La población en riesgo de pobreza cae a mínimos desde 2008, pero aún hay cuatro millones de personas con carencias severas

El número de personas en riesgo de pobreza en España ha vuelto a reducirse en 2025, al ser el 19,5% de la población. Es el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica, que arranca en 2008. El descenso confirma la mejora de los ingresos de los hogares tras varios años marcados por la inflación y el encarecimiento del coste de la vida. Pero a pesar de este descenso, hay más de cuatro millones de personas ―el 8,1% de la población― que viven en situación de carencia material y social severa, sin capacidad para afrontar los gastos básicos. Así lo recoge la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

El centro estadístico muestra una evolución favorable de los principales indicadores de bienestar económico. La tasa AROPE, un estándar internacional que mide tanto la población en riesgo de pobreza como aquella con carencias severas o con problemas de empleabilidad, descendió hasta el 25,7%, encadenando su segundo año de caída y marcando un nuevo mínimo en la serie. La mejora se apoya principalmente en el aumento de los ingresos medios y en un mercado laboral más dinámico, aunque los avances no se reparten de forma homogénea ni alcanzan con la misma intensidad a todos los hogares.

El riesgo de pobreza, medido como el porcentaje de personas cuyos ingresos se sitúan por debajo del 60% de la mediana nacional, bajó dos décimas respecto a 2024 y casi un punto respecto a los años álgidos de la crisis inflacionaria, cuando el Índice de Precios al Consumo alcanzó los dos dígitos y puso en aprietos a muchas familias al reducir su poder adquisitivo. En cuestión de tres años, unas 138.000 personas han salido del riesgo de pobreza, a pesar de que la población residente en España ha aumentado ―los últimos datos del INE la cifran en 49,4 millones de habitantes―. Este avance es gracias a la mejora de las rentas salariales y a la estabilidad del empleo. El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros, tras crecer un 5,5% en un año.

Sin embargo, la reducción es mucho más limitada cuando se observa la pobreza más intensa. A pesar de también haber retrocedido dos décimas respecto a 2024, el porcentaje de población que sufre carencia material y social severa sigue afectando a más de cuatro millones de personas. Este concepto se refiere a hogares que no pueden permitirse al menos siete de trece conceptos considerados esenciales, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos o disfrutar de una semana de vacaciones al año fuera de casa.

El 8,5% de la población española manifestó en 2025 llegar a fin de mes con mucha dificultad. Y pese a que el ingreso medio por habitante creció, más de un tercio de los encuestados admitían no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. Son seis décimas más que en el año anterior. Además, hay alrededor de 16 millones de residentes en España que no pudieron irse de vacaciones al menos una semana. Las cifras describen un escenario de fragilidad para muchas familias, especialmente aquellas con menores a cargo, monoparentales y que tiene empleos inestables o ingresos ajustados.

En un análisis más pormenorizado se puede ver que, uno de los factores que condiciona la pobreza es el bajo nivel de trabajo efectivo. En 2025, un 8% de la población tuvo una baja intensidad en el empleo, esto es que, estando en edad de trabajar, estuvieron ocupados menos del 20% del tiempo. La cifra no varió ni una décima respecto al año previo, lo que evidencia limitaciones en el mercado laboral.

En cambio, sí creció una décima, hasta el 1,4%, la población que se encontraba simultáneamente en riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y con baja intensidad en el empleo. Este colectivo representa a los más vulnerables, pues no solo viven en una situación de paro, sino que también carecen de recursos y apoyos públicos suficientes.

Diferencias por territorios

El análisis territorial revela diferencias muy marcadas entre comunidades autónomas. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia concentran las tasas más elevadas de riesgo de pobreza o exclusión social, por encima del 30% de su población. Y registran también mayores niveles de carencia severa y dificultades económicas en los hogares. En estas regiones, cuatro de cada 10 familias no pudieron permitirse unas vacaciones ni tenían dinero ahorrado para hacer frente a algún imprevisto, lo que apunta a una vulnerabilidad estructural ligada a salarios más bajos, mayor temporalidad laboral y menor renta media disponible.

En el extremo opuesto se sitúa el País Vasco, con la tasa de riesgo más baja del país, muy por debajo de la media nacional. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (de donde viene, por su expresión en inglés, el acrónimo de la tasa AROPE) se sitúa en esta comunidad en el 14,7% y solo el 3% de su población sufre de carencia material y social severa. Aunque a distancia considerable, también presentan buenos indicadores Navarra y Baleares, donde no se supera el 16,5%.

Por colectivos de edad, el que presenta mayor riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo el de los menores de 16 años, con un 33,9% sobre el total. Pese a ello, la tasa ha caído ocho décimas en un año. Por el contrario, el grupo más blindado es el de los mayores de 65 años, donde la tasa ha reducido dos décimas respecto a 2024, hasta el 19,2%.