Guatemala está en un momento decisivo para recuperar la justicia y fortalecer la democracia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su 195º Período de Sesiones en Guatemala. Una vez más, el país centroamericano recibió al Sistema Interamericano en su territorio y brindó las facilidades para que la CIDH pueda cumplir con el mandato de promover la observancia, defensa y protección de los derechos humanos.

Durante esta semana, la CIDH recibió a delegaciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, personas expertas y organismos internacionales para abordar temas urgentes en derechos humanos, entre desafíos comunes y avances para su debida protección, con 29 audiencias públicas, espacios de diálogos, reuniones y eventos promocionales.

La visita de la CIDH a Guatemala ocurre en un momento decisivo del país: Guatemala enfrenta el dilema de poder recuperar la legitimidad de su sistema de justicia o, por el contrario, continuar en esta crisis profunda del Estado de Derecho.

Cuando en julio de 2024 la CIDH pudo realizar una visita in loco, autorizados por el nuevo Gobierno, corroboró de primera mano la crisis del sistema de justicia, derivada de injerencias sistemáticas dirigidas a socavar la independencia judicial. Tal como venía advirtiendo en los últimos años, el Estado guatemalteco seguía incumpliendo de forma sistemática y manifiesta con su obligación de combatir la impunidad y la corrupción, debido a interferencias a la independencia del Poder Judicial y el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público.

La situación es tan grave que impacta directamente en la institucionalidad democrática: la administración de justicia y otros organismos claves del Estado de Derecho han sido cooptados por integrantes del Ejecutivo del gobierno anterior, por ciertos sectores del Congreso y por otros grupos de poder político y económico, con el claro objetivo de perpetuar la impunidad y la corrupción, mantener el estatus quo, los privilegios y la profunda desigualdad estructural.

En su informe de 2025 la CIDH documentó que el Ministerio Público, a cargo de la Fiscal General Consuelo Porras, en articulación con ciertos sectores del Poder Judicial, recurren por un lado al uso arbitrario del derecho penal para perseguir a quienes intentan levantar la voz; y a la judicialización de decisiones electorales y políticas, con el fin de obstaculizar el proceso electoral u obstruir la gestión del gobierno actual.

El alto número de procesos de criminalización en Guatemala constituye para la Comisión una práctica generalizada, caracterizada por la interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona y/o denuncias anónimas o infundadas, que recaen “misteriosamente” en los mismos fiscales y defensores; procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados; el uso abusivo de la prisión preventiva; y afectaciones al debido proceso y el derecho a la defensa.

Esta práctica de persecución se ha ensañado, por ejemplo, contra personas operadoras de justicia que actuaron años atrás conforme a derecho. Este grupo de exjueces y exfiscales independientes ha enfrentado hostigamientos, estigmatización, amenazas, traslados injustificados y destituciones arbitrarias, por lo que muchos de ellos se encuentran actualmente en el exilio.

También afecta a periodistas y trabajadores de la comunicación —como en el caso de José Rubén Zamora, quien fue excarcelado hace unas semanas pero sigue enfrentando la amenaza de la cárcel y el congelamiento de sus bienes—, personas defensoras de derechos humanos, así como a liderazgos sociales, políticos y gremiales, estudiantiles y académicos.

El impacto de la criminalización sobre pueblos indígenas es alarmante. La Comisión recibió testimonios de personas indígenas que apuntan a que comunidades enteras están siendo perseguidas penalmente por defender sus tierras ancestrales. El Ministerio Público creó una unidad especial para promover los desalojos de tierras indígenas, imperando el terror y obviamente el silenciamiento.

Durante la última semana volvimos a visitar en la cárcel al exfiscal Stuardo Campos, perseguido penalmente por haber hecho su trabajo en investigaciones de corrupción que incluyeron al expresidente Alejandro Giammattei. También entrevistamos a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes indígenas de los 48 Cantones, acusados de terrorismo, simplemente por haber liderado las protestas pacíficas en defensa de la democracia en 2023. Apenas unos ejemplos de que la criminalización en Guatemala sigue causando estragos en la democracia y reclama cambios urgentes en el sistema de administración de justicia.

En este contexto, hemos recibido con preocupación algunas denuncias por irregularidades cometidas en el reciente proceso de elección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Electoral. Por ello, la elección de Fiscal General que se encuentra en curso constituye una última oportunidad para detener la degradación de la institucionalidad democrática del país y recuperar la confianza de la población en sus instituciones. El proceso de selección debe realizarse libre de interferencias y de todo tipo de presiones, y asegurar que la persona titular sea electa con base en el mérito, idoneidad, independencia e integridad. Esto implica que no existan sospechas de su participación en violaciones a los derechos humanos; lo que incluye que no haya tenido involucramiento en casos de criminalización, como los documentados por la CIDH.

La renovación de la Fiscalía General es solo el primer paso. El Ministerio Público debe modificarse integralmente, para garantizar su independencia, objetividad y rendición de cuentas, de acuerdo con el principio de pesos y contrapesos, y para que su actuación se ajuste a los estándares interamericanos. Luego de un examen independiente sobre su funcionamiento, es crucial ajustar su gestión administrativa, su política criminal y sus herramientas de investigación; para que el Ministerio Público deje de perseguir a quienes ejercen derechos humanos, y se oriente a los verdaderos responsables de la corrupción y los crímenes de lesa humanidad hoy impunes.

La administración de justicia independiente, eficaz e imparcial es esencial para la preservación de la democracia y el Estado de Derecho. La CIDH sigue con la firme convicción de que se adoptarán medidas para restablecer la legitimidad del sistema democrático en Guatemala. Porque sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay posibilidad de avanzar en el respeto de los derechos humanos.