Trabajo propone estrechar la vigilancia de los riesgos laborales en las empresas pequeñas

El Ministerio de Trabajo propone crear la figura del “agente territorial de prevención”, una persona designada por sindicatos y patronales que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El departamento de Yolanda Díaz plantea este cambio a los agentes sociales en su propuesta para reformar la ley de prevención de riesgos laborales, una negociación en marcha desde hace 21 meses y que continuó este lunes con una nueva reunión, de la que el Ministerio de Trabajo salió con reproches contra la CEOE por “calentar la silla” y le planteó un ultimátum: pide a los representantes empresariales que den su posición antes de que acabe noviembre, a lo que la patronal contestó que ya han aportado ideas y denuncian haber sufrido “faltas de respeto” y “amenazas”. De enero a septiembre han muerto 547 personas en el trabajo, un 5% menos que el año pasado, pero con un importante incremento en algunos sectores como la construcción.

El ministerio también propone un cambio en el reglamento de los servicios de prevención, según el borrador de reforma al que ha tenido acceso EL PAÍS, que implicaría más ojos puestos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos. Los sindicatos consideran habitual que estas entidades, aunque estén especializadas en la materia, estén sobrecargadas y apenas vigilen. Para enmendar la situación, el ministerio propone crear la figura del “interlocutor” con la compañía especializada, un empleado que deberá intermediar con este servicio cuando el empresario no tenga la formación o los medios para encargarse de ello.

La propuesta de crear agentes territoriales de prevención fue trasladada a los agentes sociales en septiembre. Según especifica el ministerio, estos “realizarán funciones específicas en materia preventiva en aquellas empresas o centros de trabajo de menos de diez personas trabajadoras que no cuenten con representación legal”. Es decir, serían una especie de refuerzo de la Inspección para vigilar a aquellas empresas sin representación sindical y con menos de diez empleados.

Estos agentes territoriales serán designados en cada comunidad autónoma en común acuerdo por los sindicatos y las patronales más representativos del sector en cuestión. Entre sus funciones destacan “colaborar con la dirección de la empresa y las personas trabajadoras en la mejora de la acción preventiva”; “ejercer una labor de seguimiento del cumplimiento de la normativa de prevención”; o “realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de seguimiento del estado de las condiciones de trabajo”, entre otras.

De consolidarse esta propuesta del ministerio en la normativa, se extendería una figura que ya aplica en otras comunidades autónomas, como Asturias, Navarra o La Rioja, desarrolladas mediante acuerdos entre los gobiernos autonómicos, sindicatos y patronales de la región.

“Los agentes territoriales de prevención actuarán mancomunadamente. Su actividad será objeto de planificación anual conforme a los criterios y objetivos fijados por las organizaciones que los hubiesen designado [sindicatos y patronales] en colaboración con el órgano técnico en materia preventiva de la comunidad autónoma”, agrega la propuesta de Trabajo.

Más vigilancia de los servicios de prevención ajenos

El Ministerio de Trabajo ya ha enviado tres borradores de reforma a los agentes sociales: el primero en marzo, el segundo en septiembre, que introducía la figura del agente territorial, y la semana pasada un tercer texto. La principal novedad de ese nuevo planteamiento es la creación de la figura de las “personas interlocutoras con el servicio de prevención ajeno”, las empresas a las que muchas compañías encargan estas funciones. Esta figura se articularía en el reglamento de los servicios de prevención, donde especificará (si prospera la idea de Trabajo) que en el caso de que el empresario no disponga de la capacitación para hacer tal función “deberá designar una persona que asuma sus funciones”.

Estos interlocutores deberán ser empleados de la empresa con “cualificación y experiencia necesarios para el desempeño de sus funciones, así como de la formación preventiva correspondiente”. Entre sus funciones están “el asesoramiento a la empresa acerca del contenido del concierto preventivo”; “la colaboración con la empresa en la interpretación y valoración de la evaluación de riesgos”; y “realización de propuestas e información al servicio de prevención sobre aquellas situaciones que puedan requerir la revisión de la actividad preventiva”.

Más atención a la salud mental

Esta nueva propuesta del ministerio también plantea otras novedades en materia de salud mental: cristaliza el compromiso de elaborar un reglamento específico que atienda la protección ante los riesgos psicosociales e introduce más contenidos sobre este tipo de riesgos en los cursos obligatorios que deben tomar los especialistas en prevención.

La propuesta de marzo ya introducía un cambio clave en esta materia. Mientras que la ley en vigor ahora dice que “se considerarán como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”, la nueva propuesta de Trabajo alarga esta definición: “Y que sean susceptibles de afectar a los ámbitos físico, fisiológico, cognitivo, emocional, conductual o social”.

Por otro lado, el planteamiento de Trabajo establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 personas trabajadoras (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos.

Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la crisis climática, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.

Acuerdo difícil

Hace tiempo que el ministerio no logra cerrar una acuerdo a tres partes, en el que además de los sindicatos participen las patronales (el último fue en junio de 2024). Todas las voces del diálogo social vienen subrayando la importancia de que un cambio en esta normativa lleve el respaldo de todos, pero las esperanzas sobre un consenso se han apagado en los últimos meses. Sea como sea, los sindicatos meten prisa al Ejecutivo, dado que ya hace casi dos años que la negociación celebró su primer encuentro.

El ultimátum de Trabajo visibiliza la distancia entre las posiciones de cada actor, lo que aboca a otro acuerdo del ministerio solo con los representantes de los empleados. Esto dificulta que la reforma de la ley de prevención salga adelante en el Congreso, dado el rechazo de la derecha parlamentaria (que tiene mayoría en el Legislativo) a los acuerdos del diálogo social que no suscribe la patronal. Esa oposición echó al traste el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral. Más opciones de prosperar tiene el cambio en el reglamento de los servicios de prevención, al no tener rango de ley. Fuentes del diálogo social subrayan que el Gobierno puede modificar este texto solo con el visto bueno del Consejo de Ministros.