Fedea prevé que el gasto público en pensiones llegue al 17,1% del PIB en 2050, un punto más que la Airef

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este lunes que el gasto público en pensiones en España podría alcanzar el 17,1% del producto interior bruto (PIB) en 2050. Esto lo situaría un punto por encima de la última estimación publicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calcula el porcentaje en el 16,1%. Esta diferencia tan notable refleja el creciente debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español, tras las reformas acometidas entre 2021 y 2023.

Según Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, el incremento supondría un aumento de hasta 4,1 puntos porcentuales respecto al nivel actual de gasto en pensiones (12,9% del PIB). Durante las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas, García ha recordado que desde 2010 el gasto en pensiones ya ha aumentado 2,9 puntos. Con ese incremento, la partida absorbe actualmente el 30% del gasto total de las administraciones públicas.

García también ha destacado lo que considera una elevada generosidad del sistema español en comparación con la media europea. La tasa de reemplazo ―el porcentaje del salario previo que cubre la pensión— se sitúa en torno a un 65% superior a la media europea, lo que implica que la pensión media representa un 107,3% del salario más frecuente, un 89% del salario mediano y un 73,8% del salario medio. Para las nuevas altas, estos porcentajes son todavía más altos.

El examen que ha publicado recientemente la Airef señala que, pese al incremento previsto del gasto en pensiones (3,4 puntos del PIB adicionales hasta 2050), no será necesario activar ajustes inmediatos en el sistema, en parte debido a la inclusión de las transferencias del Estado a la Seguridad Social. No obstante, la Autoridad Fiscal advierte de un claro empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema y de que el esfuerzo de ingresos necesario sería considerable: 2,2 puntos del PIB adicionales (unos 32.000 millones de euros actuales) a los ya comprometidos.

Cristina Herrero, presidenta de la Airef , subrayó las “importantes debilidades metodológicas” del examen, al estar condicionado por una coyuntura económica favorable y mostrar una excesiva sensibilidad a cambios en los supuestos macroeconómicos. Aunque técnicamente el examen evita ajustes, Herrero alertó de que el gasto en pensiones subirá de media más de un 4% anual, cuando el compromiso del Estado es que el gasto público total no crezca por encima del 3%. Esta desviación forzaría a recortar otras partidas presupuestarias o a incrementar aún más los ingresos.

Además, la Comisión Europea, que en su momento expresó dudas sobre la reforma de las pensiones, exige un control cada tres años de las proyecciones de gasto e ingresos, condicionando que el gasto promedio neto en pensiones entre 2022 y 2050 no supere el 13,3% del PIB. Según los cálculos preliminares, España ha evitado —por poco— tener que activar la cláusula de ajuste automático prevista, gracias a la incorporación de transferencias y otros factores como el incremento del salario mínimo.

Fedea, a través de su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, ha mostrado fuertes objeciones a la forma en que se ha aplicado la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). De la Fuente cuestiona que el procedimiento haya permitido incluir ingresos por transferencias estatales que, según su criterio, no deberían contabilizarse como ingresos genuinos del sistema, ya que simplemente trasladan el déficit a la Administración General del Estado.

Además, el centro de análisis, financiado por algunas de las mayores compañías españolas, advierte de que el ajuste sobre las proyecciones del PIB es “excesivamente optimista” y genera una “ilusión monetaria” al sobreestimar la sostenibilidad. Según sus cálculos, el cumplimiento de la condición de sostenibilidad se ha logrado “por los pelos”, con una diferencia de apenas una décima, debido a la inclusión a regañadientes de algunas transferencias por parte de la Airef.

Mientras tanto, el Gobierno y la Seguridad Social argumentan que otros países europeos también utilizan transferencias para financiar sus sistemas públicos de pensiones. Y que las proyecciones de ingresos por cotizaciones mejorarán gracias a medidas como la reforma laboral o el aumento del salario mínimo. Aun así, la Airef y Fedea coinciden en que el envejecimiento demográfico, el bajo crecimiento potencial de la economía (1,3% anual previsto a largo plazo) y la elevada deuda pública son factores que seguirán presionando las cuentas públicas en las próximas décadas.