Miguel Corgos, consejero de Hacienda de Galicia: “La condonación no va a solucionar los problemas de financiación”

Economista, alto funcionario y gestor de las finanzas de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos (A Coruña, 53 años) suele mantenerse alejado de los focos de la política nacional. Sin embargo, el pasado febrero actuó como portavoz de las comunidades del PP en el rechazo a la propuesta del Gobierno central de perdonar el 25% de la deuda autonómica: él y sus homólogos del PP dejaron plantada a la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, al poco de arrancar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano oficial donde se debaten los asuntos relacionados con la financiación territorial. “Las comunidades tienen un problema de financiación y la condonación no va a solucionarlo. Hay consenso sobre la necesidad de reformar el sistema y dotarlo de más recursos”, zanja.

Tras abandonar el encuentro, los consejeros populares, que son mayoría con 14 representantes —incluyendo el gobierno de coalición canario, Ceuta y Melilla—, comparecieron ante los medios y Corgos explicó las razones del desplante: la quita se pactó para Cataluña entre el PSC y ERC y se amplió a las demás comunidades sin consultarlas. “Es una desconsideración hacia los gobiernos autonómicos llegar al CPFF con un acuerdo cerrado con otros interlocutores que no representan a las comunidades”, manifiesta el conselleiro casi tres meses después durante una entrevista en la Universidad de Santiago de Compostela, donde acudió a las jornadas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera (Rifde).

La forma con la que se llegó al acuerdo ha sido criticada también por los territorios socialistas, pero Corgos insiste en que el problema también es de fondo. Una quita de la deuda sin una reforma del sistema de financiación que asigne más recursos a las autonomías solo sería un parche. “Es una mutualización de la deuda de las comunidades más endeudadas para que puedan salir al mercado, pero tampoco se va a cumplir con este objetivo”, lamenta. De hecho, territorios como la Comunidad Valenciana, Murcia y la misma Cataluña tienen una ratio de deuda tan elevada que tendrían complicado financiarse de forma independiente y prescindir del apoyo del Estado aunque se les perdone parte de su pasivo. Esta es también una de las razones que puede resquebrajar la unidad mostrada por las autonomías del PP, puesto que la condonación es voluntaria.

En cambio, la posición de Galicia es sólida. Su deuda es contenida, en el entorno del 14,5% del PIB. Corgos asegura que la Xunta rechazará la quita si sale adelante —tiene que pasar por el Congreso— en los términos planteados. “Si todo sigue como hasta ahora, no la vamos a asumir”.

Tampoco es optimista respecto a las posibilidades de reformar el sistema en el corto plazo. Considera que la debilidad parlamentaria del Gobierno limita su margen de acción e incluso es escéptico sobre eventuales avances técnicos. Hacienda había lanzado en 2021 una propuesta de modificación del criterio de población ajustada, clave en el reparto de recursos del sistema. Las autonomías presentaron entonces sus alegaciones, dejando claro que los distintos intereses territoriales pesan más del color político, y el Gobierno metió el proceso en un cajón. Ahora, Hacienda pretende retomarlo, y ayer martes celebró con las comunidades un encuentro técnico.

“Nos estamos enredando de nuevo”, opina Corgos. “Debatir sobre una parte separada del sistema nos lleva a los consejeros a defender posiciones de máximos. Si no sabemos qué otros fondos va a haber, cuántos recursos ni la nivelación es imposible que se llegue a un consenso. Hay que pasar de pantalla”.

— ¿Las comunidades del PP tienen una propuesta conjunta para una reforma integral?

— No nos corresponde a nosotros presentarla. Le corresponde al Gobierno. Sería inaudito que la propuesta del sistema que vertebra el Estado de las autonomías la presente un partido de la oposición.

Corgos tampoco concreta cuántos recursos adicionales deberían inyectarse, pero sugiere que la reforma vaya acompañada de una revisión integral del sistema tributario, otro de los proyectos estrella del Gobierno central que finalmente se quedó a medias. “Hacienda tiene la visión global, sabe qué posibilidades hay de incrementar la dotación del sistema sin afectar a otras políticas de gasto importantes. Pero, por poner un ejemplo, este año se han pagado sentencias por 8.000 millones de euros, que no se van a repetir en el futuro. Ahí hay unos recursos que ahora mismo, con un presupuesto prorrogado, están disponibles”.

La próxima cita clave, esta vez de máximo nivel institucional, será la conferencia de presidentes de principios de junio. Aunque la reforma de la financiación autonómica no figura en el orden del día provisional, Corgos confía en que se incluya, una esperanza que comparten también los territorios gobernados por el PSOE. “No me cabe en la cabeza que el Gobierno de España no tome en consideración la opinión de la mayoría de las comunidades”, dice. De la misma manera, critica a capa y espada la financiación singular para Cataluña. “No encaja en el sistema. El Gobierno debería de haber presentado una propuesta de sistema general en el que se reflejaran todas las comunidades. Veremos cómo sale de ese atolladero”.

— Cataluña siempre ha sido el motor de las reformas del sistema de financiación. ¿No podría serlo también ahora?

— Es cierto, pero hasta ahora siempre habían sido una evolución, no una revolución.