Buenas universidades, sí, pero no así

La correlación entre el consumo de queso por persona en Estados Unidos y las muertes producidas accidentalmente por asfixia entre las sábanas en ese país, es de 0,95. Sin embargo, de ese dato nadie concluiría que existe una relación causal entre las dos variables.

Mutatis mutandi, que en España las universidades cuya oferta de grados o de doctorados oficiales solo incluyen estudios pertenecientes a una o dos ramas de conocimiento sean, si es que lo son, de baja calidad en general, tampoco debería conducirnos a pensar que la calidad de los estudios universitarios depende de la amplitud en cada nivel –grado, máster y doctorado— de su oferta de títulos. De un modo similar, que en España las universidades con números de estudiantes muy bajos tiendan a ser de peor calidad que las de mayor tamaño tampoco autoriza a pensar que el número de personas matriculadas en una universidad sea un factor determinante de su calidad. En el contexto internacional, las hay buenas y malas de muy diversos tamaños, y no hay razón alguna para que aquí no pueda ser así.

Los dos asuntos que he tratado en el párrafo anterior se refieren a dos de los requisitos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) ha incluido en su proyecto de reforma de la normativa para crear universidades. El Ministerio se propone recurrir a indicadores indirectos basados en las estadísticas universitarias de los últimos años. En consecuencia, y si se me permite el disparate, quiere prohibir el consumo de queso para reducir las muertes entre sábanas por asfixia.

Pero esos no son los únicos. Hay otros criterios, algunos de los cuales quizás ni siquiera los cumplan hoy universidades que ya funcionan, incluidas algunas públicas. ¿En cuántas se cumple que más de un 60% de su profesorado tenga un sexenio reconocido en los últimos cinco años? ¿Cuántas pueden ofrecer al 10% de su alumnado un alojamiento? ¿Por qué ha de residir en España un 75% del profesorado de las universidades telemáticas?

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco presentó el pasado 8 de mayo en la Conferencia General de Política Universitaria sus aportaciones al proyecto de reforma. Las anteriores figuran en la lista. Pero hay otras, dos en particular, que tienen para nosotros una importancia especial.

La primera se refiere a la pretensión del Ministerio de trasladar la competencia de creación de universidades telemáticas al Gobierno del Estado, hurtándola así a las comunidades autónomas. La razón aducida es que, dado que la actividad docente en modalidad virtual abarca todo el Estado, tendría carácter supracomunitario y, por lo tanto, debería considerarse una “universidad de especiales características”, como lo son –si bien por razones diferentes— la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) o la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El argumento no se sostiene. Las dos universidades especiales citadas tienen sedes (UIMP) o centros adscritos (UNED) en varias comunidades autónomas, lo que no sería el caso de la que pudiera decidir crear una comunidad en concreto. Pero hay más, dado que todas las universidades expiden títulos con validez en todo el Estado, a todas ellas cabría atribuir carácter supracomunitario. Que la docencia se imparta por internet o en modo presencial es, a esos efectos, irrelevante.

Sea como fuere, de llevarse a término la pretensión ministerial, supondría para el Gobierno Vasco una invasión competencial. Este aspecto es, para nosotros, una línea roja.

Aunque de carácter muy diferente, no estamos conformes con la disposición a que hace referencia el artículo 4.2 del proyecto, que convierte los informes de las agencias de calidad en preceptivos y vinculantes. Hasta ahora esas decisiones han estado depositadas en la administración general e, incluso, en el poder legislativo, donde, a nuestro juicio, deben estar. En nuestro caso, la reforma hurtaría al Parlamento Vasco la facultad de crear universidades y haría recaer sobre nuestra agencia –Unibasq— una decisión de naturaleza eminentemente política. La atribución de una decisión política a un órgano formado por personas expertas constituiría un peligroso precedente.

De lo expresado hasta aquí no debe inferirse que el Gobierno Vasco no valore la calidad de sus universidades y, por extensión, la de las demás universidades del Estado español. Claro que la valoramos. En nuestro ámbito de competencia es un asunto que nos ocupa. Pero entendemos que las medidas contempladas en la normativa que se ha presentado no mejorarán la calidad de las universidades y, sin embargo, sí limitarán de forma severa la posibilidad de crear nuevas. Nos preocupa de forma especial la uniformización del paisaje universitario a que dará lugar al impedir o dificultar gravemente el desarrollo de proyectos singulares por su especialización temática o su alta calidad.

Una alternativa

Entendemos, por otro lado, que hay formas alternativas y eficaces de promover la calidad universitaria a la vez que se facilita la transparencia. Nuestra propuesta alternativa consiste en la creación de sellos de calidad que permitan asignar a las universidades a una de tres o cuatro categorías. La más alta serviría para identificar a las de más alto nivel. La más baja la obtendrían las universidades incapaces de poner en marcha o –ya en funcionamiento— de desarrollar una actividad académica digna de tal nombre. Y las intermedias permitirían identificar buenos proyectos —en el caso de universidades no creadas aún— o buenas universidades, aunque sin alcanzar el máximo nivel.

Los sellos de calidad serían asignados por las agencias correspondientes en virtud de la valoración de “la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad”. El entrecomillado es parte del texto del art. 4.3 del decreto reformado.

El sello de más bajo nivel constituiría, si fuera el caso, un dictamen que aconsejaría la no creación de una universidad o la revocación de la autorización para impartir títulos oficiales, equivalente, por tanto, a los actuales informes negativos. Este sistema debería incluir una previsión de plazos para corregir deficiencias o para alcanzar los estándares de calidad mínimos exigibles. Un sistema de sellos de calidad aportaría además transparencia al sistema universitario, ofreciendo al estudiantado una información de inestimable valor.

El MCIU ha identificado alguno de los males que aquejan al sistema universitario del Estado español. La proliferación sin medida de centros de formación superior —me resisto a llamarlos universidades— de ínfima calidad y alto coste en algunas comunidades autónomas tiene consecuencias muy negativas sobre la salud del sistema y sobre las posibilidades de movilidad social que debería ofrecer la universidad a los y las estudiantes.

Pero ha optado por una solución que, si bien sencilla, también es, a nuestro entender, errónea. En vez de promover directamente la calidad, ha preferido valerse de indicadores indirectos, algunos de dudosa eficacia. La calidad de las universidades no se puede establecer en virtud del cumplimiento de requisitos cifrados en variables proxy cuya correlación con la variable objetivo, de haberla, es débil o espuria.

Tampoco debe castigarse a justos por pecadores mediante la vía expeditiva de invadir competencias de las comunidades autónomas —en nuestro caso, la vasca— y de establecer limitaciones graves a la capacidad para desarrollar una política universitaria que responda a las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad.