Anticorrupción pide cárcel para cinco ex cargos del PP por facilitar que la trama Púnica “colonizara” varios ayuntamientos

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un extenso escrito de acusación contra cinco antiguos cargos del PP de Madrid (tres exalcaldes, un ex teniente de alcalde y un exjefe de gabinete del partido conservador) por su implicación en la Pieza 5 del macrosumario del caso Púnica —la trama que tuvo como epicentro al empresario David Marjaliza y a Francisco Granados, consejero autonómico durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre—. En ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público pide que se condene a estos cinco procesados a penas de hasta 14 años de prisión por facilitar que la red corrupta “colonizara” los ayuntamientos de Valdemoro y Torrejón de Velasco para amañar adjudicaciones públicas.

En su escrito de acusación, Anticorrupción pide que se condene a 14 años de prisión a José Carlos Boza, quien fuera alcalde de Valdemoro (83.000 habitantes), y a su antiguo jefe de gabinete, Alfredo Ovejero. La Fiscalía reclama igualmente 11 años y 8 meses de reclusión para José Miguel Moreno, que había ocupado antes el puesto de regidor en el mismo municipio madrileño y que después fue diputado regional del PP. Y, por otra parte, la acusación pública solicita 7 años y 11 meses de cárcel para José Javier Hernández, ex teniente de alcalde de Valdemoro; y 3 años y 4 meses para Gonzalo Cubas, ex primer edil de Torrejón de Velasco (Madrid, 4.800 habitantes) y cuñado de Marjaliza. Entre otros, la causa contempla delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias.

El caso Púnica es un macrosumario con más de una decena de líneas de investigación (llamadas Piezas Separadas). En cada una de ellas se han investigado distintas irregularidades en torno a Marjaliza y Granados. Esta Pieza 5, según explica la Fiscalía, se ha centrado en los contratos obtenidos irregularmente por las compañías del empresario en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle entre 2006 y 2014. Además de pedir cárcel para los cinco excargos del PP, Anticorrupción solicita que se condene por estos hechos al propio Marjaliza (a más de 15 años de reclusión) y a otras 13 personas: entre ellas se encuentran Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos (4.600 habitantes) bajo las siglas de la Unión Democrática Madrileña; y Juan Carlos Moreno y Jesús Molina, antiguos interventor y secretario general del Ayuntamiento de Valdemoro, respectivamente.

El pasado 23 de abril, tras recibir el escrito de acusación del ministerio público, el juez instructor Antonio Piña dictó un auto de apertura de juicio oral contra estos 19 procesados señalados por la Fiscalía. Granados fue procesado en 2023 por estas irregularidades de la Pieza 5, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió excluirlo finalmente de esta futura vista oral. Según alegó el exconsejero del PP, las concesiones bajo sospecha en esta parte de la causa se dieron después de que él hubiese dejado la alcaldía de Valdemoro e incluso, en algunos casos, cuando ya había dejado la política.

El escrito de acusación presentado por Anticorrupción, de más de 200 páginas, supone una auténtica inmersión en la trama de corrupción. El documento describe un continuo amaño de adjudicaciones, fabricación de facturas falsas, tráfico de influencias, amiguismo, entrega de dádivas a cargos públicos... Estas son algunas de las claves:

La relación con Valdemoro y Granados. Marjaliza, que comenzó a colaborar con la justicia tras su detención hace una década, convirtió Valdemoro en uno de los epicentros de sus oscuros negocios. Allí había tejido una gran amistad con Granados, que ocupó la alcaldía entre 1999 y 2003. Según el sumario, gracias a esa relación, el empresario fue ampliando su red de influencias, que mantuvo en este Ayuntamiento tras la salida del consejero de Aguirre. Antes de asumir el bastón de mando de dicha Administración local, José Miguel Moreno formó parte del gobierno municipal dirigido por Granados, como concejal de Urbanismo y teniente de alcalde. Los tres (Granados, Marjaliza y Moreno) se convirtieron en “amigos muy próximos”, según recuerda la Fiscalía.

El salto del sector inmobiliario a otros negocios. Tras la crisis económica de 2007, que provocó una desaceleración drástica de las actividades de construcción y promoción inmobiliaria —a las que Marjaliza se había dedicado y que se investigan en otras partes del sumario—, el empresario “orientó su actividad a obtener licencias y concesiones públicas en aquellos Ayuntamientos en los que ya venía rentabilizando” su red de contactos “con autoridades y técnicos municipales”.

“La finalidad fue la búsqueda de concesiones de servicios y de obras que ofrecieran ingresos inmediatos de caja diaria”, destaca el escrito del ministerio público, que añade: “Bajo sus órdenes, Marjaliza y su grupo de colaboradores encaminaron sus acciones a presentarse en los Ayuntamientos de Valdemoro, de Torrejón de Velasco y de Serranillos del Valle, en pos de adjudicaciones de actividades muy diversas, como cafeterías en recintos municipales, residencias de la tercera edad, parkings, lavacoches, complejos comerciales, escuelas deportivas, estacionamiento regulado, servicio de grúa, etcétera”.

La ayuda de los alcaldes. La acusación de Anticorrupción sigue así: “Marjaliza acometió los nuevos negocios y licencias contando con el apoyo de las autoridades y funcionarios de mayor rango de los consistorios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. La mayoría se lo venían prestando de forma ininterrumpida en [otros] negocios de construcción, promoción inmobiliaria y eficiencia energética”.

Comisiones y regalos. “Las adjudicaciones concedidas a las sociedades de Marjaliza fueron acompañadas por el pago de comisiones, regalos y recompensas a los alcaldes con los que contrataba, a su agrupación política municipal, a los funcionarios y ediles municipales que informaban o formaban parte de los órganos de decisión”, añade la Fiscalía.

“De esta forma, tuvo lugar un flujo constante de pago de comisiones, financiación de gastos electorales para las elecciones municipales, encargos de proyectos de arquitectura, regalos, patrocinios, donaciones, viajes de ocio, hoteles, acompañantes y diversos pagos en especie”, continúa el escrito de acusación.

Información privilegiada. El ministerio público destaca que las autoridades facilitaban a Marjaliza “información previa sobre las licitaciones que se iban a publicar, para informarle de forma privilegiada sobre los pliegos que regirían los concursos, los criterios técnicos subjetivos y sus puntuaciones”. “El procedimiento y la resolución de los concursos fueron contrarias a la norma legal y sustituida por el voluntarismo y arbitrariedad de las decisiones de los alcaldes”, apostilla Anticorrupción.