Una oportunidad europea para darnos un marco fiscal coherente

Aprovechando la tregua estival en los titulares presupuestarios, conviene reflexionar sobre cuestiones de fondo en nuestras finanzas públicas. El aluvión de noticias en los últimos meses -cambios en el sistema de financiación autonómica, condonación de deuda y la voluntad de seguir adelante con los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que aún no se han aprobado ni el techo de gasto, ni los objetivos de estabilidad, ni se ha actualizado el cuadro macroeconómico- ha hecho que la adaptación ineludible de nuestro marco fiscal al europeo haya pasado casi inadvertida.

La directiva del nuevo marco fiscal europeo, aprobada en abril de 2024, obliga a todos los Estados miembros a integrar en su legislación nacional, antes del 31 de diciembre de 2025, las reformas necesarias para adecuar sus marcos presupuestarios a las reglas comunitarias. En esencia, el principal cambio en la gobernanza económica europea reside en que la regla de gasto -el límite de aumento del gasto público neto- se erige como pilar central de la disciplina fiscal. España, por tanto, debería acometer la revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para alinear la regla de gasto nacional con la europea, no solo en su método de cálculo, sino también otorgándole el papel preponderante que nuestro propio compromiso supranacional exige.

El Ministerio de Hacienda, consciente de las dificultades de negociar una ley orgánica en el Parlamento, ha señalado que, en términos generales, nuestra regla de gasto actual encaja con la nueva referencia europea. Sin embargo, persisten diferencias y lagunas importantes. Algunas derivan del nuevo diseño comunitario: habrá que clarificar cómo se coordinan las metas de déficit y deuda con el límite de gasto, de forma que las tres reglas fiscales se refuercen mutuamente y no generen incoherencias. Otras carencias vienen de lejos desde la aprobación de la Ley en 2012 que dejó cuestiones sin resolver para regiones y entes locales. Por ejemplo, la aplicación de objetivos basados en el déficit en términos de PIB resulta inviable a nivel local, y la falta de desarrollo reglamentario ha provocado interpretaciones dispares sobre cómo calcular el gasto computable. Asimismo, existen ámbitos fuera del alcance de la regla española: por ejemplo, la regla de gasto nacional excluye al sistema de seguridad social, a diferencia de la europea. Esta discrepancia hace que el fuerte crecimiento del gasto en pensiones pueda devenir en ajustes adicionales al resto de administraciones para cumplir con la senda de gasto acordada en la UE.

Se avecina un otoño político complejo en España, y sería ingenuo ignorar ese telón de fondo. Pero precisamente por ello, los especialistas en finanzas públicas debemos seguir insistiendo en estas reformas estructurales. Adaptar nuestro marco fiscal al nuevo consenso europeo no es una tecnicidad menor: está en juego el grado de corresponsabilidad fiscal de cada administración y la apropiación nacional efectiva de unas reglas compartidas que deben sentirse como propias, no impuestas.