El Gobierno respalda la oferta del grupo vasco por Talgo con la entrada como socio de la SEPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales tuvieron una reunión a solas este martes en Madrid que duró una hora y se anticipó a la cumbre de ambos ejecutivos para negociar una batería de transferencias al País Vasco. En ese encuentro previo, Sánchez y Pradales forjaron los acuerdos que trasladaron después, uno de ellos relacionados con la oferta por Talgo de un grupo de inversores vascos, tanto del sector público como del privado. Sánchez confirmó a su interlocutor que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apoyará a ese grupo como nuevo socio, a través de la aportación de una financiación de 75 millones de préstamos convertibles en acciones.

La cumbre entre ambos gobiernos se alargó hasta última hora de la tarde. A su término compareció en primer lugar el lehendakari Imanol Pradales, que ratificó el acuerdo en torno a Talgo, vía SEPI. Sin dar más detalles, como lo hizo después el ministro de Política, Territorial, y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres.

El consorcio vasco que lidera Sidenor ya puso este mes sobre la mesa una línea adicional de créditos participativos por 75 millones, para poder renegociar en mejores condiciones con los bancos acreedores la deuda de 400 millones que arrastra Talgo.

Desde el grupo que integra a la siderúrgica, el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital se pedía una aportación similar por parte de SEPI, ya fuera por la misma vía de créditos convertibles en títulos o por la participación directa en el capital del fabricante de trenes.

Tanto el pasivo como la multa de Renfe de 116 millones por el retraso en la entrega de pedidos de los trenes Avril la pasada primavera han obstaculizado una operación en la que el consorcio vasco se presentaba como el único aspirante, al priorizar el Gobierno de Pedro Sánchez la opción de un socio industrial español, descartando la oferta de la corporación húngara Ganz-Mavag de 5 euros por título, que supuso valorar Talgo en 619 millones. De hecho, aquella oferta, que casi mejora en dos euros el precio en el que cotiza la acción en estos momentos, no logró pasar ni la barrera del Consejo de Ministros, que usó su potestad de bloquear inversiones extranjeras por encima del 10% si estas chocan con cuestiones de seguridad nacional.

Tras subir el precio que propuso en un primer momento, el consorcio vasco fijó 4,15 euros por acción el pasado 14 de febrero. Talgo cotizó esa jornada a 3,80 euros por título. Desde entonces, la acción no ha dejado de caer. Al cierre de la sesión de este martes, el mercado ha anticipado la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el valor ha alcanzado los 2,96 euros por acción, tras una subida del 2,07%, alejándose un poco de los niveles mínimos que viene registrando este año, pero sin ser capaz de romper esa barrera de los 3 euros bajo la que parece estancada desde hace tiempo.

Sidenor y sus socios han tenido en cuenta que eran los únicos aspirantes a la compra del 29,7% en manos del fondo Trilantic, que busca una salida del accionariado de Talgo desde hace varios años, para negociar nuevas condiciones, tanto para el pasivo como para la multa de Renfe.

El Gobierno vasco considera fundamental a Talgo para la economía vasca. Por su planta de Rivabellosa (Álava) con 700 trabajadores como por su red de proveedores de esa comunidad autónoma. La oferta que llega de Euskadi incluye el traslado de la sede social de la compañía de Madrid, donde tiene una fábrica con 500 empleados, al País Vasco.

Cuatro puntos

Más allá de Talgo, la comisión bilateral entre ambos gobiernos alcanzó cuatro puntos concretos en materia de traspasos. El primero, sobre la ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El segundo punto ha supuesto consensuar el traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación estatal sobre Salvamento Marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes a su litoral.

Además, el tercero se refiere a un acuerdo político sobre el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva y, por último, la asunción de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto a la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.