La banca pide cambios al ICO para desatascar los avales a la compra de vivienda de jóvenes

La banca busca que el Gobierno se mueva ante la crisis de vivienda, con el foco en el programa de avales a la compra para jóvenes. Varias entidades —entre ellas las patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca— han transmitido tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las razones por las que creen que este blindaje público, que debería facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, no está llegando a la economía. Reclaman cambios en su regulación, fundamentalmente que el aval se conceda antes de la formalización de la hipoteca, así como la reducción de burocracia.

Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que anunció la medida el año pasado, como una de sus disposiciones estrella para atajar la crisis de vivienda. Se trata de una línea de avales, por 2.500 millones, destinados a menores de 35 años y familias con menores a cargo. El objetivo es salvar el principal obstáculo en la adquisición de vivienda, esto es, que los bancos solo financian el 80% del valor de la vivienda y piden que el comprador aporte el 20% con sus ahorros. El Gobierno avala ese 20% para facilitar que los ciudadanos puedan acceder a los préstamos hipotecarios sin comprometer la solvencia de las entidades financieras ante una crisis. Los principales bancos de España (un total de 67) han firmado convenios del ICO para poder ofrecer a sus clientes estas líneas de avales.

La medida despertó críticas desde el principio. Muchos expertos alertaban de que los avales solo servirían para seguir incrementando el precio de la vivienda. Lo cierto es que, un año después de que el Consejo de Ministros pusiese en marcha estos avales, apenas han llegado a la población. De acuerdo a los datos del ICO, a 30 de septiembre el valor de las operaciones avaladas alcanzaba los 189 millones, en 7.886 operaciones. Es decir, se ha consumido menos del 10% del importe total de los avales. Las líneas caducan el 31 de diciembre, si bien se pueden extender hasta 2027.

Ante estas cifras, la banca ha elevado la voz ante el ICO y el Gobierno. Han propuesto una batería de medidas para desaguar estas líneas. Su principal demanda se centra en que el ICO confirme que concede el aval antes de que se formalice la hipoteca y que el blindaje no tenga que solicitarse después. La situación actual provoca, según su visión, que cuando el crédito es evaluado por el comité de riesgos de cada banco no puede tenerse en cuenta el aval público, por lo que las medidas de protección pública no están verdaderamente facilitando el acceso a la vivienda. También urgen a reducir la carga burocrática de los trámites, para agilizarlos.

Desde el ICO, por su parte, argumentan que el criterio de concesión de los avales de vivienda siguen los mismos criterios que líneas anteriores. Argumentan que las entidades deben considerar el aval siempre que los clientes cumplan las condiciones, aunque se solicite después.

Los blindajes públicos al crédito han sido una medida utilizada por el Gobierno en repetidas ocasiones para abordar diversos problemas económicos. La primera vez fue durante la crisis del Covid-19, cuando se movilizaron más de 100.000 millones de euros y constituyeron una de las medidas de contención a la recesión provocada por el cierre de la economía para contener el virus. Esta misma medida se ha seguido después con las empresas afectadas por la dana, la guerra de Ucrania y los aranceles de EE UU. Todos ellos, eso sí, iban destinados a reforzar el crédito a empresas, mientras que los avales para la adquisición de viviendas son los únicos orientados específicamente a los particulares. Los bancos piden que se tenga en cuenta esta particularidad por parte del ICO y que adapte a ello el proceso de concesión de los avales.

Todo ello se produce en un momento especialmente delicado para el mercado de la vivienda. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda libre se incrementó un 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el valor más alto en 17 años. Paralelamente, la firma de hipotecas en el primer semestre del año alcanzó las 243.257, un 25% más que entre enero y junio y la cifra más abultada desde la primera mitad de 2011.