El impacto negativo del envejecimiento sobre la economía hubiera sido el doble sin la inmigración

La fuerte llegada de migrantes a España registrada en los últimos años tiene dos claros beneficios en el plano demográfico y laboral: ha rejuvenecido la población del país e incrementado las tasas de empleo y participación. Un cóctel que ha permitido contener el impacto negativo del envejecimiento sobre el mercado laboral y el crecimiento en general. Sin inmigración, la reducción de la población en edad de trabajar habría sido mucho más acusada, en concreto más del doble que la finalmente registrada entre el año 2000 y 2019. En esas dos décadas, el llamado dividendo demográfico, un concepto clave para determinar el potencial de crecimiento económico, se redujo en 4,6 puntos porcentuales en lugar de 7,8 puntos, la caída que se hubiera registrado sin contar con los flujos de trabajadores foráneos.

En resumen, la inmigración no ha sido suficiente para revertir del todo el impacto negativo del envejecimiento, pero ha mitigado en cerca de un 60% el deterioro del dividendo demográfico, un parámetro que indica el impulso a la productividad económica que se genera en un país cuando la población activa aumenta más que la general, actuando como motor de crecimiento. Esta es una de las conclusiones del estudio Inmigración, Envejecimiento y Dividendo Demográfico: El caso de España en perspectiva, publicado este miércoles por el centro de estudios Fedea y firmado por el subdirector del organismo, Ignacio Conde-Ruiz, y los economistas Clara I. González y Miguel Díaz-Salazar.

El documento también apunta a que el efecto de la mano de obra migrante sobre la tasa de empleo, nulo en el periodo 2000-2019, pasó a ser positivo entre 2020 y 2024, con una diferencia de 0,22 puntos porcentuales anuales a favor del escenario con inmigración (casi un punto en términos acumulados en los cuatro años analizados). De cara al futuro, la llegada de migrantes seguirá funcionando como un bálsamo que amortiguará “de forma creciente el lastre demográfico”, aunque no podrá compensar del todo la huella que el invierno demográfico está dejando sobre el crecimiento.

“Estos resultados plantean varios retos”, apunta el informe. En primer lugar, menciona el “desafío de integración y cualificación”, puesto que el convertir una mayor población activa potencial en mano de obra efectiva y cualificada no es automático, sino un proceso que “requiere itinerarios de inserción, reconocimiento de competencias y reducción de brechas educativas”. En segundo lugar, hace hincapié en uno de los grandes talones de Aquiles de la economía española: la baja productividad. Con una población cada vez mayor, la mejora en los ingresos por habitante dependerá cada vez menos de la cantidad (la demografía) y cada vez más de la calidad (las mejoras en la productividad).

El informe se publica a pocas semanas de que el Gobierno aprobara una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular que beneficiará a cerca de medio millón de personas, según las estimaciones del Ejecutivo, aunque otros análisis elevan la cifra por encima de los 800.000. La medida permitirá a ese nutrido grupo de personas salir de la sombra y gozar de los derechos que les corresponden como ciudadanos en plena regla —y cumplir con las obligaciones que van aparejadas a esa condición y que redundarán en una mayor aportación a las arcas públicas—, pues ya viven en el país y forman parte de su engranaje económico, aunque de forma invisible.

“En síntesis, la inmigración ha sido y previsiblemente seguirá siendo un componente relevante del crecimiento por la vía demográfica, pero no es una solución suficiente por sí sola”, insiste el documento de Fedea. Su contribución dependerá de la capacidad para convertir ese potencial en empleo y productividad, y de la coherencia entre políticas de integración, mercado de trabajo, educación y tecnología”.

Evolución de la población extranjera

España mantuvo hasta mediados de los setenta, cuando terminó la dictadura, la condición de país emisor de migrantes. Solo a partir de los noventa, con la integración plena en el mercado comunitario, pasó a ser receptor neto de migrantes y en la década de los 2000 fue el país europeo con más flujos en entrada, con una media de 600.000 personas al año. Entre 2000 y 2007, la población extranjera se multiplicó por cinco y jugó un papel fundamental para que la población total creciera a tasas cercanas al 2% —el porcentaje no hubiese superado el 0,5% solo con la población nativa—.

Con la Gran Recesión la situación se dio la vuelta y los flujos migratorios se tiñeron de rojo, pero la tendencia se revirtió al salir de la pandemia. En el periodo 2022-2024, las cifras volvieron a acercarse a los niveles de 2007, con un saldo neto de 650.000 personas. En cuanto al origen de la población que vive en España, pero que ha nacido en algún país extranjero, el grupo más numeroso procede de Sudamérica (7%), seguido de otros países de la UE (3,3%) y África (3,1%).

Pasando de lo general al detalle, la población migrante suele ser más joven, tener hijos más pronto y contar con una tasa de participación laboral superior a la de los nativos, del 60,4% en 2024, frente al 50,1% de los españoles —aunque tienen también mayores porcentajes de desempleo—. “Esto se explica principalmente porque el principal motivo de llegada a nuestro país es el laboral”, explica el documento de Fedea. “De hecho, su tasa de actividad supera en alrededor de 15 puntos porcentuales a la de la población nativa”, añade, recordando que otras investigaciones apuntan a que los trabajadores nacidos en el extranjero aportaron 2,3 puntos porcentuales al incremento total del empleo en 2023, en comparación con los 1,3 puntos en los Países Bajos y 1 punto en Alemania.