La pobreza crónica aumenta en España: 6,7 millones de personas viven en la precariedad

La pobreza persistente vuelve a crecer en España después de años de cierta corrección y retroceso. En 2024, el 13,6% de la población vivió en situación de carencia prolongada, según datos de Eurostat, la agencia estadística europea. Es decir, fueron pobres ese año y lo habían sido también en al menos dos de los tres ejercicios anteriores. El número de afectados sería de 6,7 millones de personas, calculado sobre las cifras de población del INE. Un dato que llama especialmente la atención si se compara con el contexto macroeconómico general: el empleo ha mejorado, el paro ha disminuido y los sueldos más bajos han subido gracias al impulso del salario mínimo y a las revalorizaciones ligadas a la inflación. Sin embargo, la precariedad que se enquista no solo no cae, sino que repunta, afectando cada vez más a la infancia y a los hogares con migrantes.

España arrastra desde hace décadas tasas de pobreza notablemente más altas que la media europea. Es una situación casi endémica. Sin embargo, lo que ahora preocupa es el retorno de una tendencia ascendente en su forma más grave: la pobreza persistente, aquella que no es puntual ni coyuntural, sino prolongada en el tiempo. Elena Bárcena, catedrática de Economía Aplicada por la Universidad de Málaga, explica que este indicador se calcula tomando como referencia un abanico de cuatro años: si una persona ha estado por debajo del umbral establecido al final del periodo y al menos dos de los tres ejercicios anteriores, sean o no consecutivos, incurrirá en carencia persistente. Es una manera de aproximarse a un problema crónico y estructural, no solo temporal.

El pasado año, según los datos de Eurostat, el porcentaje de individuos que se encontraban en esta situación fue del 13,6%, un avance de más de dos puntos frente al 11,3% registrado en 2023. Este, a su vez, se había mantenido en el entorno del 12,5% tanto en 2022 como en 2021. Es decir, 2024 representa una clara regresión tras varios ejercicios en los que se corrigió el subidón que desencadenó la pandemia.

La línea que marca la frontera de la carencia persistente se establece en el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente de los hogares, después de impuestos y transferencias sociales. En España, en 2024, esto suponía un total de 11.584 euros anuales por persona. Para calcular la renta disponible equivalente, se suman los ingresos netos del hogar y se ajustan en función del número y la composición de sus miembros, teniendo en cuenta que el segundo adulto cuenta menos que el primero y que los niños tienen una ponderación menor. La fórmula sirve para reflejar las economías de escala en el consumo. En concreto, el primer adulto tiene una equivalencia de uno, cada adulto adicional asume otra de 0,5, y cada menor edad, una de 0,3. Los ingresos totales del hogar se dividen por esta suma para obtener la renta equivalente y determinar si esa familia está en riesgo de pobreza. Por ejemplo, una familia con dos adultos y dos niños se considera pobre si su renta anual total es inferior a aproximadamente 24.327 euros.

El gran problema es que, pese a la recuperación del empleo, una parte creciente de la población activa sigue atrapada bajo ese umbral. Bárcena lo resume así: “Hay menos paro, sí, pero eso no garantiza un empleo suficiente. El trabajo que se crea es muchas veces de mala calidad, parcial o con sueldos bajos, y no siempre logra compensar la pérdida de prestaciones sociales”, explica. Además, como la pobreza se mide a nivel de hogar, no basta con que una persona trabaje: si el resto de miembros no lo hace, el conjunto sigue siendo pobre.

Carlos Susías, presidente de EAPN España (una red de ONG que combaten la pobreza), señala que ciertos perfiles de hogar presentan una especial vulnerabilidad pese a tener ingresos. Es el caso de muchas familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres (alrededor del 80%), que suelen tener empleos precarios o a tiempo parcial. También menciona a algunas familias numerosas, donde la presencia de varios hijos —que no generan ingresos, pero sí computan como consumidores— dificulta alcanzar una renta per cápita suficiente, incluso cuando uno o más adultos trabajan.

La fragilidad del mercado de trabajo afecta de lleno a los menores. En 2024, la pobreza persistente entre los niños se ha disparado del 16% al 20,6%. Es el grupo más afectado, con una diferencia notable respecto a los adultos. Los datos muestran también un incremento significativo entre los que oscilan entre los 25 y los 49 años, lo que apunta a una mayor precariedad en las etapas de crianza y desarrollo familiar.

Carlos Gradín, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, señala que la pobreza monetaria, tanto coyuntural como persistente, afecta con especial intensidad a los hogares con hijos. Pero, en especial, a los formados por población inmigrante no europea. Aunque el mercado laboral español ofrece oportunidades crecientes que atraen a este colectivo, estas no bastan para garantizar niveles de vida por encima del umbral de pobreza, especialmente cuando hay niños a cargo, insiste.

El principal factor estructural es el bajo nivel de empleo efectivo en muchos de estos hogares. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, esta tasa entre los hombres nacidos fuera de la UE es seis puntos inferior a la de los nacidos en España. En el caso de las mujeres la brecha asciende a 12 puntos. Y en muchas familias, especialmente en aquellas encabezadas por mujeres extranjeras, las dificultades para acceder al empleo se agravan por la necesidad de cuidar a los hijos: la proporción de mujeres no comunitarias que no trabajan por responsabilidades familiares triplica la de las nacidas en España.

A esta precariedad laboral se suma, añade Gradín, la debilidad del sistema de protección social español, particularmente ineficaz a la hora de prevenir esta situación entre los niños. A diferencia de otros países europeos, España carece de una prestación universal por hijo a cargo, lo que deja a muchas familias sin un colchón mínimo de protección. Y los efectos de esa carencia son graves: la pobreza infantil persistente está directamente asociada a peores resultados educativos, peor salud, menor integración social y menor movilidad económica a largo plazo.

Otro de los elementos que se está debilitando, según Bárcena, es el llamado “colchón familiar”. En España, las redes familiares han funcionado tradicionalmente como salvavidas en épocas de crisis, pero ese sostén no es infinito. Cuando la precariedad se cronifica, las familias no siempre pueden seguir ayudando. Y si en un hogar hay varios adultos sin empleo, el impacto se multiplica.