Montero hurga en las contradicciones del PP sobre la quita de la deuda a las comunidades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exprimido este jueves la contradicción a la que tendrán que enfrentarse Alberto Núñez Feijóo y sus barones, que presiden 11 comunidades además de Ceuta y Melilla y cogobiernan en Canarias: las autonomías en las que los populares gobiernan a 35 millones de españoles son las más beneficiadas de la condonación de deuda a la que el Gobierno se comprometió con ERC para Cataluña y ha extendido al resto de comunidades de régimen común (todas salvo Euskadi y Navarra). “Quiero recordar que 60.000 de los 83.000 millones a condonar, siete de cada de diez euros, serían a comunidades autónomas que en este momento están gobernadas por el PP. ¿La quita de la deuda perjudica a los valencianos, a los andaluces, a los gallegos y a los murcianos? No tienen motivos para oponerse”, sostuvo la número dos del Gobierno y del PSOE, elevando toda la presión a Génova en la comisión de Hacienda del Senado.

La Moncloa está convencida de que, una vez que la quita se apruebe por ley orgánica, algo que cree garantizado ya que el Gobierno cree contar con el plácet de Junts, los presidentes autonómicos del PP pedirán su aplicación, que no es automática y requiere su solicitud expresa. “Es una medida sin precedentes, valiente y generosa (...) Van a firmar los convenios. Ya lo hemos visto antes, porque saben que es mejor de lo que tenían. Si no, les va a resultar muy duro en los territorios”, auguró Montero. Andalucía —la comunidad más poblada— es a la que se le ofrece más margen de condonación de deuda en términos absolutos (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104) y la Comunidad Valenciana (11.210). La vicepresidenta recalcó que la condonación también beneficiará a los territorios que no se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y se financiaron por su cuenta en los mercados, como hizo Madrid, la cuarta que acumula más deuda (8.644 millones).

El senador popular José Manuel Barreiro ignoró las contradicciones en su partido que la vicepresidenta le recordó a lo largo de las cuatro horas que duró su comparecencia y basó su estrategia en que la deuda seguirá existiendo por mucho que la asuma el Estado y que, en la práctica, la seguirían pagando los ciudadanos. “La condonación es como un proceso químico que hace que la deuda se evapore y desaparezca. Lo que hacen es mutualizar la deuda y se debe a una gestión deficiente de los independentistas en Cataluña que ahora quieren que paguemos entre todos”, esgrimió antes de acusar al Ejecutivo de “usar el dinero de los españoles para comprar tiempo en La Moncloa y en el Gobierno de Cataluña”, dos administraciones en las que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa dependen de Esquerra. Sorprendida, Montero negó la fórmula mágica que le atribuyó el PP: “¿Cómo se va a evaporar la deuda si el acuerdo se llama de asunción de la deuda por parte del Estado? ¡La deuda se la queda el Estado! Es que la Comunidad Valenciana no puede salir a los mercados por el peso de la deuda en su valoración crediticia, igual que le ocurre a Cataluña o Murcia. Otras están empezando a salir poco a poco. En definitiva, es bueno para sus presidentes autonómicos, ¿entonces por qué se oponen?”, objetó. “Cuando uno no tiene argumentos, da vueltas como una reolina [ruleta, en Andalucía] y a usted se le nota que no puede defender lo indefendible”, sentenció la vicepresidenta primera del Gobierno.

El Gobierno interpreta el plante que los 14 consejeros del PP le hicieron a Montero en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a finales de febrero, justo cuando llegó el momento de debatir la quita de la deuda, como una muestra clara de los problemas que tienen sus líderes territoriales para justificar la estrategia que Feijóo les ha ordenado. “Fue porque no lo podían explicar, porque [la posición del PP] no tiene sentido común y no tiene ninguna racionalidad”, reiteró la responsable de Hacienda. La prueba de que el PP se halla en un laberinto es que sus comunidades se han resistido en las semanas transcurridas a confirmar si pedirán la quita o renunciarán a ella. El importe de deuda máximo que podría asumir el Estado para cada comunidad será del 50% como máximo a 31 de diciembre de 2023, según recalcó Montero. “Estamos ante el chantaje a su gobierno en minoría. El prófugo Puigdemont y el golpista Junqueras exigen que paguemos su lucha carísima y despilfarradora contra España”, achacó Ángel Pelayo Gordillo (Vox). “Ustedes son fans de Trump y de su política neoliberal y ultraderechista, pero hoy ustedes están callados, deberíamos conocer su opinión de los aranceles, ¿o van a seguir navegando en la contradicción?”, le achacó Montero.

Aviso de ERC: “Nuestra paciencia puede agotarse”

El momento más delicado para Montero lo produjo la competencia entre Junts y Esquerra en su pulso eterno por la hegemonía entre el electorado independentista. La intervención de la senadora neoconvergente Maria Teresa Pallarès, que quiso dejar claro que su formación “ha pedido históricamente la condonación de la deuda” fue más suave que la del senador republicano Joan Josep Queralt. “ERC ha puesto unas condiciones que se están negociando muy lentamente, muchas veces tenemos la sensación de [solo] muy buenas palabras y encima tenemos que pagar el café de las reuniones. Le digo que la paciencia, como la arena de los relojes, puede agotarse. No tiren demasiado de la goma, la elasticidad tiene un límite... Hemos firmado unos pactos que tenemos que creemos que son buenos y tenemos que justificar ante nuestros electores”, avisó el senador. La representante de Junts criticó que en los tres primeros meses del año tan solo ha habido 12 días sin incidencias en Rodalies: “Nuestra gente camina por las vías para ir a trabajar, lo peor es que nos quieren hacer creer que Cataluña vive una nueva normalidad”.

La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos se repitió en un rompecabezas que se arrastra desde 2014: la renovación del sistema de financiación autonómica. Si en algo coinciden los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez es que no han sido capaces de actualizarlo en buena parte por los diferentes intereses de las comunidades, aunque sean del mismo signo político. Consciente de que la solución exige un acuerdo entre los dos grandes partidos, Montero tendió la mano al PP: “Somos nosotros los que tenemos que construir ese diseño y los que tenemos que tener la capacidad de poner de acuerdo las discrepancias o diferencias legítimas, que puede tener cada uno de los presidentes autonómicos a la hora de defender su posición”. “La cuestión es que seguimos sin resolver que lo que defiende Andalucía no es lo mismo que Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia y el Partido Popular gobierna en todas ellas”, añadió acto seguido, resaltando la falta de una posición única en las filas del PP. Justo lo mismo que le pasó la legislatura anterior al PSOE, cuando gobernó en una decena de comunidades y les separaban criterios como el de la despoblación, el porcentaje de habitantes de la tercera edad, su dispersión en el territorio o la población flotante, en el caso de las autonomías más turísticas. “No hay ninguna comunidad estándar, todas tienen sus singularidades y no es posible que la propuesta común sea un traje a medida de una de ellas”, advirtió Montero.