CECU denuncia ante Competencia la subida de márgenes de los supermercados con los alimentos

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha llevado el debate sobre el encarecimiento de los alimentos al terreno de la competencia. La organización ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue si el funcionamiento de la gran distribución agroalimentaria en España, es decir, las grandes cadenas de supermercados, está derivando en un oligopolio que perjudica a los consumidores. La acusación alerta de que la estructura del mercado podría estar permitiendo a las empresas desempeñar prácticas que “atentan contra la competencia en perjuicio de los consumidores” e insiste en que eso ha provocado un encarecimiento de los alimentos que supera la evolución de precios del resto de productos.

La denuncia parte de un dato difícil de ignorar. Desde 2021, los alimentos se han encarecido casi el doble que el índice general de precios al consumo. Ese diferencial se traduce en subidas muy concretas en productos básicos. Según sus cálculos, la leche entera se ha encarecido casi un 40%; la carne de porcino un 29%; y las legumbres y hortalizas frescas, un 26%. Para la organización, no se trata de un episodio coyuntural ni de un simple traslado de costes, sino de desequilibrios en la cadena agroalimentaria.

El corazón del problema, según la federación, está en la asimetría del mercado. La producción agraria española está extremadamente fragmentada: el 80% del sector son microempresas con menos de diez trabajadores. Frente a ellas, la distribución final presenta un grado de concentración muy elevado. Diversos informes citados en la denuncia señalan que más de la mitad del mercado se controla por apenas cinco o seis grandes grupos. Esa diferencia de tamaño y poder permitiría a las cadenas ejercer una presión decisiva sobre proveedores y precios finales.

CECU, que pertenece a la organización europea de Consumidores BEUC y a nivel global a Consumers International, sostiene que esta concentración otorga a la gran distribución un poder de compra excesivo, capaz de imponer condiciones económicas unilaterales y de retener márgenes “injustificadamente” altos. La denuncia se apoya en los artículos 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíben tanto el abuso de posición dominante como las prácticas desleales que distorsionan el mercado y dañan el interés público.

Uno de los principales respaldos empíricos de esta acusación procede del Observatorio de Márgenes Empresariales, un organismo impulsado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria. En su informe presentado el 10 de diciembre de 2025, el observatorio concluye que los márgenes empresariales han crecido de forma sostenida desde 2019, tanto en el conjunto de la economía como, de manera específica, en la cadena agroalimentaria.

El análisis oficial reconoce que el origen de la inflación fue un shock externo —el encarecimiento de las importaciones de energía y fertilizantes, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania—, pero subraya que la evolución posterior de los precios finales ha venido acompañada de un aumento creciente de los márgenes. Entre 2019 y 2024 se habría producido un cambio estructural: mientras los costes de producción y los salarios se mantienen relativamente estables, el peso del margen sobre las ventas ha aumentado de forma significativa. En el caso de la gran distribución, el margen sobre ventas del conjunto de la cadena agroalimentaria pasó del 4,7% en 2019 al 6,5% en 2024.

Ese ensanchamiento se refleja en la evolución de los precios de los alimentos. En 2024, eran un 35,7% superiores a los de 2019. Aunque el coste de los insumos sigue siendo el principal motor de ese aumento, la aportación del margen empresarial —prácticamente inexistente en 2020— alcanzó los 2,4 puntos porcentuales en 2024. Para CECU, este dato confirma que la gran distribución no solo ha trasladado el aumento de costes, sino que ha aprovechado el contexto inflacionario para ampliar sus beneficios.

Precedentes

La federación también se apoya en un caso similar dado a conocer recientemente en Italia. A finales del año pasado, la autoridad italiana de Competencia acordó abrir una investigación de mercado tras constatar un patrón similar: entre 2021 y 2025, la inflación general fue del 17,3%, mientras que la de los alimentos alcanzó el 24,9%. En el acta difundida, el regulador italiano alertó sobre un nivel de concentración creciente en la distribución que podría estar permitiendo la retención injustificada de valor.

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades italianas es el auge de las marcas de distribuidor. Estas refuerzan el poder negociador de las cadenas frente a los proveedores y generan una competencia directa en la que el distribuidor actúa simultáneamente como cliente y competidor del fabricante. En 2024, las marcas blancas en Italia registraron una facturación un 35,4% superior a la de 2019, consolidándose como una pieza central de la estrategia comercial del sector. En España, estas han crecido con fuerza a raíz de la crisis inflacionaria y rozan el 50% de los productos que se venden en los supermercados, según datos de las consultoras Nielsen y Kantar.

Otro fenómeno señalado por la investigación italiana —y que CECU traslada al caso español— es el llamado trade spending: los pagos que los proveedores deben realizar a las cadenas por servicios comerciales como el posicionamiento en los lineales o las promociones. Estas prácticas, advierte la federación, generan un profundo desequilibrio contractual que termina repercutiendo en el precio final que paga el consumidor.

El resultado de este engranaje, según CECU, es una pinza que aprieta por ambos extremos. Los pequeños productores ven cómo sus márgenes se reducen, en muchos casos hasta no cubrir costes, mientras los consumidores afrontan precios récord en el supermercado. Si se confirman las prácticas denunciadas, sería un incremento artificial del coste de la vida derivado de la concentración del poder de mercado en pocas manos. El expediente está ahora en manos de Competencia, que deberá determinar si abre la investigación de oficio y analiza en profundidad el ejercicio del poder de compra de la gran distribución.