La justicia que respira bajo los árboles

Mientras el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentaba su informe de dos años de Gobierno ante el Congreso y las cámaras, el Ministerio Público capturaba a don Basilio Bernardo Puac García, hoy en arresto domiciliario. Así funciona el teatro: en el escenario, discursos; entre bambalinas, rejas. Don Basilio, vicepresidente de 48 Cantones en 2023, se une ahora a Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc en esa categoría que el Estado llama “delincuentes” y que la historia llamará “defensores de lo que quedaba de democracia cuando las instituciones se vendieron al mejor postor”.

Guatemala tiene 340 juzgados de paz y agencias del Ministerio Público. Suena impresionante hasta que descubres que no administran justicia sino lealtades. “Usted me apoya, le doy un puesto”, dice el Pacto de Corruptos, y así se teje otra red, no una de derecho sino de deuda, no una de justicia sino de complicidad remunerada con aumentos salariales que nada tienen que ver con competencia y todo con silencio comprado.

Estos templos de la justicia oficial ignoran, criminalizan, intentan subyugar lo que llevan siglos sin poder destruir: los sistemas de justicia indígena que funcionan bajo árboles, en casas comunales, allí donde el Estado es apenas un rumor distante y la justicia se hace con palabra, con comunidad, sin cobrar por tejer la paz. Porque resulta que Guatemala practica el pluralismo jurídico como quien respira: sin pedir permiso, sin esperar que la Constitución se digne reconocer lo que existe desde antes de que hubiera Constitución.

Pedro Ixchíu, mi padre, abogado k’iche’ y autoridad ancestral, lo dice con esa simplicidad que sólo tiene la verdad: “Donde hay institucionalidad indígena, la violencia baja.” No es magia. Es que funciona. Es que cuando la justicia está cerca, cuando habla tu idioma, cuando prioriza reparar sobre castigar, la gente no necesita linchar ni huir ni armar milicias privadas. Pero eso es precisamente lo que aterra al poder: la posibilidad de que la justicia funcione sin ellos, de que la democracia se sostenga desde abajo cuando ellos la traicionan desde arriba, de que 48 Cantones y cientos de comunidades indígenas puedan organizar la defensa del voto popular mientras magistrados y fiscales conspiran para anularlo.

Por eso las capturas son pedagógicas, pues no quieren enseñar que no se tolera la audacia de salvar la democracia y luego exigir transformarla. Por eso 2026 importa tanto, las comisiones de postulación están definiendo ahora si tendremos un Tribunal Supremo Electoral que cancele partidos indígenas, un Ministerio Público que fabrique casos contra defensores, una Corte de Constitucionalidad que firme sentencias validando el despojo con lenguaje jurídico impecable. Quinientos años no se resisten para sobrevivir apenas. Se resisten para transformar, para que algún día la memoria colectiva diga: “hubo un tiempo obsceno en que encarcelaban a quienes defendían ríos, criminalizaban a autoridades que sostenían la democracia, y entonces se tejieron articulaciones imposibles entre autoridades ancestrales y juristas probos, entre periodistas valientes y defensores urbanos, entre territorios y ciudades, y esa articulación rompió lo que parecía irrompible”.

Sembremos en Guatemala una milpa de justicia, no un monocultivo institucional. En nuestro terruño o conviven sistemas diversos o no convive nadie. Cada día en prisión de las autoridades indígenas es victoria de quienes necesitan nuestra división para perpetuar su dominio. El futuro no se decreta desde los palacios de gobierno. Se siembra en nuestros territorios, se defiende con el cuerpo, aun en el exilio, se teje con memoria larga y paciencia corta. La dictadura judicial tiene fecha de vencimiento. Nosotros escribiremos esa fecha.