La denuncia de la CECU ante la CNMC para que investigue los márgenes de los supermercados irrita al sector

La decisión de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) de presentar este miércoles una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un presunto aumento injustificado de los márgenes en la distribución alimentaria abre un nuevo frente en el debate sobre el precio de la cesta de la compra. La organización de consumidores sostiene que los supermercados podrían haber incrementado sus beneficios más allá de lo razonable en un contexto de fuerte inflación. El sector de la distribución, sin embargo, rechaza esta interpretación y cuestiona tanto la base técnica de la denuncia como su oportunidad política.

La acusación alerta de que la estructura del mercado podría estar permitiendo a las empresas desempeñar prácticas que “atentan contra la competencia en perjuicio de los consumidores” e insiste en que eso ha provocado un encarecimiento de los alimentos que supera la evolución de precios del resto de productos. Según sus cálculos, basados en la evolución del IPC que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2021 los alimentos se han encarecido casi el doble que el índice general de precios al consumo. CECU insiste en que esto ha sido posible por la asimetría que existe en el mercado. El 80% del sector agrario son microempresas con menos de diez trabajadores. En cambio la distribución presenta un grado de concentración muy elevado, ya que más de la mitad del mercado se controla por apenas cinco o seis grandes grupos. Esa diferencia de tamaño y poder permite a las cadenas, según la denuncia, ejercer una presión decisiva sobre proveedores y precios finales.

La CNMC deberá ahora analizar con detalle si existen indicios suficientes antes de abrir un expediente formal.

El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, defiende el funcionamiento del mercado español e insiste en que la distribución alimentaria en España opera con márgenes tradicionalmente reducidos y en un entorno de competencia intensa. Además, recuerda que distintos informes oficiales han atribuido el grueso del encarecimiento de los alimentos desde 2021 a factores externos, como el aumento de los costes energéticos, las materias primas o las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania. “Estamos deseando conocer los detalles de esta información, pero las bases que parece que la sustentan son absolutamente erróneas, como ha demostrado el propio Ministerio de Economía en sus comunicaciones a la Unión Europea”, asegura Magarzo, representante de la principal patronal empresarial de la distribución alimentaria (aglutina a Mercadona, Día y Lidl).

En ese sentido, el último Programa de Estabilidad del Gobierno, correspondiente a 2023-2026, apunta a que la mayor parte de la inflación alimentaria de 2022 tuvo su origen en el encarecimiento de las importaciones. El documento sostiene que los márgenes empresariales no fueron el motor principal de la subida de precios. La CNMC, por su parte, publicó en agosto de 2023 un análisis sobre la aplicación de la rebaja del IVA en alimentos básicos. Tras examinar más de 60.000 precios de los principales operadores, el regulador concluyó que la reducción fiscal se trasladó de forma íntegra al consumidor en un plazo inferior a un trimestre y no detectó comportamientos “sistemáticos” contrarios a la competencia, ni siquiera en zonas con alta concentración de supermercados.

Desde la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) ―la patronal de El Corte Inglés o Carrefour― se han limitado a decir que no tienen detalles concretos de la denuncia y que por el momento no entrarán en el debate. Eso sí, recuerdan que el Ministerio de Agricultura, a través del Observatorio de la Cadena, analiza periódicamente las cadenas de valor y ha concluido que los eslabones de la cadena alimentaria, en particular la distribución, “han tenido un comportamiento responsable”.

La controversia también ha generado debate dentro del propio ámbito del consumo. Fernando Moner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y expresidente de CECU, asegura que su organización, que forma parte de CECU, no fue consultada antes de la denuncia. Moner sostiene además que los observatorios de precios que gestionan desde hace años no han detectado incrementos anómalos de beneficios en el comercio minorista, y vincula la subida de precios al aumento de los costes de producción. En esta materia, la asociación denunciante se respalda en datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, que en un informe de diciembre del año pasado concluyó que este indicador ha crecido de forma sostenida desde 2019, tanto en el conjunto de la economía como, de manera específica, en la cadena agroalimentaria.