Las trabajadoras de Antonio Arroyo, “el estafador de los pobres”, le delatan: “Me dio la instrucción de engañar a los clientes”

El juicio contra “el mayor estafador hipotecario de España”, también conocido como “el estafador de los pobres”, ha dado un vuelco este miércoles con la declaración de dos de las trabajadoras del principal acusado, Antonio Arroyo Arroyo, de 72 años, el prestamista procesado —junto a otros ocho de sus colaboradores— en la macrocausa que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por una multitudinaria estafa. Ambas le han delatado y han dejado al descubierto su supuesta operativa del fraude.

“Me dio la instrucción de engañar a los clientes”, ha reconocido una de ellas. “Actué en connivencia con Arroyo contra personas vulnerables, siendo yo consciente de que les hacíamos firmar documentos elaborados y falsificados por él, en los que firmaban cantidades ante notario muy superiores a las que se les entregaban en metálico y que difícilmente iban a ser capaces de devolver en los seis meses que ponía”, ha asumido y le han delatado ante la sorpresa de la sala.

Antonio Arroyo ha estimado haber realizado “unas 1.100 operaciones” como prestamista en diez años, por lo que constan cientos de derechos hipotecarios vinculados a él y a sus empresas en el Registro de la Propiedad, ya que siempre establecía como garantía de devolución del préstamo la vivienda de sus clientes.

Tras más de una década escapando de denuncias, acusaciones, detenciones y saliendo absuelto de juicios, ahora una treintena de presuntos perjudicados se ha unido para plantarle cara al mayor prestamista de este país, el “rey del dinero fácil”, que este miércoles ha dado muestra de su soltura en los escenarios judiciales, respondiendo una por una a las siete acusaciones, a la Fiscalía y a las nueve defensas.

María Antonia Muñoz y María Carmen Camblor, que eran dos de las principales intermediarias de Antonio Arroyo para sus tejemanejes de firmas de escrituras en sus notarías habituales de Madrid, han desgranado su operativa del fraude por el que decenas de familias humildes, que acudieron a Arroyo entre 2006 y 2012 pidiendo un préstamo para superar la angustia de sus deudas, acabaron perdiendo sus viviendas o abocadas a la ruina.

“Todos lo sabíamos, sabíamos que los clientes firmaban cantidades en la escritura que no se correspondían con lo que Antonio Arroyo les entregaba en la notaría, sabíamos que engañábamos a los clientes, llegamos a falsificar documentos bancarios para darle credibilidad a la firma, y yo misma me hice pasar por intermediaria de Caja Duero, igual que otro se hizo pasar por director de esa entidad”, ha reconocido María Antonia Muñoz, una de las exempleadas de Arroyo, encargada de captar potenciales “clientes” necesitados de “dinero rápido”.

“Es todo mentira”, ha resuelto Arroyo, el último en declarar. El principal acusado se ha defendido de las acusaciones asegurando que “se trata de unas declaraciones acordadas con la Fiscalía y las acusaciones particulares” y los presuntos afectados. Ha negado todo.

En la jornada de este miércoles han declarado los nueve acusados, empezando por las dos exempledas y terminando por Arroyo, con versiones completamente opuestas. Mientras ellas avalaban la versión de los perjudicados y explicaban la operativa del engaño diseñada por Arroyo que ejecutaban junto a él y otros colaboradores en las notarías de su confianza, él se limitaba a decir que todo era “incierto” y se desvinculaba de ellas.

Según Arroyo, los clientes conocían perfectamente los términos de los documentos que firmaban, también las complicadas (casi imposibles) condiciones de pago que se les imponían en esas escrituras ante notario (cantidades que duplicaban o triplicaban al dinero del préstamo que le solicitaban, a pagar en un plazo máximo de seis meses), y también que eran conscientes de que el contrato adquirido era una “hipoteca cambiaria”, es decir, que si no pagaban la cantidad demandada corrían el riesgo de perder sus casas (lo único que tenían).

La realidad es que muchos de los afectados perdieron sus casas porque salieron a subasta antes de que pudieran pagar el dinero que les demandaba Arroyo, hubo quienes las malvendieron para pagar esa ingente deuda repentina a la que les había abocado, y otros se arruinaron y han arrastrado desde entonces situaciones de embargos hasta hoy.

“Yo quería el dinero, no las casas”

“A mi me interesaba el dinero, no las casas”, ha insistido Arroyo, en un interrogatorio que ha incluido un receso de unos minutos en el que el acusado ha impelido a los periodistas a “tomar buena nota”.

El prestamista ha querido presentarse como un profesional que trataba de “ayudar” a gente en apuros facilitándoles préstamos o “puentes hipotecarios” para salvar sus acuciantes deudas. Pero, según lo relatado por sus antiguas colaboradoras, esa ayuda consistía en aumentarles esas deudas con la firma de un préstamo de condiciones e intereses leoninos para ahogarles económicamente y después ofrecerles “una solución” o “facilidades de pago” que pasaban por poner en juego su vivienda, con la que les presionaban. O pagaban o se la quitaban “terceros” a quienes, previamente, Arroyo les había vendido esos derechos hipotecarios, como él mismo ha reconocido. Es decir, según lo relatado por sus propias colaboradoras, él les creaba el problema (ampliando su deuda) y luego les daba la solución, que pasaba porque le pagaran cantidades muy superiores a lo que ya le habían pedido si no querían perder sus casas.

La tensión ha ido in crescendo a lo largo de esta jornada de miércoles y, finalmente, varios cámaras de televisión y de este diario han sido agredidos por la exmujer de Antonio Arroyo y por él mismo en la puerta de la Audiencia Provincial, teniendo que intervenir la Policía Nacional. Tras las declaraciones de este miércoles, la Fiscalía ha rebajado de ocho a 3 años y medio la pena solicitada para Antonio Arroyo y pide dos años para las dos exempleadas. El juicio ha quedado pendiente de que este jueves las partes lean sus correspondientes informes.