El novio de Ayuso usa la condena al Fiscal General para pedir la nulidad de su causa por fraude a Hacienda

Alberto González Amador ha solicitado que se tenga en cuenta la condena al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos para anular la causa por fraude a Hacienda contra él, según el escrito de defensa previo al juicio. El documento al que ha tenido acceso EL PAÍS este jueves argumenta que la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sufrió una vulneración de sus derechos de defensa y presunción de inocencia por la filtración del famoso correo en el que confesaba su culpa para buscar una rebaja de su pena. Sin embargo, esta opción de anular la causa contra él ya había sido descartada en diciembre por el propio Supremo, que abordó esa hipótesis en la sentencia condenatoria a García Ortiz.

Amador ha hecho esta solicitud en su escrito de defensa que presentó el miércoles al juzgado de instrucción 19 de Madrid. Este es un documento preparatorio del juicio en el que los acusados suelen pedir la absolución y proponer pruebas. En este caso el novio de Ayuso también ha planteado que se aborde como cuestión previa a la entrada en el fondo del asunto la “acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales” causados tanto por el Ministerio Fiscal como por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“El máximo defensor y garante sobre el papel (de nuestro Estado constitucional y de Derecho) de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó y transformó esa posición de garante, en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia de D. Alberto González Amador en este procedimiento”, dice el escrito de acusación, de 33 páginas.

A lo largo de varias páginas el escrito detalla cronológicamente cómo se produjo la filtración del correo y la nota informativa en que la Fiscalía citaba ese email, y que difundió en respuesta a las informaciones que apuntaban a que, por un motivo espurio, el fiscal había propuesto a Amador que se declarase culpable. También se enumeran declaraciones del presidente Pedro Sánchez y varios ministros que se refirieron a él como “delincuente confeso” o que “cometió un delito”.

“El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todos su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de Derecho”, dice el escrito.

Aún no se conoce qué juez de lo penal de Madrid juzgará a Amador ni en qué fecha. Fuentes judiciales advierten de que el juicio podría demorarse más de un año debido al atasco que sufren estos órganos judiciales situados en el polígono de Julián Camarillo de la capital.

La investigación contra Amador comenzó en Hacienda en mayo de 2022 y fue continuada por una jueza de instrucción de Plaza de Castilla en marzo de 2024. Fue enviado al banquillo en septiembre del año pasado, acusado de usar 15 facturas falsas para simular gastos y así rebajar su cuota tributaria en el impuesto de sociedades. Se le acusa de defraudar 350.910 euros.

La petición que ha hecho la defensa de Amador obvia lo manifestado por el Alto Tribunal en su sentencia condenatoria. Los magistrados del Supremo se refirieron entonces a la posibilidad de que Amador pudiese buscar en ese proceso contra el entonces Fiscal General “algún rendimiento defensivo de cara al que se sigue contra él” y añadió que un juez profesional sabe que no se debe valorar como prueba unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad (en referencia al correo filtrado). Al respecto, añadieron que esa vía “la consideramos totalmente cerrada, es inacogible".

El escrito de defensa también aborda el fondo del asunto. Así, los dos abogados de Amador, Carlos Neira y Gabriel Rodríguez-Ramos, sostienen que dos de las 15 facturas (las de mayor cuantía) no eran falsas y que las empresas que las emitieron realmente prestaron esos servicios. Se trata de una factura de 620.000 euros emitida en 2020 por la empresa mexicana MKE a la que Amador supuestamente pagó para que le buscara oportunidades de negocio en México, y otra de 922.585 euros emitida por la empresa costamarfileña Gayani que supuestamente hizo tareas de intermediación para competir en una licitación de compraventa de vacunas contra el coronavirus en ese país africano.

Para probarlo, solicitan la comparecencia de dos testigos que supuestamente podrían acreditar la realidad de los servicios en Costa de Marfil y que no fueron citados por Hacienda o por la jueza instructora. Además, se aportan una serie de billetes de avión y fotos de reuniones ya incorporados previamente a la causa.

Además, piden cuatro ajustes en la liquidación que usó Hacienda para calcular la cuantía defraudada según los cuales no se superaría la cantidad de 120.000 euros por ejercicio fiscal, la mínima para que los hechos sean considerados delictivos.

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