El Consejo de Estado avala la ley del cambio de acceso de los nuevos jueces que criticaron el Poder Judicial y las asociaciones

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sigue adelante con sus reformas judiciales, que están recibiendo críticas importantes en algunos sectores, especialmente los conservadores, y desde el viernes cuenta además con un aval importante, el del Consejo de Estado, para una de ellas, la que cambia en profundidad el acceso de los nuevos jueces —se reforman las oposiciones y se agiliza el acceso por el llamado cuarto turno, esto es, la entrada directa de juristas de reconocido prestigio—. El Consejo de Estado ha emitido un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que en síntesis avala con claridad la reforma con algunas recomendaciones de cambios que no afectan al corazón de las modificaciones que habían sido muy criticadas por el Poder Judicial, en especial por su presidenta, Isabel Perelló, y por varias asociaciones judiciales, que defendieron el sistema actual.

Perelló, una magistrada progresista recientemente elegida por acuerdo del Ejecutivo y el PP que, sin embargo, está muy claramente enfrentada a Bolaños, dijo en enero, cuando se conoció la reforma, que el sistema actual ”garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual” y recibió el apoyo de todas las asociaciones menos la suya, Jueces para la Democracia. El CGPJ emitió un informe crítico, aunque mucho más suave que el que se planteó en un principio. Sin embargo, el Consejo de Estado no ve problema en ninguno de los elementos centrales de la reforma, y algunos incluso los aplaude expresamente.

Por ejemplo, el CGPJ cuestionaba la regulación que contempla la ley para consolidar la situación de centenares de jueces sustitutos, una bolsa compuesta ahora por 913 personas —más del 70% mujeres— que, en algunos casos, llevan más de dos décadas ejerciendo como jueces encadenando contratos temporales. Para el CGPJ, la justificación ofrecida por el Gobierno “no parece acomodarse” a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a que este tipo de procesos solo deben utilizarse ante una “situación excepcional”. El Consejo de Estado avala la reforma claramente al señalar que “la excepcionalidad de la anómala situación de empleo temporal en la Administración de Justicia radica, en realidad, en que tal situación se opone y está manifiestamente desajustada respecto de los criterios que han de gobernar el empleo en la Administración de Justicia”. “El Consejo de Estado valora positivamente que se haya acometido una vía que se propone hacer enérgicamente frente a la irregular situación de empleo temporal que se da en el ámbito de la Administración de Justicia”, remata.

Al contrario que las asociaciones judiciales más críticas, el Consejo de Estado no ve ningún problema en el cambio de las oposiciones, que ahora ya no valorarán solo la capacidad memorística de los aspirantes, sino más criterios. Las asociaciones decían que el actual modelo permite “identificar, con objetividad, el mérito y capacidad” de los aspirantes. El Consejo de Estado avala el cambio y asegura que “el anteproyecto manifiesta su firme compromiso por primar otras destrezas, además de las memorísticas, entendiendo que estas últimas no permiten valorar aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.”

Otras de las cuestiones más polémicas, las limitaciones, incompatibilidades y autorización previa a los preparadores de las oposiciones, que se han convertido en un gran negocio, también queda avala por el informe del Consejo de Estado. “Con independencia de la valoración que se haga de esa actividad de preparación para el acceso a la Carrera Judicial y de su relación con las funciones que desempeñan los jueces y magistrados, entiende este Consejo que el Anteproyecto introduce puntualizaciones y precisiones al régimen legal aplicable a las incompatibilidades de jueces y magistrados, sin que se aprecien defectos en el modo en que lo hace”, señala.

Otra de las cuestiones polémicas que avala el texto es el cambio en la composición de la Comisión de Ética judicial, que esta reforma amplía, de siete a nueve miembros, reduciendo (de seis a cinco) los miembros jueces y aumentando (de uno a cuatro) los académicos de otros ámbitos. Además, estos últimos serán elegidos por las Cortes, en vez de por los miembros jueces, como hasta ahora. “Dentro de la diversidad de soluciones que pueden aplicarse a la designación de los integrantes de un órgano de ese tipo, entiende este Consejo que la fórmula recogida en el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que se dispone al respecto, sin que existan datos para objetarla o para sugerir una diferente solución que se estime preferible”, señala el informe.

Y por último, también avala la prohibición de financiación privada a las asociaciones judiciales. “La opción por una prohibición general de donaciones privadas a las asociaciones judiciales está claramente vinculada con la preocupación por la independencia de esas asociaciones y por las eventuales repercusiones que esas donaciones privadas pudieran tener en la propia independencia de los jueces y magistrados asociados. La opción elegida por el Anteproyecto forma parte del margen de decisión de que el legislador dispone en esa materia, por lo que ninguna objeción se formula al respecto”, remata.

Por el contrario, el Consejo de Estado reclama cambios que no afectan al corazón de la norma y que el Gobierno ha incorporado para llevarla este martes al Consejo de Ministros, como la necesidad de revisar el carácter no orgánico de ciertos preceptos que en el proyecto aparece con forma de ley orgánica o no permitir que personas que tienen una “titulación equivalente” al Grado en Derecho puedan hacerla valer para cualquier forma de acceso a la judicatura o fiscalía.