García Ortiz propone al fiscal del 9-N y el ‘caso Palau’ para la nueva unidad de delitos contra la Administración

Emilio Sánchez Ulled, actual consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, será el responsable de la fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública, un nuevo órgano surgido del plan de regeneración aprobado en septiembre pasado por el Consejo de Ministros. El nombre de Sánchez Ulled ha sido el propuesto para ese cargo por el fiscal general del Estado, que ha rechazado abstenerse de la designación de esta plaza, como le había exigido la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora. Como señal de protesta, los seis consejeros de esta asociación y el de la Asociación Profesional INdependeinte de Fiscales (APIF) se han negado a votar a ninguno de los aspirantes a ese puesto. Para la otra fiscalía de nueva creación, una unidad especializada contra los delitos económico, Álvaro García Ortiz propondrá a Fernando Rodríguez Rey, que ya era el fiscal de sala delegado de asuntos económicos.

La reunión de este martes del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, llegaba procedida por la carta abierta difundida el lunes por la Asociación de Fiscales para exigir a García Ortiz que se apartara de la designación del nuevo fiscal de sala de delitos contra la Administración. El argumento de la asociación mayoritaria es que ese nuevo cargo tendrá que intervenir en la causa abierta al jefe del ministerio público en el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal.

Según sostiene la AF, varias normas establecen que es una causa de abstención el hecho de “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel” y, para esta asociación, García Ortiz “tiene un interés personal” en el nombramiento de esa plaza porque a quien la ocupe le corresponderá “la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal” en la causa que tramita el Supremo contra él y “puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos”. Además, el nuevo fiscal de sala será el encargado de unificar criterio en los casos de delitos contra la Administración, lo que, según la AF, implica que lo hará sobre la causa abierta contra el fiscal general.

Fuentes del ministerio público descartaban de inicio que García Ortiz fuera a apartarse porque, a su juicio, las razones que alega la AF carecen de fundamento. Estas fuentes recalcan que el nuevo fiscal de sala será el coordinador de una unidad especializada y no tendrá función jurisdiccional, por lo que no participará en las instrucciones de los casos ni en los juicios, igual que ocurre con los fiscales de sala de seguridad vial medioambiente o menores. Según estas fuentes, el papel de la Fiscalía en la causa abierta contra García Ortiz seguirá ejerciéndolo su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y descartan que, como señala la asociación mayoritaria, esta vaya a estar a partir de ahora sometida a las directrices que marque el responsable de esa unidad especializada.

La negativa de García Ortiz a abstenerse ha llegado a los seis consejeros de la AF a no participar en la votación del Consejo Fiscal, cuyo resultado, en cualquier caso, no es vinculante, ya que es una potestad del fiscal general que ahora tendrá que ser ratificada por el Consejo de Ministros. En un comunicado, esta asociación argumenta también su oposición a la creación de esta nueva unidad, que ya expusieron en un pleno extraordinario celebrado en octubre de 2024.

Para ese puesto se habían presentado seis candidatos, y el fiscal general ha anunciado que propondrá a Sánchez Ulled, un fiscal con más de 30 años de ejercicio que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N. En la actualidad se encuentra en servicios especiales, ya que desde junio de 2017 es Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, pero desde 2005 hasta 2017 fue fiscal delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia). La candidatura de Sánchez Ulled sí ha contado con el apoyo de los otro cuatro vocales del Consejo Fiscal: los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas (la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección).

Estos cuatro consejeros también han apoyado al candidato propuesto por García Ortiz para la otra fiscalía de nueva creación, la unidad especializada en delitos económicos: Fernando Rodríguez Rey, un veterano fiscal (número 19 en el escalafón) que ya actuaba desde el Tribunal Supremo como fiscal delegado para estos delitos. Los vocales de la AF han votado para esta plaza al fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol y el de APIF, a Carmen Launa, también fiscal actual de esa especialidad.

Desde que se anunció la creación de las dos nuevas Fiscalías de Sala (la máxima categoría de la carrera), un sector del ministerio público ha mostrado su oposición al interpretar que su labor se va a solapar con la de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía especial dirigida por Alejandro Luzón que se encarga de investigar los grandes casos de corrupción. Desde el Gobierno y la Fiscalía se ha defendido desde el principio que son órganos diferentes y que Anticorrupción seguirá encargándose de esos grandes casos, mientras que las dos nuevas unidades están diseñadas pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Luzón.

El Consejo Fiscal de este martes ha abordado otros nombramientos, entre ellos el de la nueva fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer, que será María Eugenia Prendes, actual fiscal superior de Asturias y única candidata que ha concurrido a esa plaza. Esta Fiscalía ya existía, pero su anterior responsable, Teresa Peramato, ha accedido a una de las jefaturas de penal de la Fiscalía del Supremo. Por otra parte, el hasta ahora Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega ha sido propuesto para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de esta especialidad.

Además de las cuatro Fiscalías de Sala, el Fiscal General ha informado también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas). Para la plaza del Tribunal de Cuentas, la candidata propuesta es Gloria Alonso Ballesteros, mientras que para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez.

Informe sobre la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal

El Consejo Fiscal ha debatido también el informe del anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado por el Gobierno en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos y modifica el actual modelo de oposición introduciendo una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes.

Durante el debate, se han cuestionado aspectos como la decisión del Gobierno de crear el llamado cuarto turno para la carrera fiscal (una forma de acceso reservada para juristas de reconocido prestigio que ya existe en el caso de los jueces); el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal; y el papel del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en la preparación y becas de opositores. La redacción alternativa que los vocales de la AF han propuesto para estos puntos del informe del Consejo Fiscal ha sido aprobada por mayoría, y el fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección han anunciado un voto particular respecto al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que prevé el anteproyecto, ya que consideran que es un mandato del Tribunal de Justicia de la UE. Los dos vocales de la UPF se han alineado en este caso con los de AF y APIF en contra de este proceso.