La construcción pide anticipar la jubilación con la nueva vía y la reclama para un millón de trabajadores

El 27 de mayo el Gobierno dio un paso muy esperado por los trabajadores de los sectores más penosos, los que implican grandes esfuerzos físicos o exposición a sustancias peligrosas. El Consejo de Ministros aprobó la nueva vía para anticipar la jubilación en las profesiones más exigentes de esos sectores, un nuevo procedimiento que toma en cuenta las muertes, las bajas y la duración de las mismas en cada puesto. Los sindicatos más representativos de la construcción, CC OO y UGT, han registrado este miércoles la petición para que la Seguridad Social estudie su caso, lo que coloca a albañiles, encofradores o peones en la rampa de salida para acceder a este nuevo derecho. Lo han hecho sin respaldo patronal, ya que la principal asociación empresarial denuncia el sobrecoste en cotizaciones que implicaría este nuevo instrumento, a pesar de que deriva de un acuerdo en el que participaron CEOE y Cepyme.

“La naturaleza del desarrollo habitual de la actividad laboral de estos profesionales tiene, además de una alta demanda física con elevados ritmos de trabajo, una naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”, exponen los sindicatos en el escrito dirigido a la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Esto”, dicen CC OO y UGT sobre esa penosidad, “implica que las y los trabajadores de la construcción sufran unos índices de morbilidad y mortalidad muy superiores a otros sectores”.

Los datos oficiales de accidentes en el trabajo sustentan esa afirmación: el año pasado murieron 135 personas en jornada en la obra y se produjeron otros 929 accidentes graves, más 80.633 leves. Solo en transporte y almacenamiento, dados los accidentes de camioneros, se registraron más fallecimientos en 2024. Por índice de incidencia, que relaciona los ocupados en el sector con los decesos, hay aún más muertes que en la construcción (9,6), en el campo (9,7), en el suministro de energía (10), en el transporte (12.6) y en la minería (27,7).

Los mineros ―como los trabajadores del mar y la mayoría de policías autonómicas― disfrutan desde hace años de los llamados coeficientes reductores, el instrumento que esperan conseguir los albañiles. Consiste en que cada año cotizado en una ocupación penosa cuenta como un periodo superior, de manera que la edad ordinaria de jubilación llega antes para ese profesional y sin penalización en su pensión final. Según establece el nuevo procedimiento, la edad mínima que se podrá adelantar la jubilación es a los 52 años.

“Lo pedimos para los oficios más peligrosos porque es de justicia. Los números sobre personas que fallecen en la obra son incontestables y está clarísimamente demostrado que cuantos más años tienes, más probabilidades tienes de sufrir un accidente grave o mortal. No tiene discusión. Somos el primer sector que lo solicita”, opina Daniel Barragán, jefe de CC OO del Hábitat. Coincide Sergio Estela, responsable del área de la construcción en UGT: “No es de recibo que una persona de 60 años esté subida a un andamio”. Subraya que anticipar la jubilación en el sector “rejuvenecería” la actividad y “le daría un empuje que le falta”, ya que “hay mucha gente que se animaría a entrar si sabe que va a poder jubilarse antes”. Ambos sindicatos reunieron a unas 400 personas en mayo ante el Ministerio de Seguridad Social para reclamar los coeficientes en el sector.

71% de trabajadores

El ministerio de Elma Saiz viene esforzándose en rebajar las expectativas en torno a esta medida. Deja muy claro que no aplicará a sectores al completo, que solo se dará en las actividades más exigentes y siempre que esa penosidad no pueda ser compensada con medidas de adaptación.

Los sindicatos de la construcción no piden los coeficientes para todo el sector, pero sí para la mayor parte. Los reclaman para 1,05 millones de trabajadores, atendiendo al promedio de ocupados en la Encuesta de Población Activa de 2024. Esto es el 71% de los trabajadores del sector, según consta en la petición de los dos sindicatos. Entre los grupos más numerosos destacan los albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (335.160 empleados), peones de la construcción y de la minería (129.582), electricistas de la construcción y afines (125.232) o los pintores, empapeladores y afines (74.354).

La cautela del ministerio tiene el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom). De ahí que el reglamento establezca que el impacto de los coeficientes debe ser neutro, es decir, que se dé una sobrecotización suficiente como para compensar el alza que supone que estas personas se jubilen antes. La mayor parte de este esfuerzo económico adicional recaerá en el empresario.

Ese sobrecoste laboral es el que viene justificando el rechazo de la Confederación Nacional de la Construcción. Su presidente, Pedro Fernández Alén, dice que la medida implica “un aumento de costes” que resulta “complicado de asumir”. Pero, a la vez, deja una puerta abierta a la negociación. A la pregunta directa sobre si se plantean secundar la iniciativa, contesta: “No podemos decir ni que sí ni que no. Tenemos que verlo, siempre sentándonos a analizarlo con los sindicatos”. Los sindicatos contraponen que el aumento del coste en cotizaciones compensará a los empresarios, dada la previsible reducción en incapacidad temporal. Fernández Alén dice que los coeficientes deberían ser “extremadamente quirúrgicos”, de manera que apliquen a ocupaciones muy concretas, y que quiere conocer la opinión de la Seguridad Social. “Es importante saber cuál es su posición al respecto”, añade el presidente de la CNC.

Después de la construcción, otras actividades reclamarán los coeficientes reductores. El único gran sector en el que consta un acuerdo entre sindicatos y patronales para pedirlo de la mano es el transporte. Los sindicatos de la dependencia, de las camareras de piso, de la tripulación de cabina de los aviones o de los mozos de equipaje también han manifestado su intención de reclamar este nuevo derecho.

Desde el 27 de mayo, el Gobierno tenía cuatro meses para componer el grupo que analizará cada petición, y que decidirá basándose en los criterios objetivos ya mencionados. Una vez puesto en marcha ese equipo, que estudiará cada requerimiento, deberá contestar en un plazo máximo de seis meses desde el registro.