El Gobierno incumple los plazos del procedimiento para adelantar la jubilación en el transporte y la construcción

El Gobierno firmó en septiembre de 2024 el último gran acuerdo en el que participan a la vez las patronales y los sindicatos. En los jardines de La Moncloa se selló el compromiso para, entre otras medidas, habilitar una herramienta para anticipar la jubilación en las actividades con más bajas y siniestralidad a cambio de un incremento de cotizaciones. La concreción de la medida llegó más tarde de lo previsto, pero el decreto fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025. Y la comisión que ha de estudiar cada solicitud también se formó más tarde de lo que prometía ese decreto, pero se compuso finalmente en octubre del año pasado. Ahora, más de seis meses después, el Ejecutivo vuelve a llegar tarde: con los plazos que marcaba el Boletín Oficial del Estado, la Seguridad Social ya debería haber respondido a las peticiones de la construcción y del transporte, pero aún no lo ha hecho. Estos dos sectores son los que más siniestralidad sufren en la economía española. En 2025 acumularon 164 y 93 muertes en jornada respectivamente, el 44% del total aunque juntos solo emplean al 13% de los ocupados.

El decreto aprobado por el Ejecutivo en mayo del año pasado dice: “El plazo máximo para resolver el procedimiento previo [...] será de seis meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico accesible a través de la sede electrónica”. La construcción registró su solicitud en julio de 2025, hace ya nueve meses. Y ya hace un semestre desde que lo hicieron el transporte de mercancías y el de viajeros, el sector que más se ha movilizado recientemente ante esta tardanza. El 10 de marzo los sindicatos reunieron a unos 5.000 conductores profesionales frente al Ministerio de Transportes para reclamar la concesión de los coeficientes reductores (el nombre técnico de la herramienta para anticipar el retiro).

En la protesta participó Diego Buenestado, responsable de transportes de UGT: “El ministerio va más despacio de lo que esperábamos. Si no lo hacen en un plazo razonable tendremos que hacer una huelga tanto en mercancías como en viajeros. Parece que nos están vacilando”. También participó en la manifestación de marzo Francisco Vegas, líder del sector en CC OO: “No nos consta que el Gobierno haya terminado ninguno de los informes que debe realizar antes de contestar a nuestra solicitud y ya ha pasado mucho tiempo. Los plazos los marca la ley, no nosotros”.

El principal informe del que habla Vegas es el de morbilidad y mortalidad que debe elaborar la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS). El decreto también establece que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inspección y Función Pública (solo en el caso de los funcionarios) emitan sus propios informes, aunque estos tres se consideran no vinculantes. La producción de esos documentos es clave porque sin ellos la comisión de evaluación no puede trabajar. Desde la recepción de los mismos, ese grupo (de 11 miembros, siete del Gobierno, dos de los sindicatos y dos de las patronales) tiene un mes para pronunciarse. La comisión de evaluación emitirá una recomendación, pero no toma la decisión final, que corresponde al propio Ministerio de Seguridad Social.

El departamento que dirige Elma Saiz sostiene que el informe de DGOSS sobre el transporte está en “fase de elaboración” y subraya que es el primero de este tipo que se realiza, lo que “requiere un trabajo de análisis muy relevante”. Destaca que es un colectivo muy amplio, “por lo que hay una enorme labor de recabar los datos, diseñar las bases de datos y delimitar con precisión el colectivo”, agrega la Seguridad Social. Indica que este documento ”servirá de referente para los que se hagan después desde DGOSS, por lo que se está dedicando un gran tiempo a fijar estándares”. La Seguridad Social no da un plazo concreto para finalizar el informe, pero dice que “se prevé que su elaboración no se demore” y que al inicio de esta semana informaron a CC OO al respecto. A la vez, el ministerio no valora el retraso que lleva respecto a los plazos que marcaba el decreto.

Sistema tensionado

“Creemos que el interés político de que salga esta medida es escaso por lo que implica”, agrega el representante de CC OO. Esas implicaciones de las que habla este sindicalista son clave. En primer lugar está el volumen de la petición, que interpela a medio millón de trabajadores del transporte de mercancías y en torno a 100.000 del transporte de viajeros. Así, la concesión del retiro anticipado para estos trabajadores supone un reto mucho mayor para el sistema de pensiones que otras concesiones de coeficientes decretadas en los últimos meses, como la de bomberos y agentes forestales. En ese caso, este grupo menos numeroso ni siquiera ha tenido que pasar por este procedimiento, sino que se les ha otorgado directamente en el Consejo de Ministros. También gozan de los coeficientes los marineros, los mineros, los pilotos y la mayoría de policías autonómicos.

La cautela del ministerio tiene el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). De ahí que el reglamento establezca que el impacto de los coeficientes debe ser neutro, es decir, que se dé una sobrecotización suficiente como para compensar el alza del coste que supone que estas personas se jubilen antes (como pronto, a los 52 años).

La mayor parte recaerá en el empresario, lo que no impide que las patronales del transporte de mercancías y de viajeros acompañen a los sindicatos en sus peticiones. CETM (mercancías) y Confebús (viajeros) se comprometieron a apoyar esta reivindicación para poner fin a una huelga en 2024. Ese respaldo no se replica en la construcción: la principal patronal, CNC, no ha firmado junto a CC OO y UGT la solicitud de coeficientes que registraron en julio del año pasado. Los empresarios de este sector consideran que es un coste “difícil de asumir”.

Precisamente la falta de respaldo patronal es una de las razones que complica el éxito de esta petición. Aunque los sindicatos se aseguraron de que el decreto permitiese la solicitud solo de los trabajadores, de manera que los empresarios no tuviesen derecho a veto, esta opción exige otro cauce más complejo. Las peticiones conjuntas se consideran “legitimadas” automáticamente si las emiten las organizaciones sindicales y patronales más representativas, pero si solo lo hace una de las patas del diálogo social, como en la construcción, es el propio ministerio el que “podrá iniciar el procedimiento a petición individual”.

“Por lo que nos explican aún no han iniciado nuestro procedimiento, pero nos aseguran que lo van a hacer. Que no lo van a desestimar por silencio administrativo”, dice Daniel Barragán, secretario general de CC OO del Hábitat, el área del sindicato que engloba la construcción. Como sus compañeros del transporte, cree que al ministerio le da “vértigo” el tamaño de su sector. “Ha pasado demasiado tiempo y seguimos esperando una respuesta. Si no llega pronto habrá movilizaciones”. Es una amenaza similar a la que lanza el responsable de UGT FICA, Mariano Hoya: “Estamos realmente preocupados por esta tardanza. Queremos creer que no nos están tomando el pelo, pero se nos está agotando la paciencia”. Este periódico ha pedido concreción al ministerio sobre cómo actuará respecto a la construcción, si estudiará la petición sindical pese al rechazo patronal, pero no ha obtenido respuesta.

Los sindicatos de la construcción no piden los coeficientes para todo el sector, pero sí para la mayor parte. Los reclaman para un millón de trabajadores, en torno al 70% del sector según consta en la petición de los dos sindicatos. Entre los grupos más numerosos destacan los albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (335.160 empleados), peones de la construcción y de la minería (129.582), electricistas de la construcción y afines (125.232) o los pintores, empapeladores y afines (74.354). “Si les parece que hemos pedido demasiado podemos hablarlo, pero nos lo tienen que decir ellos, el Gobierno. La pelota está en su tejado”, agrega Hoya.