La Airef pide una reforma integral del marco fiscal y objetivos distintos de déficit para cada comunidad

La Autoridad Fiscal vuelve a la carga e insta al Gobierno a realizar una reforma “integral” del marco fiscal nacional, adaptándolo a la nueva normativa europea que ha entrado en vigor este año y que España aún no ha ajustado a su legislación. “Hay un amplio margen de mejora”, ha lanzado este lunes en una rueda de prensa la presidenta del organismo, Cristina Herrero, quien ha enumerado las debilidades y carencias de las reglas actuales, que entraron en vigor hace más de diez años para lidiar con una situación muy distinta a la actual: la crisis de la deuda soberana. La economista ha recordado que la regla de gasto, analizada en un horizonte temporal de medio plazo, es la nueva variable de referencia del marco comunitario, y que en virtud de este cambio de perspectiva deberían tener objetivos distintos de déficit cada año tanto las comunidades como los grandes ayuntamientos, en lugar de una única meta fijada por subsector a nivel agregado. “El objetivo de estabilidad tiene que ser coherente con la regla de gasto”, ha agregado.

La cuestión es intricada y los embrollos son múltiples. La Unión Europea paralizó durante la pandemia las reglas fiscales, una especie de corsé que fijaba unos topes máximos de déficit y deuda para los Estados miembros y castigos en caso de incumplimiento. Ahora el marco ha vuelto a estar en vigor, pero tras haber sido sometido a una reforma que ha convertido la regla de gasto, es decir, el crecimiento máximo que pueden tener los desembolsos de las Administraciones públicas, como principal variable de referencia. El objetivo es que su incremento no se desborde, para que la deuda pública de los socios del bloque se encamine hacia una senda descendente y constante. En el caso de España, el aumento medio no puede superar el 3% de aquí a 2031.

España, sin embargo, no ha incorporado a su legislación la nueva normativa europea, que está plasmada en una directiva que debería de transponerse antes de 2026. El Ministerio de Hacienda se ha limitado a anunciar que solamente se aprobarán dos decretos, antes de fin de año, para alinear las reglas españolas con las comunitarias, defendiendo que la regla de gasto nacional es más estricta que la europea, un supuesto que según la Airef no se cumpliría todos los ejercicios. Según Herrero, esta duplicidad en los marcos genera además confusiones, ineficiencias y expone a España a incumplimientos, por lo que urge a una reforma en profundidad que pase por la modificación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y el desarrollo de los principios generales contenidos en ella: eficiencia, eficacia, lealtad y transparencia.

La opinión de la Airef sobre la reforma del marco fiscal nacional llega a tan solo una semana de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde el Ministerio de Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos de la rama que podrán incurrir en un déficit del 0,1% de su PIB cada ejercicio entre 2026 y 2028 —una hoja de ruta técnicamente conocida como senda de estabilidad—. La Airef, que es el organismo independiente encargado de velar por las cuentas públicas, ha lamentado que no están claros los criterios que el Gobierno ha utilizado para fijar esas metas, y ha insistido en que la senda se hubiera tenido que calcular a partir de la regla de gasto.

“Para algunas comunidades ese objetivo de estabilidad es irrelevante, porque podrían cumplirlo y hasta incrementar el gasto por encima de la regla; para otras es inalcanzable, y por lo tanto no tienen incentivo para cumplirlo”, ha incidido Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario del organismo. “Además, se establecen sin tener en cuenta la regla de gasto, que llevaría a distintas situaciones en términos de saldo presupuestario”, ha detallado.

En ese sentido, la Airef ha propuesto que todos los subsectores de la Administración pública (Estado, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) presenten sus propios planes fiscales estructurales de medio plazo. Este el documento que Bruselas ahora exige a los Estados miembros para analizar la sostenibilidad de sus balances en virtud del nuevo marco fiscal y que no exige un desglose por administración.

La regla de gasto es un concepto complejo, pero crucial para la sostenibilidad de las cuentas públicas, puesto que indica el crecimiento máximo que puede tener el gasto primario neto de medidas —descontados el desembolso en intereses y desempleo— del conjunto de las Administraciones sin que ello suponga un descalabro en los balances. El marco fiscal nacional también contempla esta variable, pero la calcula de forma distinta a la UE, lo que puede llevar a diagnósticos muy distintos. La regla comunitaria tiene en cuenta todas las Administraciones públicas —la Seguridad Social está excluida de la fórmula nacional—, mientras que excluye los fondos europeos y las operaciones no recurrentes (conocidas como one-off), por ejemplo el gasto extraordinario causado por la reconstrucción tras la dana.

Marco nacional

Al margen de la reforma de las reglas fiscales europeas, la Airef considera que el marco nacional presenta numerosas debilidades y lagunas, pues obliga a cumplir con varios objetivos de forma simultánea —la regla de gasto, los objetivos de déficit y de deuda—, aunque en la práctica se prima el saldo entre ingresos y gastos, y hay falta de consistencia entre ellos, ya que las metas se fijan sin tener en cuenta la regla de gasto ni la situación de partida de cada administración. Un popurrí que resta credibilidad a la senda presupuestaria y que desincentiva cumplir con las reglas.

También considera que los castigos y las medidas correctivas que contempla el marco nacional pueden llegar a ser tan estrictos que resultan inaplicables y se han convertido en meros trámites burocráticos que no incentivo el respeto de la disciplina fiscal. Debido a todos estos problemas de diseño, el marco actual no resulta eficaz, como demuestra el bajo cumplimiento que ha tenido en los siete años en los que ha estado en vigor (2012-2020). De haberse seguido las reglas, el organismo estima que la deuda pública estaría hoy en torno al 69% del PIB, aunque matiza que hubiera supuesto ajustes aún más dolorosos a los ya duros recortes implementados durante la Gran Recesión.