Desarticulada una red ligada a la mafia rusa que se controlaba desde España

A primera vista parecían simples chorizos. Ladrones de medio pelo, pequeños atracadores o vendedores de objetos robados. También era gente dispuesta a matar si era necesario o se lo pedían por encargo. Pero lo que hace especiales a los 24 presuntos mafiosos georgianos y rusos detenidos ayer en España, y a los 45 más arrestados al mismo tiempo en Alemania, Austria, Suiza, Francia e Italia, es su organización trasnacional y su presunta obediencia a uno de los siete principales líderes de la criminalidad organizada procedente de la extinta Unión Soviética: el ruso Zakhar Kalashov. El capo, que está pendiente de una sentencia por blanqueo, se pasea libremente por España desde que el 2 de marzo fue puesto en libertad bajo fianza por la Audiencia Nacional tras pasar cuatro años en prisión preventiva.

La organización invertía sus ganancias en empresas de paquetería

Kaslahov, como otros mafiosos, salió de la cárcel tras pagar una fianza millonaria

La operación, denominada Java, se inició al mismo tiempo en los seis países, pero en España, según fuentes judiciales, se encontraban sus principales dirigentes. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, detuvieron al principal responsable, Kakhaber Shushanasvili, y a otros 14 supuestos miembros de la organización. El resto de los arrestos se produjo en Valencia -cuatro-, en Getxo (Vizcaya) -cuatro, todos georgianos y uno de ellos el presunto contable del grupo, según Europa Press- y uno más en Guadalajara, identificado por la policía como Kvicha P. Además de los domicilios de los detenidos, los agentes registraron varios inmuebles en Madrid y Alicante.

El operativo, coordinado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska e ideado por la Fiscalía Anticorrupción española en cooperación con las fiscalías de Alemania, Austria y Suiza, condujo a la detención de otras 45 personas en esos países, así como en Francia e Italia. Además del caso abierto en España, las justicias alemanas y austriacas siguen sus propias investigaciones de manera independiente, según fuentes de ese tribunal.

"Se trata de una organización criminal internacional perfectamente estructurada y fuertemente jerarquizada, dirigida desde España y activa principalmente en el robo, el robo con fuerza y la receptación", explicó la fiscalía suiza en un comunicado en el que cifraba en 11 los detenidos. Además de en esos países, la organización recaudaba dinero en Irlanda, Suecia, Bélgica, Reino Unido y Turquía. "No nos vamos a encontrar con grandes mansiones ni con enormes cantidades de dinero, como ha sucedido en otras operaciones", señala una fuente policial española. "Estamos ante una organización que actuaba en los niveles más básicos, aunque en varios países", añade.

Sin embargo, España era el verdadero centro de la organización. Los dirigentes detenidos en Barcelona, Valencia, Guadalakara y Getxo eran los encargados de dar instrucciones y supervisar las actividades de los jefes de la banda en los diferentes países, así como de reunir el dinero conseguido en una caja común denominada Obschak -"la caja de los ladrones", en ruso-. Todo lo obtenido se invertía en España en empresas de paquetería y otros negocios menores, según los investigadores.

Es por esa razón que Grande-Marlaska les imputa delitos de mayor importancia. El juez de la Audiencia Nacional, que tomará declaración a los detenidos a lo largo de esta semana, considera que podrían ser autores de los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsiones, cohecho y blanqueo de capitales.

La Operación Java es el tercer gran golpe que la Audiencia Nacional propina a la mafia rusa. En las dos operaciones anteriores -llamadas Avispa y Troika- fueron detenidos los cabecillas Guennadis Petrov, Vitali Izquilov y Alexander Malishev. Todos ellos, al igual que Kalashov, han sido puestos en libertad después de pagar fianzas millonarias. Petrov y Malishev fueron excarcelados el pasado 27 de enero tras pagar 600.000 y 500.000 euros respectivamente. Izguilov, que abandonó la prisión unas semanas después, abonó 300.000.

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