La intromisión de dos informáticos en ordenadores del Senado agrava la tensión entre PP y PSOE

Del nerviosismo a la trifulca política. Una vez pasado el susto por la noticia de que dos informáticos habían sido despedidos tras acceder sin permiso a cuentas digitales de varios senadores, PP y PSOE han pasado a la confrontación por la exigencia de responsabilidades. La tensión entre ambas formaciones se ha elevado aún más si cabe durante esta semana por la gestión que ha hecho el Senado —con mayoría absoluta del Partido Popular— del expediente disciplinario abierto al matrimonio de trabajadores eventuales. La presidencia de la institución asegura que ambos pretendían buscar información para un proceso de selección de funcionarios. Las críticas y el registro de solicitudes para exigir más datos —presentadas no solo por los socialistas, sino también por Esquerra y Junts— provocaron la convocatoria extraordinaria en las últimas horas de dos reuniones de la Mesa y de la Junta de portavoces. El incendio interno parece apagado, pero las ascuas siguen avivando la guerra entre las dos formaciones mayoritarias.

De un lado del ring, el PP acusa a los socialistas de esparcir bulos y de hacer un uso político del asunto. Del otro, el PSOE censura la falta de diligencia de la presidencia de la Cámara alta y sostiene que los populares quieren minimizar la gravedad de las consecuencias del caso. “Esta sí que es la factoría del bulo y de la desinformación, la que ha puesto en marcha el PSOE en relación con el caso del despido de dos trabajadores”, lanzó la portavoz del Partido Popular en la Cámara alta, Alicia García, este viernes, al tiempo que achacó a su adversario el estar “desnortado y desesperado”. “Si este incidente se hubiera producido en el Congreso, ya tendríamos la petición de dimisión de la presidenta encima de la mesa por parte del PP o hablarían de chapuza”, contestó su homólogo socialista, Juan Espadas, que aseguró que los populares actúan “de forma tóxica en sus intervenciones”.

En las reuniones extraordinarias de la Mesa y de la Junta de Portavoces estuvieron presentes tanto el instructor del expediente sancionador de los trabajadores como el director de TICS del Senado para informar del caso, según especificaron los servicios del Cámara alta en un comunicado. “Ni infiltración masiva de datos, ni hackeo, ni espionaje, ni acceso a datos o comunicaciones de los senadores”, dijeron en la cita a puerta cerrada. “No ha habido acceso ni a ordenadores ni a equipos ni tampoco se han usado claves de senador alguno”, añadieron. “Era obligación del Senado actuar pronto y con diligencia, pero también lo es, hacerlo con responsabilidad y verdad”, sentenció el presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán.

Pero las quejas de los socialistas siguen con el foco puesto en el supuesto oscurantismo con el que el Senado ha tratado el asunto, denunciado internamente en octubre del año pasado y conocido ahora. También por la publicación del contenido de la carta de despido uno de los trabajadores. Como adelantó este periódico, dicha carta indica que “se constatan como hechos probados los siguientes: Accesos indebidos (...) de J. A. R., desde la dirección IP de su ordenador y a través de los usuarios admindeleg y adminpf —de que disponía por razón de su puesto de trabajo— a los portafirmas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado —entre ellos, miembros de la Mesa, diversos senadores y la Letrada Mayor—; accesos que se produjeron desde el mes de marzo de 2024 y a través de los cuales se realizaron numerosas descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal". El portafirmas es una aplicación para firmar documentos de forma electrónica.

La Fiscalía habrá de pronunciarse

Con esas quejas sobre la mesa, el PSOE exige un análisis independiente. De momento, los hechos han sido trasladados a la Fiscalía, como así acordó la Mesa por unanimidad en otra reunión extraordinaria celebrada el miércoles tras el pleno. Y en la que el caso vio la luz. Durante esa jornada se vivía la resaca de otro episodio que puso a socialistas y a populares con las armas arriba. Fue durante la sesión de control del martes, cuando el senador del PP Francisco Bernabé entregó una bolsa de arena supuestamente tóxica para protestar por los residuos de la bahía de Portmán en La Unión (Murcia) a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acercándose hasta en su escaño. Un gesto que fue denunciado por los socialistas en la comisaría de la Cámara alta.

Algunos miembros del grupo popular muestran en privado su rechazo ante el episodio. Bernabé ideó la escena por sí mismo, aunque recibió el visto bueno de los responsables del grupo, según fuentes del PP. De hecho, su portavoz, quitó hierro al acto este viernes, aprovechando la rueda de prensa convocada por el despido de los informáticos. “Por una bolsita de arena de Portmán cerrada perfectamente interponen una denuncia en comisaría, pero que los murcianos tengan 60 millones de toneladas de residuos mineros en las arenas de Portmán parece que les importa un pimiento”, dijo García. “Es inaceptable que justifique la actitud y las acciones de su senador Bernabé en el pleno dejando una bolsa de residuos que él denominó tóxicos y contaminantes junto a la Vicepresidenta del Gobierno y que encima quiera que le riamos la gracia”, respondió el socialista Espadas.