La Audiencia confirma que el expresidente de BBVA y su cúpula estaban fuera de la normativa de control para contratar a Villarejo

El caso Villarejo lleva persiguiendo a BBVA desde julio de 2019, cuando el juez de la Audiencia Nacional que dirigió las pesquisas acordó su imputación. La investigación por los presuntos espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó sobre empresarios, políticos y periodistas por encargo de la entidad financiera durante más de 10 años llevaba entonces unos meses en marcha, pero no fue hasta ese verano cuando el foco se puso de lleno sobre el segundo banco español. Unos meses después fue involucrado en la macrocausa Francisco González, el que fuera su presidente durante más de 20 años y hasta 2018, así como su cúpula directiva. Casi siete años después, la Audiencia Nacional ha acercado al banco, que hoy dirige Carlos Torres, y a los ex altos cargos a un futuro juicio tras confirmar que existen suficientes indicios de que la contratación de los servicios del expolicía la gestionó la alta jerarquía de la entidad sin ningún tipo de control interno.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional notificó este viernes 11 autos en los que avaló íntegramente todas las conclusiones del ya juez instructor jubilado, Manuel García Castellón, para procesar a BBVA, a González y a una docena de investigados, entre ellos ex altos cargos del banco, al igual que a Villarejo, por los presuntos delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos.

BBVA defendió su inocencia alegando en el recurso que “la base indiciaria es tan frágil que no se podrá demostrar la comisión de delito”. De hecho, espetó que la investigación era una “causa general contra banco, sin precedentes” y reprochó al instructor que copiara “palabra por palabra” el escrito por el que Anticorrupción pidió enviar a juicio esta pieza separada. La Sala de lo Penal no comparte este criterio y señala que las conclusiones expuestas por el juez García Castellón en un auto con fecha del 20 de junio de 2024 “no son irrazonables ni ilógicas”, al entender que todas las pruebas incorporadas al sumario acreditarían que el “sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos no era eficaz y dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección”.

Asimismo, el órgano colegiado respalda al instructor y apunta que el hecho de que asuma plenamente los argumentos de la Fiscalía no significa que no haya llevado a cabo la obligada labor de revisión de los indicios de criminalidad. “Simplemente que no puede decir nada más de lo dicho por el ministerio fiscal”, zanja.

Villarejo realizó diversos trabajos para BBVA entre 2004 y 2016. Además de entregar informes de actualización de sus investigaciones, que entregaba al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano (a quien conocía por la anterior etapa profesional de este en la Policía Nacional), incluía registros de llamadas, documentación personal de bases de datos policiales e interceptación de llamadas telefónicas. La relación comenzó ante la necesidad del banco de desactivar la opa lanzada por Sacyr Vallehermoso para hacerse con el control del banco. Villarejo fijó entonces como objetivos al expresidente de Sacyr Luis del Rivero; al exvicepresidente de BBVA José Domingo de Ampuero, y al exdirector general adjunto del banco Vicente Benedito Francés, así como al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, entre otros. Tras ello, las investigaciones se fueron extendiendo a otras personas, como al expresidente de Colonial, Luis Portillo; el de Martinsa, Fernando Martín, y el Grupo Prasa que mantenía una deuda con la entidad, o al líder de la asociación Ausbanc, Luis Pineda, contra quien se presentó una “denuncia anónima”, que provocó la apertura de una investigación judicial por extorsión.

Con todo ello, la Sala de lo Penal pone en duda que el sistema de prevención de delitos que tenía entonces BBVA fuera “eficaz”, requisito necesario para eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica, y decide que sea durante la celebración del juicio cuando se aclare si había posibilidad o no de haber actuado de otro modo para comprobar que los servicios contratados a Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, al que se abonó más de 10 millones de euros, cumplió la normativa interna de compras. Según indican, las pesquisas habrían detectado que una de las fórmulas para eludir el control era registrar esta sociedad como acreedor en lugar de proveedor.

Recursos del banco para uso privado

Los magistrados agregan a esta dinámica regalos efectuados por el banco a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia”, con el objetivo de obtener un beneficio, como se desprendía de correos electrónicos intercambiados entre Corrochano (también procesado) y el que fuera comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (amigo de Villarejo) o con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) ―uno de los máximos responsables policiales, encargados de sistemas de seguimiento y escuchas, entre otras funciones― Enrique García Castaño, alias El Gordo, sobre visados de familiares u amigos de directivos del banco, o peticiones de información. También se destacan pruebas sobre recomendaciones de candidatos en procesos de contratación de entidades del grupo BBVA, de acuerdo a las comunicaciones electrónicas de altos cargos del banco, que forman parte del sumario de la causa.

Otro de los hechos que resalta la Sala de lo Penal es la disposición de recursos de BBVA para uso personal y privado de la alta dirección “sin control de ningún tipo por parte de la entidad”. Así, recuerda casos como que “Francisco González utilizó personal y recursos del banco para asesoramiento tributario y adquisición de fincas a título privado, obtención de datos del Registro, cuestiones relativas a sus vacaciones y uso del avión corporativo con ese fin”. El auto se refiere asimismo a la disposición por parte del entonces consejero delegado de la entidad vasca, Ángel Cano, de dinero en efectivo de la entidad sin que conste la finalidad.

En cuanto a la actuación presuntamente ilícita de González, la Sala de lo Penal afirma que conoció y autorizó los encargos a Villarejo y que, en algunos casos, ordenó la contratación de Cenyt. El expresidente de BBVA alegó desconocimiento de la vinculación de dicho entramado empresarial con “un policía en activo”, como era entonces Villarejo, y de que habría utilizado métodos ilícitos, argumentando que el control de los proveedores no estaba dentro de sus funciones. Sin embargo, los magistrados no dan credibilidad a esta defensa y apuntan que el que fuera máximo responsable del banco no solo habría ordenado la contratación a través de Corrochano, después de que este le hablara de la existencia de un “anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad”, sino que habría reducido el conocimiento del mismo a “un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad”.

Las dudas sobre el cohecho

Todo ello será analizado por el tribunal de la Audiencia Nacional que ya ha juzgado varias de las piezas separadas de la macrocausa y que no ve claro que, al menos en esos casos, los trabajos privados de Villarejo encajen el cohecho, el delito que vertebra el proceso, al entender que los pagos a Cenyt son una contraprestación de un servicio privado y no han causado un menoscabo a la Administración Pública. Asimismo, en varias de las causas, los jueces han entendido que sí se han cometido los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a particulares, si bien tanto Villarejo como otros acusados han terminado siendo absueltos por prescripción. BBVA y sus ex altos ejecutivos han pedido el archivo varias veces por este supuesto, pero tanto el instructor como la sala de apelación lo han rechazado.

Con la resolución de los recursos, el tribunal despeja el camino para que el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 (órgano en el que se tramita la macrocausa sobre los espionajes de Villarejo), Antonio Piña, recabe todos los escritos de acusación ―falta por presentarse el de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió esperar a conocer las resoluciones que acaban de dictarse― y dicte la apertura de juicio oral, lo que sentará definitivamente a los investigados en el banquillo de los acusados.

Las acusaciones particulares han solicitado distintas penas de prisión para Villarejo, así como para los exdirectivos de BBVA, situando a Corrochano en el centro de toda la trama. En cuanto a la responsabilidad del banco, algunas de ellas solo le atribuyen la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, que afronten las posibles indemnizaciones, si hay una sentencia condenatoria, en caso de que los condenados no lo hagan. Sin embargo, otras han ido más allá pidiendo que afronten cuantiosas multas por la actuación de sus altos ejecutivos, incluso la disolución, como es el caso del presidente de Ausbanc.

Falta por conocer cuál será la postura al respecto del ministerio público, pero el desarrollo de la investigación hace previsible que le acusen como persona jurídica. Los fiscales Anticorrupción encargados de esta pieza separada han sido muy críticos con la línea de defensa de BBVA, que insiste en que siempre ha estado a disposición de la justicia para aclarar los hechos.