zafarse del mote de “derechita cobarde” que les había puesto el partido de Santiago Abascal. “No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores. Divididos y endiosados ya están otros partidos (...) No me gustan las etiquetas. Guárdense sus carnés de patriotas. Guárdense las soflamas”, proclamó entonces. Tres años y varios pactos con la extrema derecha después, el discurso de Feijóo es muy diferente. “¿Habrá un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda?“, se autopreguntó desde el escenario este domingo. ”No. Vox es la tercera fuerza política de este país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles", se respondió. Feijóo y Abascal se reunieron el pasado junio en el Congreso de los diputados.

El Feijóo del 21º congreso nacional del PP, al contrario del que salió del vigésimo cónclave pidiendo grandes pactos de Estado con el PSOE - “Mi proyecto es un proyecto de entendimiento. Moderación no es tibieza. Diálogo no es sometimiento”-, sitúa ahora el “cordón sanitario”, es decir, el veto a negociar, en el principal partido del Gobierno - “con el sanchismo no se puede acordar”- y en EH Bildu, al que equiparó directamente con la extinta banda terrorista ETA, ya que les reclamó que “pidan perdón” a las víctimas del terrorismo y “ayuden a esclarecer todos los crímenes”.

Los guiños al votante de Vox. Inmigración, feminismo y “adoctrinamiento”

Feijóo expresó su deseo de “gobernar en solitario”, lo cual era una forma de no descartar -llegado el momento y dispuestos los números- hacerlo en coalición con Vox, como ya permitió a sus barones autonómicos. Las encuestas revelan que, a río revuelto - y nada ha agitado más las aguas de la política española últimamente que el escándalo de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE-, no solo gana el principal partido de la oposición, sino su competencia por la derecha, y a ese votante se ha dirigido el líder de los populares tras ser revalidado como tal en el 21º congreso nacional de la formación política.

Inmigración. En su decálogo de propuestas que, al contrario que en el discurso de 2022 ya no eran las de un candidato a la presidencia del partido, sino las del político que se ve a las puertas del palacio de La Moncloa, inluyó la promesa de “reducir la inmigración ilegal” y lo hizo comprando el marco dialéctico de la extrema derecha. Dice habitualmente el presidente de Vox, Santiago Abascal que los inmigrantes sin papeles ni quieren ni pueden adaptarse y generan problemas de inseguridad, por lo que urge expulsarlos del país. Y ha dicho este domingo Feijóo, refiriéndose a seres humanos sin su documentación en regla: “¿Cómo lo ilegal va a tener derechos? El rechazo al discurso del odio no puede implicar descontrol. Aquí no vale todo. La convivencia se trabaja. Con normas. A quien viene a trabajar, con reglas, bienvenido. A quien viene a otras cosas, le diremos con claridad: aquí no".

Inseguridad, okupación y plan de vivienda. También se refirió Feijóo en su intervención a otra de las banderas de Vox: la inseguridad ciudadana y la okupación. Justo después de prometer reducir la inmigración irregular, el líder del PP afirmó: “Hay que reforzar la seguridad porque no hay convivencia sin seguridad para caminar tranquilos por la calle y también en el hogar”. “Ya está bien que quienes más fácil acceso tengan a una vivienda sean los okupas”, añadió, recurriendo a una de las herramientas de la extrema derecha populista: la hipérbole. Feijóo también se comprometió a aprobar en su “primer Consejo de Ministros” un plan de Vivienda. Es uno de los principales problemas del país, pero sus competencias están divididas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Esa pluralidad competencial ha provocado, de hecho, conflictos entre distitnas administraciones, por ejemplo, entre el Ejecutivo y las regiones, como las gobernadas por el PP, que se niegan a aplicar los topes al alquiler en las zonas que cumplen los criterios de áreas tensionadas. De hecho, Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias son los únicos territorios que han puesto en marcha esa disposición contenida en la Ley de Vivienda.

Feminismo. Suele decir Abascal que su partido no niega que haya mujeres asesinadas y que lo que denuncia es que la ley “criminaliza al hombre” . Y ha dicho Feijóo este domingo: “Es posible combatir la violencia machista sin criminalizar a todo el género masculino. Y es posible el empoderamiento femenino sin convertir a los hombres en su enemigo en potencia. Lo que no es posible es defender la causa de la igualdad convirtiéndondola en excluyente o inquisitorial”.

Adoctrinamiento. También usó Feijóo en su discurso de clausura del 21º congreso nacional del PP una de las palabras fetiche de Vox, “adoctrinamiento”. “Su libertad”, aseguró, refiriéndose a los jóvenes, “empieza en la escuela, que debe formar a ciudadanos libres, críticos y protegidos, sobre todo, frente a las redes o frente a decisiones irreversibles sobre su identidad. Pero no a generaciones domesticadas y adoctrinadas”. El partido de extrema derecha y el ecosistema de organizaciones en su órbita (Hazte Oír, Abogados Cristianos...) presentan los colegios españoles como centros de adoctrinamiento que incitan a la transexualidad y fomentan lo que llaman “ideología de género”. El PP gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en Educación, pero su líder sostiene que las escuelas se han convertido en foco de adoctrinamiento ideológico y de género con la ley trans.

Lenguas cooficiales. Mientras Vox trata de vincular al PP con el PSOE para captar votos de su partido matriz - han presentado en numerosas ocasiones a Feijóo como un nacionalista peligroso-, el líder de los populares mantiene la estrategia contraria, la de intentar convencer a los votantes que les cambiaron por Abascal de que no hay tanta diferencia entre ambos. Feijóo, que en su primera intervención como presidente del partido, en 2022, se expresó en algunos momentos en gallego y recordó a los suyos que “las lenguas no se combaten, se respetan”, no utilizó su lengua materna en los 60 minutos de discurso que pronunció en el 21º congreso del partido este domingo. Su decálogo de propuestas como candidato a la presidencia del Gobierno incluyó “una ley de lenguas” para “garantizar la enseñanza en el idioma común de toda España, respetando a las lenguas cooficiales” para asegurar que “todos los niños españoles puedan ser educados en español”. Esa norma ya existe. La ley de educación establece que el sistema debe garantizar en cada territorio una “competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales”, esto es, el castellano y el gallego, euskera, catalán y valenciano. Además, la jurisprudenca ya ha instaurado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que al menos el 25% de las clases han de impartirse en castellano, algo que el Consejo de Europa no ve con buenos ojos, al estimar que puede provocar un “deterioro” de las lenguas minoritarias. En un informe de septiembre de 2024, los expertos que revisan el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tratado que España ratificó en 2001 —bajo el Gobierno presidido por José María Aznar, del PP— y que busca proteger y promover el uso de estas lenguas, compartían su “gran preocupación” por las consecuencias de esas sentencias judiciales. El popular Carlos Mazón también organizó recientemente una consulta popular para que los padres eligieran la lengua base de los colegios de la Comunidad Valenciana y ganó el valenciano.

Feijóo también ha insistido este domingo en que “España es una nación, diversa, pero una nación”. En mayo de 2022, recién llegado a la presidencia del PP, hablaba de Galicia, Cataluña y Euskadi como “nacionalidades históricas”. Lo hizo en un discurso en Barcelona.

Defensa y Política exterior: Empatía con Trump e indefinición en el gasto

Al contrario que en su discurso del congreso de 2022, Feijóo ha querido detenerse este domingo en la Defensa y la Política Exterior. “Cada vez tiene más relevancia y os garantizo que dependerá de mí”, aseguró ante los compromisarios del PP, “para que no tengamos que avergonzarnos ante la pregunta de nuestros socios sobre lo que ocurre en España”, añadió, alineándose con el presidente estadounidense, Donald Trump, para quien España “es un problema”. El líder de los populares no aclaró si él, al contrario que Pedro Sánchez, sí estaría dispuesto a destinar el 5% del PIB en Defensa, sobre todo cuando, ya metido en campaña electoral, prometió “bajar los impuestos”. “A mí”, se justificó, “me gustaría deciros hasta la última cifra en esta cuestión, pero en tres años el Gobierno no ha hablado con el principal partido de España ni de la política exterior ni de la política de Defensa”.

Justicia y regeneración democrática: la cuota judicial del PP

“No entraré en La Moncloa”, aseguró este domingo Feijóo, “sin llevar bajo el brazo las propuestas normativas para poder desarrollar desde el primer día un plan de regeneración democrática”. Feijóo prometió un sistema “que garantice contrapesos al poder, con instituciones sin servidumbres políticas y con dirigentes neutrales; organismos del Estado que se ocupen por mérito y capacidad, con controles de idoneidad y garantías de no haber estado en política al menos en los cinco años anteriores”. “Queremos”, añadió, “jueces y fiscales independientes”. El PP de Feijóo colocó en 2024, con el beneplácito del PSOE, en el Tribunal Constitucional a José María Macías, quien replicaba el argumentario de los populares y se había mostrado como un firme opositor del Gobierno de Pedro Sánchez - su nombramiento para el tribunal de garantías fue celebrado por Federico Jiménez Losantos, el sherpa radiofónico de la derecha, como “la metaoposición”-. Los socialistas también han colocado en puestos sensibles de la justicia a figuras con fuertes vínculos políticos, como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo (en el Constitucional). Para Feijóo ese tipo de nombramientos son “obscenamente partidistas”, pero, en 2010, su partido colocó como presidente del Constitucional a Francisco Pérez de los Cobos, en el listado de donantes y afiliados del PP y habitual colaborador de la fundación de José María Aznar; en 2012, también a propuesta de los populares, ingresó en el Constitucional Andrés Ollero, diputado del partido durante cinco legislaturas; en 2013, tras varios intentos, logró que entrara en el tribunal Enrique López, también colaborador de FAES -tras dimitir por conducir ebrio, fue elegido consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso-. Y en 2018, el acuerdo para renovar el Consejo se frustró al filtrarse unos wasaps del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de controlar el Supremo “por la puerta de atrás”.

En cuanto a la independencia del fiscal general del Estado, lo que el PP llama “ley Bolaños” incluye precisamente el compromiso de que su mandato dure cinco años para que no coincida con la legislatura de un Gobierno determinado.