El Gobierno desatasca la ayuda de la SEPI a la toma de Talgo por el capital vasco

El futuro de Talgo está pendiente de la reunión que celebran este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Fuentes cercanas a la preparación de la comisión bilateral esperan “un avance significativo” en el plan de desembarco del consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, en el fabricante de trenes con un 29,7% del capital. Para ello, el Gobierno central tiene previsto comprometer el respaldo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 75 millones entre crédito participativo convertible a medio plazo en acciones y, muy probablemente, la toma directa de una participación en Talgo. Se trata de fortalecer el balance de la firma industrial para que los bancos refinancien su deuda, y el capital vasco vea allanada su entrada.

Los detalles de este respaldo estatal podrían oficializarse tras el encuentro entre presidentes, en el que la situación de Talgo sobrevuela un orden del día centrado en la transferencia de un primer paquete de gestión de la Seguridad Social, que reclaman el Gobierno vasco y el PNV. El Ejecutivo de Sánchez llega a este 15 de julio necesitado de apoyos en el Congreso tras el desgaste por el caso Cerdán, pero también se trata de dar viabilidad a la apuesta del consorcio formado por Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital por una compañía estratégica que pierde fuelle en el mercado jornada tras jornada.

El precio de 2,90 euros que presentó la acción de Talgo al cierre de la sesión bursátil de ayer se acerca al mínimo histórico de 2,47 marcado en octubre de 2022, y da idea de la desconfianza del mercado sobre la revitalización del fabricante de trenes cuando se están rebasando todos los plazos para el esperado cambio al frente del accionariado. No falta en el mercado quien apunta que Talgo no vale más de 3,5 euros por título entre dudas sobre el rendimiento de una cartera de contratos que supera los 4.000 millones y el escollo que supone el déficit de capacidad de fábrica.

Talgo reúne seis informes de junio en los que los analistas que siguen su evolución otorgan un precio objetivo medio de 3,55 euros por acción. Las valoraciones oscilan entre los 3,00 euros que fija Bankinter, los 3,60 de JB Capital, y los 3,90 que aprecian desde el Santander.

En Ajuria Enea no quieren ni oír hablar de una opción para Talgo que no sea la del consorcio vasco. La semana pasada, Pradales entregó a Jainaga el Premio Joxe Mari Korta, en memoria del empresario asesinado por ETA hace 25 años. Es la máxima distinción que el Gobierno de Vitoria concede a protagonistas del ámbito económico y empresarial.

En un acto en el Palacio de Miramar de San Sebastián, cargado de simbolismo y con la asistencia de 150 representantes de la élite de los sectores público y privado, el galardón se interpretó como un nuevo apoyo a Jainaga para que no ceje en su interés por Talgo. El fabricante ferroviario, como sucede con CAF, tendría su sede social en Euskadi moviéndola desde el actual emplazamiento de Madrid. Pradales destacó que la distinción a Jainaga “pone en valor a aquellos que dan un paso al frente, toman riesgos, e invierten. Que asumen responsabilidades y presión. Que se complican la vida para levantar un proyecto empresarial. Y que al hacerlo crean oportunidades de futuro para otras personas. Que generan riqueza, empleo y cohesión social, y sustentan unos servicios públicos de calidad”.

En su turno de palabra, el empresario manifestó que su trayectoria profesional “ha transcurrido muy vinculada a la industria, que es un sector fundamental para nuestra economía y extraordinariamente atractivo. Nos da la oportunidad de crear productos que son útiles para la sociedad y resuelven los problemas de las personas, haciendo nuestras vidas más cómodas y fáciles”.

Desde el Ejecutivo vasco se afirma haber hecho todos los esfuerzos posibles por poner a inversores de la tierra al frente de Talgo, con 700 empleados en la fábrica alavesa de Rivabellosa, además de mantener otro centro de producción en la madrileña Las Matas (500 trabajadores). El último paso lo dio la semana pasada, y con él trasladó toda la presión a La Moncloa, cuando levantó 75 millones extra entre los inversores del consorcio y otros privados para fortalecer el balance de la compañía. Se demanda ahora que la SEPI ponga otros 75 millones para abrochar el refuerzo que demandan los bancos, liderados por Santander, Caixabank y BBVA, para refinanciar 400 millones de deuda de Talgo y hacer posible el aterrizaje de Jainaga y sus socios.

El recuerdo de la opa

La actual tensión financiera sobre Talgo es incompatible con el traspaso del 29,7% del capital que la instrumental Pegaso (integra la participación del fondo Trilantic y de la familia Oriol) pondría en manos de Sidenor, Finkatuz, Vital y BBK. Los mismos bancos que hoy se niegan a refinanciar la deuda, si no se apuntala el balance de la empresa, fueron los que dieron el visto bueno en 2024 a la oferta de compra del 100% que lanzó el consorcio húngaro Ganz Mavag. Aquella oferta, a 5 euros por título, valoró Talgo en 619 millones y ofrecía una supuesta capacidad industrial en Hungría para acelerar la ejecución de la cartera de Talgo.

Pero el Gobierno central vetó esa vía en agosto del año pasado por una cuestión de seguridad nacional y europea, a la vista de los lazos de los Gobiernos húngaro de Viktor Orbán y ruso de Vladimir Putin. Desde entonces, ha caído como una losa la sanción de 116 millones impuesta por Renfe por el incumplimiento de los plazos de entrega de 30 trenes de alta velocidad Avril, encargados por la operadora pública entre 2016 y 2017 (ya hay 27 en la flota de Renfe).

Con el Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente volcado en facilitar la viabilidad de Talgo, Renfe ofreció cinco años de carencia y el cobro de la penalización entre 2031 y 2038. Un planteamiento que podría tener aún algún retoque. El ministro Puente ha mantenido desde el primer minuto que Talgo es estratégica para España por su tecnología de eje de ancho variable, única que puede hacer avanzar el proceso de liberalización de la alta velocidad hacia Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva. Y se espera que la innovación de Talgo también juegue un papel determinante en la reconstrucción de las comunicaciones de Ucrania y la conexión de fronteras ferroviarias en el Este de Europa.

“Si la operación de Sidenor encalla definitivamente, Trilantic habrá esperado un año para que sea posible la solución de un comprador español y ya no se entenderían nuevos argumentos políticos que impidan buscar de nuevo una firma internacional dispuesta comprar”, explica uno de los analistas que sigue a Talgo y pide quedar bajo anonimato; “el problema es volver a exigir 5 euros cuando la situación de la empresa se ha deteriorado en este tiempo”, añade.

El fondo vendedor, consciente de la capacidad de veto de Moncloa a cualquier cambio de control en Talgo, se ha agarrado a la oferta de 4,15 euros por acción como término fijo realizada por Sidenor el pasado 14 de febrero (muy por encima del consenso actual de los analistas de Bolsa y de los 3,80 euros en que Talgo cotizaba ese día), a la que podrían sumarse otros 0,85 euros por título en función del cumplimiento del plan de negocio en 2027 y 2028. La intención del consorcio vasco de cerrar la operación en marzo ha sido ampliamente rebasada, al igual que los plazos que otorgaban el calificativo de preferente a la oferta de 153 millones como término fijo por el 29,7%.

Además de la penalización de Renfe, a Jainaga se le ha complicado el tablero de juego de su propio negocio, la fabricación de aceros especiales de Sidenor, que destina el 70% de su producción al sector del automóvil. Las amenazas arancelarias de Donald Trump podrían provocar un rebote a Europa de las exportaciones, dirigidas en principio al mercado estadounidense, por parte de países con exceso de capacidad, caso de China.

Sin embargo, la oferta que podría totalizar 5 euros por cada acción de Talgo sigue en pie y parece que a Jainaga no le entra vértigo, pese a las citadas incertidumbres geopolíticas. Una prueba de esa insistencia es la comentada aportación este mes de 75 millones adicionales en créditos participativos.