Isabel Araque: “Hay que superar el valor de la memoria en las oposiciones a funcionario”

Isabel Araque (Córdoba, 52 años) fue elegida este jueves secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP). Es actualmente la única mujer al frente de una federación estatal en el sindicato. Recibe a EL PAÍS en su nuevo despacho del histórico edificio de UGT en la madrileña Avenida de América, aún lleno de las fotos y recuerdos de su predecesor, Julio Lacuerda, que lideró la FSP-UGT durante los últimos 29 años.

Pregunta. ¿Da vértigo sustituir a un líder sindical mítico en el sector público?

Respuesta. No, vértigo no es la palabra, es responsabilidad. Porque dirigir una sección sindical puede dar hasta más vértigo que una federación estatal.

P. Y sin desmerecer lo hecho hasta ahora, ¿qué quiere cambiar?

R. Como primera fuerza en representación (con el 34% del total de delegados en las administraciones públicas) UGT tiene que protagonizar un punto de inflexión en la vuelta que hay que dar a las administraciones. Tienen que cambiar tres cuestiones: mejorar la calidad de los servicios públicos, como elemento de cohesión social; blindar y reforzar el empleo de cada uno de los empleados públicos; y reformar la Ley de Contratos Públicos y la Ley de Desindexación [por la cual no se revisan las contratas para actualizar precios]. Están mermando muchísimo la calidad de los derechos en dependencia o intervención social, entre otros sectores.

P. La patronal también se queja de la desindexación en cada negociación del salario mínimo.

R. O se hace una modificación o va a ser la peor causante de la precariedad laboral de millones de trabajadores y trabajadoras de servicios públicos externalizados. La administración no puede desentenderse vía licitación de la calidad de los servicios públicos.

P. Entre los retos también está conseguir que el Gobierno pague el 0,5% pendiente que prometió a los funcionarios y que no ha abonado.

R. Con el 0,5% y el resto de cuestiones pendientes del primer acuerdo marco, el Gobierno se tiene que poner a la faena. En 2025 los empleados y empleadas públicas no saben cuáles van a ser sus condiciones salariales. No se ha llevado a la mesa ni una sola subida. Y evidentemente esto no es cuestión presupuestaria, porque el 0,5% ya está consignado. Llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias. Los trabajadores públicos no pueden estar sometidos a la correlación de fuerzas en sede parlamentaria. Por eso siempre hemos pedido acuerdos plurianuales.

P. Suelen hablar de 2025

R. Ya que prácticamente se ha cumplido el anterior acuerdo marco, tiene que haber un segundo acuerdo que dé seguridad. A través de los acuerdos se puede tener claro qué empleo se va a crear, qué derechos, cómo van a ser los procesos de acceso. Deben ser mucho más modernos, hay que superar el valor memorístico en las oposiciones. Si estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cómo vamos a pedir a los opositores que una de sus mejores cualidades sea la memorización? Y los procesos no pueden alargarse tres años. En un año y medio tienen que estar convocados y resueltos. Son procesos anacrónicos. Va a ser uno de nuestros caballos de batalla. En 10 años va a haber una salida masiva de empleados por las jubilaciones y la administración tiene que reaccionar: en el segundo acuerdo marco debemos facilitar el acceso a la función pública.

P. ¿Van a pedir una revalorización salarial ligada al IPC, como las pensiones?

R. Aquí podríamos ser los más populistas del mundo, pero UGT Servicios Públicos siempre se ha caracterizado por la coherencia y por tener los pies en el suelo. Se puede estar barajando lo mismo que en el primer acuerdo, una cuantía de subida fija y una variable, que puede estar en torno a determinados índices, como el IPC o el PIB. Insistimos, depende de qué tipo de propuesta se haga en la mesa. Esperemos que esta sea una cuestión consensuada por los tres sindicatos que están en la mesa.

P. La otra pata del Acuerdo Marco que se ha implantado hasta diciembre pasado es la del empleo y, sobre todo, la problemática de la temporalidad en las administraciones. El pacto del Gobierno con Bruselas es que la tasa de temporalidad del sector público sea del 8% pero sigue en el entorno del 28%...

R. Sigue habiendo mucha temporalidad y se tiene que atajar. De momento (con los procesos de estabilización a más de 300.000 temporales) hemos quitado parte del tapón que teníamos y ahora hay que seguir desarrollando la transformación de la administración.

P. Pero a pesar de esas estabilizaciones, la tasa de temporalidad no cede ¿Siguen las administraciones contratando temporales en paralelo a los procesos de estabilización?

R. Sí, claro. Se tienen que seguir contratando interinos para suplencias. Va a haber siempre una temporalidad coyuntural en la administración pública y no sé si va a ser del 8% o del 10%. Pero el verdadero efecto de la ley se va a ver ahora, cuando pasados tres años, se empiece a penalizar a las administraciones que están generando una bolsa excesiva de temporalidad, porque esas personas irán a la calle indemnizados y habrá que sacar su plaza. Y para que todo esto pueda hacerse, es imprescindible que desaparezcan los límites a la tasa de temporalidad.

P. El anterior ministro de Función Pública, José Luis, Escrivá, prometió eliminarla desde el 1 de enero pasado.

R. Porque Escrivá pensaba que iba a tener Presupuestos Generales del Estado y no los tenemos. Pero para ciertas cosas como esta, los Presupuestos son lapidarios. Nos produce pavor la parálisis de inversión que se da en un país porque no se tiene Presupuestos. Pienso si la bancada parlamentaria es consciente de si merece la pena paralizar las cuentas por la batalla política. Su ausencia debilita los servicios públicos y la cohesión social que estos representan.

P. Otra de las cuestiones problemáticas ahora mismo en la gestión de las plantillas públicas es la gestión de la jubilación parcial anticipada, tras los cambios en la normativa de Seguridad Social que entraron en vigor el pasado 1 de abril. Ante las nuevas dificultades ¿Están las administraciones impidiendo esa modalidad de retiro?

R. A las administraciones que prohíban las jubilaciones parciales sin justificar ninguna causa las denunciaremos. El requisito de que el trabajador relevista que sustituya al jubilado parcial sea indefinido y a tiempo completo exige sacar una plaza y para eso hay que dar tiempo a las administraciones públicas a preparar su presupuesto, su gestión de las plantillas y sus procesos de selección. Por eso, en la mesa de Seguridad Social lo hemos dicho alto y claro: no se va a dar un paso hasta que no se solucione esto. Para ello hemos pedido que se incluya una transitoriedad (en la norma) con su moratoria correspondiente.