Trabajo acuerda con los sindicatos y sin la patronal reforzar la prevención de riesgos laborales en España

Dos años después de iniciar la negociación para mejorar la prevención de los riesgos laborales en España, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT han alcanzado un acuerdo para cambiar la normativa en el que no participan las patronales CEOE y Cepyme. La última reunión entre las centrales y el Gobierno tuvo lugar el 26 de noviembre y, desde entonces, han continuado los contactos hasta alcanzar un consenso en el contenido, según confirman los sindicatos y el Ejecutivo. Los órganos directivos de UGT y CC OO han dado el visto bueno al pacto en los últimos días, que también confirman desde el departamento que dirige Yolanda Díaz. Está previsto que el acto de firma tenga lugar el 10 de febrero, una normativa con la que el Gobierno intenta atenuar el drama de la siniestralidad laboral.

Una de las principales condiciones que ponían los sindicatos era el compromiso de que las modificaciones que se pudieran aprobar por decreto siguieran esta vía, pase lo que pase con el anteproyecto de ley en el Parlamento, petición a la que ha accedido el Ejecutivo. Es una estrategia parecida a la de la reducción de jornada: no se consiguió sacar adelante el recorte a 37,5 horas en el Estatuto de los Trabajadores, una ley, pero el refuerzo del registro horario, transitable por decreto, sigue su curso. Esta vez el Gobierno no va a esperar a esa probable negativa del Parlamento y llevará al Consejo de Ministros tanto el anteproyecto de ley como los decretos en los próximos meses. Pedro Sánchez ha pedido a los ministerios que intenten sacar adelante medidas por esta vía reglamentaria, que no exija la luz verde del Congreso.

El año pasado (hasta noviembre, último dato disponible) murieron en el trabajo 686 personas, una cifra que espanta a los sindicatos. Aunque es inferior a la notificada el año pasado (741), el número de muertes crece con fuerza en algunos sectores especialmente peligrosos. Es el caso de la construcción, con 156 decesos frente a los 128 de 2024. Las propias empresas reconocen que en un tercio de los accidentes laborales no habían hecho la evaluación de riesgos correspondiente.

Según se desprende de las últimas cifra de Eurostat, España arroja una incidencia de la siniestralidad laboral (cociente entre el número de decesos en el trabajo por cada 100.000 empleados) de 1,71. Esa tasa está ligeramente por encima de la media comunitaria (1,63) pero es muy superior al dato que notifican los países más seguros del continente. Es el caso de Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).

¿Qué se puede aprobar por decreto?

Los principales aspectos que no tienen rango de ley y que los sindicatos quieren aprobar independientemente del destino del anteproyecto son: un decreto específico sobre riesgos psicosociales, que obligaría a que en todas las empresas haya una evaluación al respecto; reforzar la vigilancia a la que ya obliga el real decreto de coordinación de actividades empresariales (que aplica cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo); cambiar el reglamento de lugares de trabajo; un decreto específico para atender la exposición a meteorología adversa; y añadir varios pluses de exigencia en el reglamento de los servicios de prevención. Trabajo sostiene que aún no está cerrada la concreción de cada uno de estos decretos, pero sí las líneas generales.

Esta última modificación, la del reglamento de los servicios de prevención, tiene un calado especial. Entre otras medidas, amplía el contenido de la evaluación que deben realizar. Por ejemplo, le da una nueva visión de género al obligar a que se tome en cuenta “la posibilidad de que cualquier puesto esté ocupado por hombres o por mujeres y, particularmente, en lo relacionado con sus características físicas y medidas antropométricas, si fuesen distintas, así como con sus características biológicas y con los factores ligados al género”, según indica el texto acordado.

También obliga a tomar en cuenta “los factores de naturaleza psicosocial, incluidos aquellos que puedan guardar relación con las condiciones de trabajo y las características de la tarea, como la organización del tiempo de trabajo, entre otros”, así como “la posibilidad de que el puesto pueda estar ocupado por una trabajadora embarazada o en situación de lactancia”.

El cambio del reglamento de los servicios de prevención también será más exigente con las empresas a la hora de tener un equipo propio dedicado a ello: todas las empresas con 300 empleados o más “deberán constituir un servicio de prevención propio”, en vez de los 500 actuales, y las que se dedican a actividades más peligrosas deberán establecerlo con plantillas superiores a 150 empleados, frente a los 250 actuales.

Respecto a los servicios de prevención ajenos, empresas privadas dedicadas a esta materia, los sindicatos consideran habitual que, aunque estén especializadas en la materia, estén sobrecargadas y apenas vigilen. Para enmendar la situación, el acuerdo plantea crear la figura del “interlocutor” con la compañía especializada, un empleado que deberá intermediar con este servicio cuando el empresario no tenga la formación o los medios para encargarse de ello.

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a mejorar la orden que regula la acreditación de las entidades especializadas en prevención y que auditan estas tareas en otras compañías.

Qué cambia la ley

Otros aspectos quedan dependen íntegramente del anteproyecto de ley, plenamente pactada, y quedan supeditados al éxito de la iniciativa en el Parlamento. Es el caso de la creación de los agentes territoriales de prevención, personas designadas por sindicatos y patronales que vigilarían los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran.

De consolidarse esta propuesta del ministerio en la normativa, se extendería una figura que ya aplica en otras comunidades autónomas, como Asturias, Navarra o La Rioja, desarrolladas mediante acuerdos entre los gobiernos autonómicos, sindicatos y patronales de la región.

Este proyecto legislativo ya ha pasado el trámite de consulta pública. En el documento que lo acompaña, el ministerio especifica los objetivos de esta norma, entre los que destaca la intención de “visibilizar ciertos riesgos cuya presencia se ha ido incrementando, como los vinculados a factores psicosociales, los riesgos derivados del cambio climático y del trabajo a distancia o los originados por las deficiencias en materia de desconexión digital”.

También subraya la intención de “prevenir los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, promoviendo la sensibilización y la gestión de, entre otros, los riesgos psicosociales y ergonómicos, con mayor presencia en los entornos de trabajo con motivo de la tercerización y la digitalización de la economía” y “fortalecer la organización preventiva de la empresa, entre otras, a través de una mayor presencia y peso de las personas trabajadoras con funciones preventivas”. En la misma línea, incide en “revisar la formación exigible a las personas que desarrollan funciones preventivas de nivel básico, intermedio y superior”, con un mayor carácter presencial. El proyecto también intenta mejorar el retorno al trabajo de los empleados tras un accidente laboral.

Los sindicatos cuentan con que esta normativa experimente cambios durante el trámite parlamentario, con la incorporación de enmiendas de los distintos grupos políticos. La reducción de jornada fracasó en ese trámite, por las enmiendas a la totalidad que sumaron PP, Vox y Junts

CEOE, en contra

Es previsible que estos tres partidos voten contra el anteproyecto. Vox rechaza todas las iniciativas del Gobierno y el PP es consistente en los últimos meses en su anuncio de que solo apoyará las medidas laborales que tengan respaldo tanto sindical como patronal. De ahí que ya haya confirmado que rechazará el acuerdo para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días, solo pactado con los sindicatos. Aunque Junts no ha sido tan taxativo en esa forma de proceder, sus últimas votaciones apuntan a otro voto negativo.

Tras la última reunión de la mesa de diálogo de prevención, CEOE y Cepyme cargaron duramente contra el Gobierno. “La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales”, dijeron en un comunicado conjunto. Dado este escenario, las asociaciones empresariales pedían a Trabajo que abriese “un diálogo social real y efectivo y a descartar la vía de la imposición de medidas solo pactadas con los sindicatos, que perjudicarán tanto a empresas como a trabajadores”.