Bruselas rebaja las cargas administrativas a las empresas con menos de 750 empleados

En su afán por “simplificar” las cargas administrativas y regulatorias que las instituciones europeas han desplegado en los últimos años, este martes ha tocado el turno de las empresas de un tamaño mediano que superan a las pymes pero no llegan ser muy grandes: las que tienen menos de 750 empleados. Según los cálculos de la propia Comisión Europea, las medidas que han planteado este miércoles, en el cuarto paquete simplificador que aprueba el Colegio de Comisarios en lo que va de año, afecta a un total de 38.000 compañías y les supondrá un ahorro de unos 400 millones.

Para lograr ese objetivo, Bruselas plantea eliminar “los 10 obstáculos más dañinos” para el funcionamiento de las empresas, una vez han consultado con ellas cuáles eran esos problemas. Las compañías habrían apuntado a “normativas complejas”, la falta de reglas comunes en todos los países de la UE, obligaciones de envasado, las carencias en el reconocimiento de cualificaciones profesionales, altos costes en el desplazamiento de trabajadores de baja cualificación o divergencias entres las normas de los diferentes Estados miembros.

“Estas barreras se han identificado tras consultar con las partes interesadas. Su eliminación mejorará la libre circulación de productos, la prestación transfronteriza de servicios y la simplificación del establecimiento y el funcionamiento de las empresas en toda la UE”, justifica la Comisión Europea a la hora de avanzar en esta dirección.

Buena parte de las barreras que señalan las empresas y la Comisión suponen, en realidad, dificultades para lograr un funcionamiento óptimo del mercado único, uno de los empeños que se ha fijado el Ejecutivo europeo como una de las respuestas a la guerra comercial. Los problemas en el mercado interior no se encuentran solo en aquellos puntos en los que todavía no se ha completado la Unión, como en el mercado bancario, el de capitales o el de las telecomunicaciones. También hay otros elementos y sectores que, aunque ya están desplegados, luego encuentran encuentran dificultades.

Muchos de estos problemas lastran a las empresas que no tienen un gran tamaño. Las pymes actuales, las que tienen menos de 250 trabajadores ya tienen exenciones, y ahora lo que busca Bruselas es aplicar parte de estas ventajas a un colectivo de firmas algo más grandes. Son las que cuentan con plantillas entre los 250 empleados y los 750. “Son empresas muy importantes porque con frecuencia no están en las capitales y nutren a todo un territorio. Entre 500 o 600 trabajadores, cuando están en provincias o en una región rural, son con frecuencia las empresas más importantes del lugar”, ha justificado el vicepresidente para la Estrategia Industrial de la Comisión, el francés Stéphane Séjourné.

Para estas compañías, entre las exenciones y simplificaciones que pone sobre la mesa la Comisión hay regulaciones que atañen a muchos campos: mercados financieros, documentos bursátiles, gases fluorados o protección de datos. Un ejemplo sobre esto último consiste en que estas empresas ya no tendrán que almacenar todos los datos personales que procesen, sino solo aquellos que se consideren de alto riesgo.

Hay otros campos en los que el Ejecutivo de la Unión se plantea facilitar la gestión de las empresas como la eliminación de proporcionar declaraciones de conformidad, instrucciones de uso o documentos físicos para que puedan hacerlo de forma digital.

Siguiendo una de las recomendaciones del informe Letta, Bruselas establecerá el llamado régimen 28 de sociedades de derecho europeo que facilite trámites a las empresas en toda la UE a través de un establecimiento digital. Ese ejemplo también ha servido al Gobierno español para tratar de crear una régimen 18 (en referencia a una comunidad autónoma virtual que facilite trámites al sector privado).

Con el objetivo de eliminar las incoherencias que hay en las trasposiciones de normas comunitarias en los diferentes Estados de la UE, Bruselas también va a poner en marcha un análisis de esto y buscar formas para homogeneizar normativas. A su vez, la Comisión está examinando cómo sus propias normas pueden contribuir a estos obstáculos y está tomando medidas para simplificarlas".