Guatemala, en una encrucijada

Hace pocos días, policías encapuchados y fiscales allanaron centros de votación del Colegio de Abogados de Guatemala mientras se desarrollaba una votación clave para el futuro del país. Aun así, los abogados salieron a votar de forma masiva y eligieron a Astrid Lemus, una respetada jurista, para integrar el máximo tribunal del país.

Estos hechos reflejan una disputa por el control de instituciones que históricamente se han utilizado en Guatemala para garantizar impunidad por la corrupción y los abusos de poder. El país debe designar próximamente a su fiscal general, a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Estos nombramientos representan una oportunidad crucial para enfrentar eficazmente al crimen organizado, proteger la Constitución y organizar elecciones libres y justas el próximo año.

Las designaciones se realizarán mediante procesos notoriamente complejos. El fiscal general es nombrado por el presidente a partir de una lista preparada por una comisión integrada por jueces, representantes del Colegio de Abogados y decanos de facultades de derecho. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son designados por el presidente, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, la única universidad pública del país, y el Colegio de Abogados. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral son elegidos por el Congreso a partir de candidatos propuestos por otra comisión de postulación.

A pesar de los intentos por infiltrar los procesos, hay algunas noticias auspiciosas. Astrid Lemus fue electa contra todo pronóstico. Días antes, la Corte de Constitucionalidad había excluido aproximadamente al 15 por ciento de los votantes registrados en una decisión adoptada a última hora. Los allanamientos realizados por fiscales fueron percibidos por muchos como un intento fallido para desincentivar la participación. La alta concurrencia demuestra que muchos guatemaltecos no están dispuestos a desperdiciar la oportunidad de recuperar la independencia judicial en su país.

Y no deberían tener que librar esta batalla solos. Cuando la actual fiscal general, Consuelo Porras, intentó revertir ilegalmente los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, la movilización interna combinada con una presión internacional coordinada fue decisiva para frenar un intento de quiebre democrático. Hoy, Guatemala necesita una movilización similar.

Afortunadamente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han desplegado misiones de observación para estos procesos de selección. El liderazgo político de la OEA y de la Unión Europea debería, como ocurrió durante las elecciones de 2023, pronunciarse oportunamente sobre contundentemente sobre los hallazgos de sus misiones y condenar cualquier intento de interferencia indebida en los procesos de designación.

Por su parte, Estados Unidos, a través de su embajada, ha desempeñado un papel crucial para contrarrestar la influencia del crimen organizado. La cooperación con Guatemala permitió algunas de las extradiciones más relevantes de líderes de carteles en años recientes y contribuyó a contener la influencia del crimen organizado en el Congreso.

En enero, la administración Trump removió al embajador estadounidense Tobin Bradley y a su segundo, Patrick Ventrell. Dos días después, grupos criminales perpetraron una ola de asesinatos en distintas partes del país.

Desde su llegada a Guatemala a fines de enero, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, sostuvo que Washington “no va a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales o gente asociada con esas personas” en los procesos de nombramientos. Ese mensaje es importante —y debería ir acompañado de acciones decisivas, como sanciones individuales.

La comunidad internacional debería seguir de cerca a la Corte Suprema de Justicia, que ejerce una influencia decisiva sobre estos nombramientos. También deberían respaldar a quienes pueden ser más vulnerables a presiones o intimidaciones, como son los decanos universitarios que desempeñan un papel central en la elección del fiscal general. Y deberían oponerse firmemente a cualquier intento de procesar arbitrariamente a magistradas y otras autoridades designadas.

Lo que está en juego en Guatemala no es solo quién ocupará determinados cargos, sino si el país contará con instituciones capaces de combatir el crimen organizado, defender los derechos humanos y proteger su Constitución.