Trabajo pactará la reforma de la prevención de riesgos con los sindicatos tras el rechazo patronal

El Ministerio de Trabajo da por finalizada la negociación con las patronales para reformar la ley de prevención de riesgos laborales y el reglamento de los servicios de prevención y buscará un acuerdo con los sindicatos. Así lo ha comunicado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha expresado una “decepción enorme” con CEOE y Cepyme por su rechazo a la propuesta del ministerio. “No he visto nunca una actitud tan dilatoria, de rémora, esquiva, de no avanzar”, ha denunciado el número dos del departamento de Yolanda Díaz, que ha acusado a las asociaciones empresariales de alargar el diálogo de forma “desleal” a la espera de que “caiga” el Gobierno. Los sindicatos UGT y CC OO también han acusado a la patronal de “bloquear” la negociación. CEOE y Cepyme no han comparecido ante los periodistas tras la reunión de este miércoles, una más tras 21 meses de negociación, pero han enviado un comunicado en el que acusan al ministerio de “haberse levantado” de este diálogo y también de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo”.

Pérez Rey ha recordado que en 2023 su ministerio alcanzó un acuerdo con sindicatos y patronales en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha opinado que esta reforma sería un paso más en la misma línea. “Es una normativa impostergable. Más de 800 personas pierden la vida cada año en el trabajo. Es jugar con la vida y la integridad física y psíquica de muchas personas”, ha comentado el secretario de Estado. Asimismo, ha indicado que la patronal ha dicho en la mesa que el texto en discusión es “burocrático” y que “no debería hablar de cambio climático” ni de “salud mental”. “Como si no murieran personas todos los veranos afectados por golpes de calor y como si los riesgos psicosociales no fueran unos de los que más están golpeando”, ha protestado el negociador de Trabajo.

“Yo solo puedo alcanzar una conclusión”, ha continuado Pérez Rey, “y es que la patronal nos está queriendo decir que sigue negociando a ver si cae el Gobierno. No se puede explicar de otra manera. Han puesto excusas inasumibles, rechazando aspectos que suscribieron en la Estrategia de Salud”. El secretario de Estado de Trabajo ha señalado que espera alcanzar un acuerdo con las centrales antes de que acabe el año y ha dicho que el posible entendimiento está muy avanzado. De enero a septiembre han muerto 547 personas en el trabajo, un 5% menos que el año pasado, pero con un importante incremento en algunos sectores como la construcción.

En su comunicado conjunto, CEOE y Cepyme dicen “lamentar” que el ministerio “se haya levantado de la mesa de negociación sobre la actualización de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales para legislar sólo con los sindicatos”. “La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales”, agregan las patronales. Dado este escenario, las asociaciones empresariales piden a Trabajo que abra “un diálogo social real y efectivo y a descartar la vía de la imposición de medidas sólo pactadas con los sindicatos, que perjudicarán tanto a empresas como a trabajadores”.

Pérez Rey ha subrayado que parte de esta reforma se puede aprobar por decreto, sin respaldo parlamentario, pero que igualmente buscarán el apoyo del Congreso para lograr una reforma completa. La Cámara ya rechazó en septiembre el cambio laboral estrella que proyectaba el ministerio, la reducción de jornada a 37 horas y media, y entonces Junts aún no había oficializado su ruptura con el Ejecutivo. Sin respaldo patronal, es muy difícil que la mayoría de derechas del Congreso apruebe los cambios con rango de ley. CEOE y Cepyme critican al ministerio por plantear la posibilidad de sacar adelante por decreto los cambios que no exijan tramitación parlamentaria: creen que ello “vulnera los principios esenciales de un diálogo social real”.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, ha dicho tras la reunión que siente una “profunda tristeza” y también “preocupación” por no haber alcanzado un acuerdo en este tema con la patronal. “No hablamos de un incremento salarial, de un tipo de contrato, es de proteger la salud y la vida de las personas trabajadoras. Creo que este concepto no está calando lo suficiente en la sociedad”, ha agregado la sindicalista.

Por su parte, Mariano Sanz, secretario confederal de salud laboral de CC OO, ha comentado que la propuesta sobre la que se está trabajando no es la de los sindicatos: “La nuestra es más ambiciosa, pero queríamos llegar a un acuerdo con las patronales en un tema tan sensible como este”. Este sindicalista ha considerado que la patronal “tiene secuestrada su voluntad para llegar a acuerdos porque está en un posicionamiento de oposición al Gobierno”.

Qué plantea Trabajo

El texto que Trabajo ha planteado a los sindicatos (se han propuesto tres borradores) propone crear la figura del “agente territorial de prevención”, una persona designada por sindicatos y patronales que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El ministerio también propone poner más ojos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos.

Por otro lado, el planteamiento de Trabajo establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 personas trabajadoras (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos.

Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la crisis climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.