Canarias y Asturias, laboratorios de la nueva fiscalía contra la corrupción

La decisión del Gobierno de crear una unidad de la Fiscalía General del Estado especializada en delitos contra la administración pública ha puesto en pie de guerra a un sector de la carrera fiscal, que la considera innecesaria y sostiene que entrará en confrontación con la Fiscalía Especial Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. La oposición a esta unidad la han encabezado la Asociación de Fiscales —la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora— y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ambas abiertamente enfrentadas a Álvaro García Ortiz y que vaticinan que la nueva fiscalía se solapará con Anticorrupción y generará disfunciones. Del otro lado, fiscales de Asturias y Canarias, donde esta convivencia entre la Fiscalía Anticorrupción y secciones especializadas en delitos como la malversación, el tráfico de influencias o el cohecho se lleva años poniendo en práctica, aseguran que sus resultados son positivos y que nunca se ha producido choque de competencias con Anticorrupción.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, admite que no alcanza a entender la polvareda que está levantando en la carrera la creación de la nueva unidad especializada en delitos contra la administración pública. Ella fue, en 2005, la primera delegada de Anticorrupción en Tenerife; y en 2011, tras comprobar que a medida que los jueces, las instituciones y los ciudadanos conocían la existencia de esa figura y crecían las denuncias, decidieron crear una sección especializada en delitos contra la administración pública (que en Tenerife se llama Sección de Corrupción). Según la fiscal superior, esta sección se ha convertido en “el complemento perfecto” a la fiscalía especial para luchar contra la corrupción. “La fiscalía especial se encarga de los casos más complejos, y estas unidades de los delitos del día a día, pero que el ciudadano también tiene derecho a que se investiguen bien”, señala Martínez.

Mientras el cometido de Anticorrupción es investigar las causas de especial trascendencia y complejidad, la sección de delitos contra la administración pública se encarga de aquellos delitos de corrupción que son competencia de la Fiscalía Provincial, pero que en vez de recaer sobre fiscales generalistas, lo hacen sobre un equipo especializado en este tipo de delitos. Según las estadísticas remitidas por la Fiscalía Provincial de Tenerife, los juzgados de esta provincia abrieron en 2023 —último año del que hay estadísticas cerradas— 70 procedimientos penales por delitos contra la administración pública, de los cuales, solo tres fueron asumidos por Anticorrupción. En 2022, también se abrieron 70 y la fiscalía especial solo se hizo cargo de uno. A esta actividad se suman las investigaciones preprocesales por delitos de esta naturaleza que cada año se incoan en Tenerife por denuncias de particulares o de distintos organismos o colectivos y que en 2021 ascendieron a 45; en 2022, a 59; y en 2023, a 50.

“No veo posible que un fiscal de la fiscalía especial pueda dedicar su tiempo a investigar a un policía local de un municipio por haberse quedado el importe de una multa; a un alcalde por haber contratado a su sobrina fuera de los cauces legales; a un fraccionamiento de contratos para adjudicarlo a un conocido y muchos más delitos que preocupan al ciudadano que lo sufre”, advierte la fiscal superior de Canarias, que señala que es para esos supuestos para los que parece “razonable” que haya una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. “Se trata de aplicar los mismos criterios que han justificado la creación de otras especialidades”, afirma.

Esta explicación es también la que da la Fiscalía General para justificar la creación de la nueva unidad especializada en corrupción. Las unidades especializadas de la Fiscalía son equipos dependientes del fiscal general que coordinan la actuación del ministerio público en todo el territorio nacional respecto a algunos tipos de delitos. Ya existen en áreas como violencia sobre la mujer, medioambiente, menores, seguridad vial, criminalidad informática, trata de personas y extranjería, delitos de odio o derechos humanos y memoria democrática.

Cada unidad está formada por un fiscal de sala (la máxima categoría en la carrera) y, normalmente, dos fiscales adscritos, que trabajan para coordinar la actuación de la Fiscalía en todos los territorios, supervisar los escritos de los fiscales delegados de las comunidades autónomas y dar pautas para garantizar que estos delitos se investigan con un criterio común. Esta estructura es la que se quiere extender ahora a la lucha contra la corrupción, pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Anticorrupción.

Fuentes de la Fiscalía General advierten de que actualmente hay “un déficit de especialización” en materia de corrupción que contrasta con lo que ocurre en otros ámbitos, lo que disminuye la eficacia de la lucha contra estos delitos. “Se pretende facilitar a los fiscales investigar este tipo de delitos. Creemos que la base fundamental de la corrupción está ahí: ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, funcionarios… Y no tenemos especialización”, recalcan estas fuentes. Al frente de esta unidad estará Emilio Sánchez Ulled, un fiscal con más de 30 años de ejercicio que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N.

La fiscal superior de Canarias también cree que la creación de esta unidad va a suponer “un gran cambio” en la investigación de este tipo de delitos cuando sean competencia de las fiscalías provinciales, lo que mejorará la respuesta frente a esta delincuencia, al igual que ha ocurrido con la creación de las otras unidades de la Fiscalía General. En la sección de Tenerife trabajan cinco fiscales, que ahora están encabezados por el actual delegado de Anticorrupción en esa provincia, Jaime Serrano-Jover. Solo él lleva los casos que asume la fiscalía especial de Luzón, mientras que los otros cuatro dependen de la Fiscalía Provincial y se ocupan de los casos de corrupción que son competencia de esta. “Jamás se ha producido conflicto alguno entre la Fiscalía Territorial y la Fiscalía Anticorrupción”, asegura Martínez.

En la Fiscalía de Asturias los delitos contra la administración pública también se tramitan como un bloque diferenciado desde hace una década, con fiscales específicamente designados para estos delitos. Fuentes de la Fiscalía asturiana señalan que, durante 2024, los procedimientos abiertos por delitos contra la administración pública se incrementaron en esa comunidad más de un 83% con respecto a 2023, con un total de 110 procedimientos judiciales incoados, lo que supone nueve incoaciones al mes como media. El mayor número (60), se abrieron por desobediencia de autoridades y funcionarios, seguida de delitos de prevaricación administrativa (30).

Además de estos procedimientos judiciales, los delitos contra la administración pública acaparan buena parte de las diligencias de investigación que se incoan en la Fiscalía de Asturias. En 2024 se abrieron 29, mientras que en 2023 la cifra alcanzó los 40. La mayor parte, por delitos de prevaricación administrativa. Fuentes de este órgano señalan que tanto en las diligencias de investigación directamente abiertas en Fiscalía como en los procedimientos seguidos en los juzgados, la conducta más repetida suele responder a posibles delitos relacionados con materia de contratación, ya sea por el fraccionamiento irregular de los contratos de obras o por la contratación de personal saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esa pequeña corrupción del día a día que, según la Fiscalía, sigue constituyendo una verdadera lacra.