La jornada laboral pactada ya ronda las 37 horas y media en el País Vasco, Navarra y Cataluña

La jornada media pactada en España es de 38,37 horas, según la estadística de abril de convenios colectivos. Está más cerca de las 37,5 que intenta alcanzar por ley el Gobierno, que de las 40 que establece el Estatuto de los Trabajadores actualmente. Es decir, pese a que la normativa permita las jornadas ordinarias máximas de 40 horas, la negociación colectiva ya ha conseguido recortar casi hora y media a la semana a ese tope para los empleados con convenio. Este es un promedio nacional, pero la desagregación territorial muestra algunas regiones que ya empatan o han superado esas tan mencionadas 37 horas y media. Es el caso del País Vasco, de Navarra y de Cataluña.

En estas tres comunidades autónomas, la jornada pactada media ya se encuentra cerca de esa variable: según los datos del Ministerio de Trabajo hasta abril, es 37,16 horas en el País Vasco, de 37,52 en Navarra y de 37,56 en Cataluña. Este promedio incluye todos los sectores: desde los menos productivos y más intensivos en uso de mano de obra, y que por lo general ofrecen jornadas más largas (como la hostelería, el campo y el comercio); a los más productivos o con mayor fuerza sindical, con jornadas más cortas (como la educación, las actividades financieras, tecnológicas o industriales).

Las tres regiones que sobresalen por sus jornadas menos extensas destacan por un mayor peso de las actividades de mayor valor añadido en sus economías, al contrario que aquellos territorios con jornadas más largas, con más protagonismo del sector primario y de la hostelería. Es el caso de Canarias (39,7), Extremadura (39,06) y la Región de Murcia (39,05). También están por encima del promedio en Islas Baleares (38,85), Andalucía (38,93) y Castilla-La Mancha (38,97).

Esta información del Ministerio de Trabajo se compone de 2.405 convenios colectivos que rigen las condiciones laborales en 765.303 empresas, que emplean a 7.431.244 trabajadores. Es decir, es un retrato de cómo opera la negociación colectiva, de las condiciones con las que trabajan los empleados bajo el paraguas del diálogo entre comités y empresarios. Fuera de esta estadística quedan asalariados sin convenio, para los que rige el salario mínimo interprofesional y los empleados públicos, entre otros.

Esta estadística también permite conocer la evolución de los salarios pactados en convenio: según el registro de Trabajo, acumulan un incremento del 3,35% hasta abril, por encima del dato de inflación interanual del cuarto mes (2,2%). Esa cifra también supera en casi cuatro décimas al incremento que acordaron sindicatos y patronales para 2025 en el pacto salarial trianual que termina este año. Cabe subrayar que durante los peores años de la inflación, con el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los precios crecieron mucho más que las retribuciones, de manera que las subidas actuales no llegan a compensar (de momento) lo que se perdió entonces.

Negociación para reducir la jornada

La reducción de jornada por ley exige el apoyo de todos los socios del Ejecutivo, un escenario incierto ante la posición contraria de Junts. El grupo catalán dice que no respalda el acuerdo de Trabajo y los sindicatos, que catalogan como un ataque a las pymes catalanas. Dice estar dispuesto a negociar, aunque presente una enmienda a la totalidad. En el Gobierno, tanto el ala socialista como la de Sumar transmiten optimismo, pese al rechazo frontal que de momento transmite Junts. En Cataluña, como indica la estadística del ministerio, la jornada pactada media ya se sitúa casi en esas 37 horas y media.

Es incluso inferior en el País Vasco, como viene subrayando el PNV. El grupo vasco ha manifestado recurrentemente simpatía por la medida e incluso llegó a decir que “en principio” la apoyaría, pero ahora no garantiza su respaldo y critica que del acuerdo no participen también los empresarios. La izquierda nacionalista sí dice respaldar el acuerdo de sindicatos y Trabajo, pero advierten: si la norma cambia demasiado para atraer a la derecha, podrían reevaluar su posición. El Gobierno ya ha enviado la norma al Parlamento.