El Gobierno consolida la paridad en el principal órgano que lo asesora para hacer leyes

El Gobierno ha renovado la Comisión General de Codificación, el principal organismo asesor para la redacción de leyes y otras normas a petición del Ejecutivo. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha nombrado a nueve nuevos vocales, siete mujeres y dos hombres, todo ellos catedráticos de reconocido prestigio de diferentes áreas, como Derecho Público, Mercantil, Constitucional y Procesal. Tras estas incorporaciones, queda integrada por 146 expertos juristas, de los que 69 (el 47,2%) son mujeres y 77 hombres, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Congreso aprobó el pasado mes de julio la Ley de Paridad, que obliga a un mínimo del 40% de mujeres en órganos de poder de grandes empresas y en la Administración General del Estado, entre otros ámbitos. Un porcentaje que el Ejecutivo ya cumplía en la Comisión de Codificación según los últimos datos disponibles de febrero de 2024: 84 de sus 149 integrantes eran hombres y 65 mujeres (43,6%).

Creado en 1843, las principales funciones de este órgano similar al de otros países europeos son preparar textos prelegislativos y de carácter reglamentario, revisar leyes vigentes y disposiciones reglamentarias, así como elaborar dictámenes a petición del Gobierno. Sus miembros colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. Esta renovación refuerza la presencia de mujeres y consolida un modelo paritario. Precisamente, fue la ausencia de mujeres lo que, en 2018, llevó a un plante de los expertos penalistas de esta comisión a los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había encomendado la tarea de estudiar una posible reforma de los delitos sexuales tras la polémica sentencia de La Manada. Los miembros de este órgano rechazaron acometer esta tarea hasta que no se resolviese la falta de mujeres: la sección penal de la Comisión estaba formada por 20 vocales permanentes y todos eran hombres. En cambio, 17 de sus 31 componentes eran mujeres de acuerdo con los últimos datos oficiales.

Los nuevos vocales nombrados libremente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han sido elegidos entre juristas de reconocido prestigio que han tenido que acreditar, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico. Además de una solvencia probada en el mundo jurídico y una sólida trayectoria académica y divulgadora, las fuentes gubernamentales consultadas destacan su firme compromiso con la defensa de los derechos de humanos y el reconocimiento a las minorías propios de una sociedad “moderna, feminista y comprometida con los valores sociales”.

Una de las principales novedades es la incorporación como vocal en la sección segunda de la Comisión (Derecho Mercantil) de Marina Echevarría, catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En esa misma sección se estrenará María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

En la sección tercera (Derecho Público) entran cuatro nuevos juristas. Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos, ha formado parte de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido asesor del Comité Económico y Social Europeo y del European Research Council. Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense, fue ex secretario general técnico de los Ministerios de Relaciones con las Cortes, Presidencia y Vivienda; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia, ha desempeñado diferentes cargos en la Generalitat Valenciana entre 2018 y 2022 durante el mandato de Ximo Puig.

Otros tres juristas acceden a la sección quinta (Derecho Procesal) de la Comisión General de Codificación. Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, ha realizado trabajos de investigación centrados en temas como la violencia de género y el acceso a la justicia de los colectivos vulnerables. Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos, tiene experiencia docente en la Chicago-Kent College of Law y ha sido directora de diversos proyectos de investigación sobre el espacio judicial europeo.

Enrique Gimbernat, vocal de la Comisión, dejará su labor como director del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales durante más de 40 años. José Luís González Cussac toma el relevo como director de esta publicación, que reúne artículos doctrinales de penalistas, comentarios de legislación y jurisprudencia y notas bibliográficas sobre libros y revistas de Derecho Penal.