Un informe de la ONU señala a la vasca CAF entre las empresas que se benefician de los crímenes de Israel en Palestina

La relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, ha incluido a la compañía española de ferrocarriles CAF en la lista de empresas occidentales que “sacan provecho de la ocupación ilegal israelí, del apartheid y ahora del genocidio” del pueblo palestino. En el informe que ha remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese pide al Tribunal Internacional de Justicia y a los jueces nacionales que “investiguen y persigan a directivos y empresas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y por el blanqueamiento del producto de esos crímenes”.

El documento, de 39 páginas, enumera sector por sector el entramado que sustenta el plan de Netanyahu para desplazar y reemplazar a la población palestina de los territorios ocupados, aunque advierte de que se trata solo de la punta del iceberg. “Las atrocidades a las que estamos asistiendo a nivel global […] exigen acciones diplomáticas, económicas y legales contra quienes han mantenido y se han beneficiado de una economía de ocupación que se ha vuelto genocida”, subraya.

En el apartado dedicado a la construcción, el informe denuncia que más de 371 colonias y asentamientos ilegales han sido levantados en los territorios ocupados, con excavadoras y maquinaria pesada de empresas como Caterpillar (EE UU), Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia), usadas también para demoler las casas de los palestinos. Por su parte Hanson, la filial israelí de la alemana Heidelberg, ha suministrado millones de toneladas de piedra para construir viviendas para los colonos.

La relatora de la ONU señala a “la empresa vasco-española Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles”, de la que explica que formó un consorcio con una sociedad que figura en la base de datos del OHCHR [Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos], una lista de las compañías que se benefician de la ocupación del territorio palestino, para mantener y ampliar la denominada Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde “en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional”. Según Albanese, las líneas en las que trabaja la compañía española “incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Occidental”, la parte de la ciudad reconocida internacionalmente como israelí. Al cierre de esta edición, CAF no había respondido a la petición de EL PAÍS para conocer su opinión sobre este informe.

El documento señala que el complejo industrial-militar se ha convertido en la espina dorsal del Estado de Israel, dos de cuyas empresas están entra los 50 primeros fabricantes de armas del mundo: Elbit Systems e Israel Aerospace Industries (IAI). Pero su capacidad bélica se ha visto sustancialmente incrementada, advierte, por el suministro de armamento y apoyo técnico de sus aliados internacionales. Entre otros, Israel se beneficia del más costoso programa militar de la historia, el caza F-35, liderado por la estadounidense Lockheed Martin, en el que participan 1.650 compañías de ocho países, incluida la italiana Leonardo.

La japonesa FANUC, agrega, ha suministrado equipos de robótica para líneas de producción de las armamentistas Elbit e IAI; mientras que navieras como la danesa Maersk han facilitado un flujo continuo de munición, armamento y equipo militar desde que, el 7 de octubre de 2023, el ataque terrorista de Hamás desencadenó la ofensiva contra Gaza. “Para compañías de Israel como Elbit e IAI el genocidio en marcha ha sido una empresa rentable. […] Empresas extranjeras de armamento, especialmente productores de munición y artillería, también se han lucrado”, añade.

El informe subraya la colaboración de entidades estadounidenses como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para dotar a los drones israelíes de la capacidad de atacar en enjambre; de IBM para crear una base de datos biométricos de la población palestina; de Microsoft para crear en Israel su mayor centro fuera de Estados Unidos; de Alphabet para tratar millones de datos y almacenarlos en la nube; o de Palantir para aplicar la Inteligencia Artificial (IA) a los bombardeos de Gaza mediante programas de selección de objetivos como Lavender.

Aunque menciona sectores como la energía, el agua, la agricultura, la distribución, el turismo o las universidades, la relatora presta especial atención a la financiación del presupuesto militar israelí, que ha pasado del 4,2% del producto interior bruto (PIB) en 2022 al 8,3% en 2024, elevando el déficit público al 6,8%. Según el informe, este gasto se financió con emisiones de bonos por valor de más de 13.000 millones de dólares cuyo tipo de interés se contuvo gracias a la intervención de algunos de los mayores bancos del mundo como BNP, Paribas y Barclays; mientras que firmas de gestión de activos que manejan multimillonarios fondos de inversión y pensiones, como Blackrock, Vanguard y PIMCO, filial de Allianz, están entre los más de 400 inversores de 36 países que los adquirieron.

“Mientras la vida en Gaza está siendo arrasada y Cisjordania sufre un ataque cada vez mayor, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio perpetrado por Israel: porque es lucrativo para muchos”, concluye Albanese. “La ocupación [de Palestina] se ha convertido en el campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes tecnológicas, mientras que los inversores y las instituciones públicas y privadas se lucran libremente”.

Entre sus recomendaciones, la relatora de la ONU propone imponer sanciones y un embargo de armas a Israel, suspender todos los acuerdos de comercio con dicho Estado y congelar los bienes de las entidades o individuos implicados en actividades que pongan en peligro a la población palestina; así como “reforzar la rendición de cuentas, asegurándose de que las empresas hacen frente a las consecuencias legales de su implicación en serias violaciones de los derechos humanos”.

Se da la circunstancia de que la empresa siderúrgica vasca Sidenor anunció este martes que suspendía sus ventas de acero a Israel “tras la decisión tomada por el Gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas a Israel”, según un comunicado. Los sindicatos habían denunciado que la empresa había vendido 1.200 toneladas de acero a la empresa militar israelí IMI Systems.