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Shakira y JBalvin: el negocio millonario de los falsos sefardíes

La Policía desmantela una trama dedicada a comerciar con la nacionalidad española. Los detenidos están acusados de falsear solicitudes e informes genealógicos

Agentes de policía en Málaga, en una imagen de archivo.
María Martín

Entre las solicitudes para obtener la nacionalidad española por ascendencia sefardí, figuraba una tal Shakira. También alguien llamado CrossFit. Y Melenas. Y JBalvin. Sus expedientes podrían haber pasado desapercibidos entre decenas de miles de solicitudes, pero fueron la primera pista para descubrir un monumental fraude que se aprovechó de la ley de 2015 que permitió a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 obtener la nacionalidad española. El agujero llegó a ser tan grande que gestores y abogados adulteraron el sistema colando estudios genealógicos falsos y solicitudes en blanco, con números de pasaporte inventados o con nombres surrealistas, como las más de 140 peticiones de María de Coromoto, patrona de Venezuela. El alcance del fraude es incierto porque estaba en la mano de cualquiera que tuviese el dinero y el contacto adecuado.

Las alarmas las activó el Ministerio de Justicia en 2021. Alertados por la Policía Nacional por un caso concreto, los funcionarios empezaron a identificar miles de solicitudes de personajes inventados, certificados genealógicos falsos y un patrón que se repetía entre varios gestores, abogados y notarios dedicados a tramitar la documentación. La revisión con lupa provocó una cascada de miles de denegaciones cuando hasta ese momento se contaban con los dedos de una mano. En consecuencia, se desató una feroz campaña, alentada por los propios sospechosos, que acusaban de antisemita al departamento entonces dirigido por Pilar Llop.

Cuatro años después de aquella alerta, la Policía Nacional ha detenido en Málaga a seis personas, entre ellas tres notarios, acusadas de hacerse de oro con el negocio de las nacionalidades. En la mira de la policía había otros investigados, responsables de la presentación de miles de solicitudes, que no han sido detenidos porque, aunque sus prácticas levantaron sospechas, no se ha podido probar la comisión de delitos. “El Ministerio ha colaborado desde el primer momento con la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, remitiendo todos los correos que llegaban denunciando fraudes, extremando el cuidado en la revisión de expedientes, dictando una nueva circular que recordaba el deber de cumplir la ley y solicitando al centro tecnológico del notariado información periódica sobre los solicitantes de nacionalidad”, explica una portavoz de Justicia. El caso está siendo ahora investigado por la Audiencia Nacional.

El supuesto cabecilla, Y. S., un conocido gestor que se autoproclamó representante de la comunidad sefardí en España, cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por la tramitación completa de cada solicitud, según los investigadores. Él mismo, además, certificaba la ascendencia sefardí de sus clientes. “En visto a la evidencia [sic], puedo tranquilamente asegurar que Don …. es sefardí originario de España”, escribía tras haber copiado y pegado de internet supuestas investigaciones sobre los orígenes de los apellidos de sus clientes. “Firmaba como embajador plenipotenciario del Parlamento judío europeo, algo que no existe”, afirma uno de los agentes. Esos certificados, bastante rudimentarios, estaban avalados siempre por las mismas notarías, todas en la provincia de Málaga.

Parte del fraude consistió en aprovechar los últimos meses de vigencia de la ley para presentar miles de solicitudes de forma ficticia con la intención de modificar los datos después. Así, la Shakira de octubre de 2019 se convertía en una solicitante real cuando esta pagaba por entrar en ese cupo. La segunda parte del engaño suponía demostrar falsamente su origen sefardí con certificados que, o no cumplían los requisitos, o provenían de federaciones sospechosas por la laxitud de sus estudios genealógicos. “Se aprovecharon de que era un procedimiento en sí mismo muy complejo que nadie conocía bien”, afirman fuentes policiales.

La investigación policial sugiere un negocio boyante. En la cuenta bancaria de Y. S. hallaron 3,2 millones de euros procedentes de la reciente venta de un palacio, según fuentes policiales. En casa de su tesorero, encontraron más de 1.200 certificados genealógicos falsos. “Hemos podido demostrar movimientos bancarios de más de 2,5 millones de euros, pero calculamos que pueden haber llegado a mover 10 millones de euros porque la mayoría de los pagos se hacían en efectivo. Vivían a todo trapo: coches de lujo, pisazos en Marbella, la vida padre…”, cuenta uno de los investigadores.

La policía los acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. No ha quedado acreditado todavía si los notarios cobraban y cuánto por hacer la vista gorda, pero los agentes advierten: “No creemos en las casualidades”. De momento están acusados de falsedad documental por imprudencia grave, un delito que solo se imputa a los funcionarios. Eran una figura clave. La ley delegaba en ellos la recopilación y verificación de la documentación y Justicia se reservaba el estudio final del expediente, la comprobación de penales y su aprobación.

Aprobada en 2015, el plazo para presentar solicitudes se prorrogó en octubre de 2019. En total se han presentado 88.869 peticiones, de las que todavía hay más de 9.000 pendientes de resolución. La inmensa mayoría, más de 72.000, han sido concedidas, aunque se han denegado 7.245. La ley de nacionalidad española para los sefardíes fue impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón como una forma de “reparación histórica” a los descendentes de aquellos judíos que vivieron en la península Ibérica y fueron obligados a convertirse o marcharse para siempre. Entre los requisitos para obtener el pasaporte, los interesados tienen que demostrar sus orígenes con un certificado de la comunidad judía de su país de nacimiento o de residencia y acreditar su vínculo con España. En Portugal, donde se aprobó una ley con mimbres similares, la policía también investigó fraudes en la concesión de nacionalidades. Su sospechoso más ilustre fue el oligarca ruso Roman Abramovich, que logró su pasaporte luso gracias a su supuesta ascendencia sefardí.

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Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.
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