La pobreza en España cae a su cifra más baja en una década, aunque afecta a 12,5 millones de personas

En el último año, 200.000 personas han dejado de estar en riesgo de pobreza y exclusión. La cifra de 2024 (que supone una caída de siete décimas respecto al año anterior) es la más baja en la última década: 12,5 millones de españoles. Sin embargo, el país atraviesa una incómoda paradoja. Según datos de la OCDE, es la economía desarrollada con mayor crecimiento, con una proyección del 2,4% en 2025, pero su tasa de pobreza infantil es la más alta de toda la Unión Europea: 2,3 millones de niños y adolescentes son pobres, y 2,8 millones viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo revela el decimoquinto informe anual El estado de la pobreza, presentado en la mañana de este miércoles, en Madrid, por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

La tasa AROPE –un indicador que determina el riesgo de pobreza y/o exclusión social- se ensaña con los menores de edad. Este indicador empeoró una décima respecto del año anterior, pasando del 34,5% al 34,6%. Tres de cada 10 personas en hogares con menores se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, señala el informe. Y subraya que las carencias de recursos se agudizan en dos tipos de hogares específicos: los monoparentales (con un 50,3% en riesgo) y los de familias numerosas (49,1%).

“Lo que estamos viendo es que el hecho de ser familia con hijos a cargo, ya sean numerosas o monoparentales, y sobre todo cuando son las mujeres las que están al frente, generan riesgos de pobreza importantes”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN-ES. Además, remarca el encarecimiento de la vivienda: “Se está convirtiendo en un factor de empobrecimiento, sobre todo en el alquiler”, señala. Solo por detrás de Portugal, España es el país de la eurozona donde más se ha encarecido el precio de la vivienda en 2024, con una subida del 11,4% según Eurostat.

La desigualdad respecto de los menores se profundiza si se observan los datos del informe en una línea temporal más amplia. Mientras en la población general la tendencia en la última década es descendiente en cuanto al riesgo de pobreza o exclusión (con una breve interrupción durante los años de la pandemia), los menores siguen una línea de aumento. Desde 2018, cuando la tasa AROPE descendió en los menores hasta un 30,5% –su mejor cifra en el periodo 2014-2024–, el riesgo de pobreza y exclusión ha escalado 4,1 puntos, convirtiendo a 2024 en el año con el peor valor de la última década.

La situación actual deja a España muy atrasada en los compromisos establecidos por los objetivos de la Agenda 2030. Los datos de población AROPE en 2024, como lo denomina el informe, se alejan de las metas planteadas por el plan de la ONU. No llama la atención que sean los menores los que más se distancian. Para cumplir esos objetivos, el año pasado los menores en riesgo de pobreza o exclusión no deberían haber rebasado el 23,8%. Sin embargo, el valor real está casi 11 puntos por encima.

Los autores del informe argumentan que la reducción refleja “la apuesta por políticas sociales” adoptadas los últimos años, y destaca el papel fundamental que desempeña el Estado en este contexto.

Sin las transferencias del Estado –lo que incluye las pensiones–, la tasa de pobreza hubiera sido más del doble en 2024. Esto hubiera dejado a 2,6 millones de personas más en situación de pobreza severa, es decir, viviendo en hogares con ingresos por debajo de los 644 euros mensuales, condición que en la actualidad afecta a 4,1 millones de españoles, un punto porcentual superior a la tasa registrada en 2008. “Ha habido respuestas que, en general, han funcionado”, argumenta Susías, “pero hacen falta medidas focalizadas: trabajar en la prestación de hijo a cargo, por ejemplo”.

Un Estado comprometido, pero ineficiente

Durante el periodo 2023-2024, la ayuda estatal aumentó 1,5 puntos (muy por encima de la media global, que es de 0,3). Al comparar el impacto de la intervención pública con países de la Unión Europea con niveles de vida similares, como Francia o Irlanda, queda en evidencia que la acción del Estado español deja que desear.

Una vez más, la diferencia se acentúa en el caso de la pobreza infantil: las ayudas y prestaciones en España logran reducirla en un 20,2%, una cifra que queda muy por debajo de la media europea, situada en el 41,9%. Susías vuelve a hacer énfasis en la situación de las familias monoparentales. “La mayoría son mujeres a cargo y muchas veces tienen empleo, pero empleo parcial no deseado”, destaca. “No pueden tener un empleo completo porque no hay una estructura de cuidados que lo permita”. De esta manera, el presidente de EAPN-ES destaca que no todo se trata de las transferencias, sino de cómo distribuirlas.

Si no hubiera ninguna prestación, la pobreza infantil pasaría de un 29,2 % a un 36,6 %. Esto, manteniendo las pensiones. Sin ellas, la cifra rozaría el 40%. En otras palabras, el Estado español evita que más de 590.000 niños estén en la pobreza.

España es el cuarto país que menor reducción de la pobreza infantil consigue a través de la intervención pública, solo por delante de Grecia, Portugal y Rumania.