Díaz llevará al Consejo de Ministros del martes la norma para reforzar la prevención de riesgos laborales
Tras aprobarse el anteproyecto en primera lectura, deberá volver al órgano colegiado antes de su envío al Congreso, donde le espera una dura tramitación por el rechazo patronal
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el próximo Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley con el que pretende reformar la norma de prevención de riesgos laborales. El texto, fruto del acuerdo con CC OO y UGT y rechazado por CEOE, recibirá un primer aval del gabinete el próximo martes —coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo—, antes de enfrentarse a los informes preceptivos y a una segunda lectura en el Consejo de Ministros. Entonces será enviado al Congreso, donde tiene muy pocas opciones de prosperar por la oposición patronal al proyecto y el más que previsible voto en contra de la mayoría de grupos de derechas.
El texto acordado por Trabajo y los sindicatos plantea cambiar una ley “vetusta, del año 1995″, según ha dicho Díaz. “Las relaciones laborales y los modelos productivos han cambiado de manera radical desde entonces. Desde esa ley vamos a abordar una prevención de riesgos que se acomode a los nuevos tiempos”, ha agregado la vicepresidenta segunda en un acto en el Ministerio de Trabajo.
El proyecto pactado propone crear la figura del “agente territorial de prevención”, una persona designada por centrales y patronales que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El ministerio también propone poner más ojos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos.
Por otro lado, el texto establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 trabajadores (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos. Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la crisis climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.
Con este proyecto, Trabajo pretende mejorar los datos de siniestralidad que sufre España. En 2025 murieron 584 personas por accidentes de trabajo en jornada, 62 menos que el año anterior pero con un preocupante incremento en el sector con más siniestralidad, la construcción: pasó de 135 decesos a 164.
En sendas ruedas de prensa celebradas estos días, los sindicatos han reclamado a Trabajo que llevase esta normativa cuanto antes al Consejo de Ministros. El jefe de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, recordó el miércoles pasado al ministerio su compromiso de aprobar por decreto algunos cambios que no exigen convalidación parlamentaria, dada la minoría parlamentaria del Ejecutivo: “El acuerdo lo firmamos el 10 de febrero y hace unos días mandamos una carta a la Dirección General de Trabajo y al secretario de Estado reclamándole que se vayan incorporando reales decreto. Algunos los necesitamos ya, como el de fenómenos climatológicos extremos porque este verano sospechamos que va a ser complicado”.
Trabajo y los sindicatos también pactaron aprobar por decreto un texto específico sobre riesgos psicosociales, que obligaría a que en todas las empresas haya una evaluación al respecto; reforzar la vigilancia a la que ya obliga el real decreto de coordinación de actividades empresariales (que aplica cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo); cambiar el reglamento de lugares de trabajo; y añadir varios pluses de exigencia en el reglamento de los servicios de prevención.
Este miércoles, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijo: “No sé por qué no ha pasado ya [el anteproyecto de ley] por el Consejo de Ministros”. Indicó que tras la primera aprobación del Consejo de Ministros hay que esperar al dictamen del Consejo de Estado, “que últimamente está muy interesado en meter la pata”, en clara referencia a la opinión desfavorable del órgano consultivo respecto al refuerzo del registro horario. “Conviene”, continuó Álvarez, “como pasó con las 37 horas y media, que las empresas y los grupos parlamentarios digan la verdad a los ciudadanos y las ciudadanas. Es un proyecto de ley, así que el rechazo significa que están en desacuerdo con el 100%. Se puede enmendar y debatir”. “No se me pasa por la cabeza que el Parlamento ni siquiera se digne a hablar de este tema”, comentó, antes de subrayar las “muchas vidas” que se pierden en el trabajo. “Si a sus señorías eso no les importa a mí me importan poco ellos”, agregó Álvarez.
Según se desprende de las últimas cifras de Eurostat, España arroja una incidencia de la siniestralidad laboral (cociente entre el número de decesos en el trabajo por cada 100.000 empleados) de 1,71. Esa tasa está ligeramente por encima de la media comunitaria (1,63) pero es muy superior al dato que notifican los países más seguros del continente. Es el caso de Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).
Tras la última reunión de la mesa de diálogo de prevención, en noviembre del año pasado, CEOE y Cepyme cargaron duramente contra el Gobierno. “La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales”, dijeron en un comunicado conjunto. Dado este escenario, las asociaciones empresariales pedían a Trabajo que abriese “un diálogo social real y efectivo y a descartar la vía de la imposición de medidas solo pactadas con los sindicatos, que perjudicarán tanto a empresas como a trabajadores”.
