El último juicio contra Antonio Arroyo, “el estafador de los pobres”

La lista de inmuebles del registro de la propiedad vinculados a Antonio Arroyo Arroyo, un prestamista de 72 años, es interminable. Son cientos, muchos en Madrid, pero también en Murcia, Cuenca, Lugo, Almería, Sevilla, Alicante, Segovia, Soria, Toledo. Más de 80 folios de listas de viviendas, tantas como sus presuntas víctimas. Después de más de una década saliendo airoso de pleitos, denuncias, detenciones y declaraciones contra él, que parecían caer en saco roto por prescripción del delito, por agotamiento de los afectados o incluso por su fallecimiento, estos días el “mayor estafador hipotecario de España”, “el estafador de los pobres”, parece sentir que no le llega la camisa al cuello.

Entra y sale de la Audiencia Provincial de Madrid a paso ligero, como siempre se ha movido él por los juzgados, con una carpeta en la mano derecha y el móvil en la izquierda, pero con un creciente gesto de preocupación. Pasa esquivo por delante de sus presuntos estafados, que no se quitan ni los abrigos, anclados en las sillas que hay frente a la puerta de la sala de vistas, incrustados en su asientos con la gravedad de una pesadumbre eterna, esperando a ser llamados a declarar. Apenas le reconocen, la mayoría solo le vio una vez, en los años de la crisis (entre 2008 y 2015), el día que firmaron el préstamo que les arruinó la vida.

Antonio Arroyo, con chaqueta de tweed, entra rápido en la sala y se sienta en la primera fila, junto a los ocho abogados que ejercen su defensa y la de sus siete colaboradores procesados. Enfrente, los letrados de las cuatro acusaciones particulares, que representan a una treintena de afectados, y la fiscal. Arroyo es el principal acusado y declarará el último esta próxima semana. La Fiscalía le pide ocho años por un delito continuado de estafa y las acusaciones añaden otros 11 años por “organización criminal” y “falsedad en documento publico y privado”.

Una treintena de afectados ha logrado unirse en un macrojuicio contra él, el último, después de haber salido indemne de muchos. Gente como Gloria Esquivias, de 61 años y auxiliar de enfermería, a la que en 2011 se le acumulaban los gastos de sus tarjetas de crédito y quiso unificarlos en un solo préstamo para pagarlo cómodamente en plazos. Vio un anuncio de los de las empresas de Antonio Arroyo y picó: “Dinero rápido, créditos en un día, cancelamos embargos”, “¿Necesita dinero? nosotros se lo facilitamos de forma inmediata y sin trámites". Le pidió 5.000 euros y acabó pagándole 63.000 bajo amenaza de perder su casa y casi también su matrimonio. O como Isabel Ballesteros, que solicitó 22.000 y acabó teniendo que vender su piso a toda prisa para que no se lo quitaran y pagando una nueva deuda de 60.000 euros a Arroyo. O como Begoña Martínez, peluquera, que acordó un préstamo de 6.000 euros con los intermediarios del prestamista y acabó teniendo que vender la peluquería para que no le quitaran la casa y pagando otra deuda de 28.000 euros. O el tristísimo caso de Ramona Navarrete, madre de un niño discapacitado, que recibió un mensaje de su marido (“Cuida mucho del nene, perdona toda la presión que te he hecho pasar, no aguanto más, no llames a nadie”), justo antes de que éste se quitara la vida porque no pudo afrontar la espiral de deudas en la que les habían metido. Habían pedido un préstamo de 19.000 euros para terminar de pagar una retroescavadora, adquirida por su marido y parada por la crisis inmobiliaria. “No teníamos ni para gasoil”, recordaba la mujer este miércoles en el juicio.

Una a una, las personas afectadas han ido prestando declaración esta semana en la sala de la Audiencia Provincial y desgranando con sus relatos el modus operandi ya descrito por la policía en sus atestados: “Familias humildes con apuros económicos, les prometen la devolución del préstamo en cómodos plazos, condición indispensable poseer bienes inmuebles, son citadas en una notaria, allí les urgen a firmar papeles con explicaciones confusas y falsas bajo amenaza de perder la oportunidad de obtener el dinero que necesitan, les entregan un dinero en metálico o en cheques que siempre es la mitad o la tercera parte de lo que firman en una escritura sin enterarse, con unas condiciones de pago imposibles (letras a pagar en días consecutivos) y, ante la falta de pago, reclaman sus inmuebles por vía judicial”.

Notarios como “blanqueadores”

Un atolladero casi perfecto en el que aparecen importantes actores secundarios como los notarios (que casi siempre son los mismos), intermediarios habituales (incluida la mujer de Antonio Arroyo, su hija y su sobrino), incluso falsos directores de banco.

La operativa de Antonio Arroyo, desarrollada durante años, llevaba a los presuntos estafados desde cualquier parte de España hasta la calle Rosario Pino, 8, en Madrid, donde está la sede social de una de sus empresas y que los afectados describen como “una casa”. Posteriormente, y generando siempre sensación de urgencia sobre los prestatarios, se les conducía hasta una notaría, casi siempre en la calle del Buen Suceso, 6, o en la calle Orense, 68, de la capital, donde se encuentran respectivamente dos de los notarios más recurrentes en estas operaciones: Julia Sanz López y Ricardo Ferrer Giménez. En concreto, en la notaría de Julia Sanz, entre los años 2006 y 2012, se firman 319 préstamos hipotecarios de Antonio Arroyo, el 10% de todos los firmados en esos seis años en esa notaría madrileña, según consta en uno de los informes aportados en la causa.

La policía, en los atestados que obran en el extensísimo sumario, describe la labor de los notarios como “blanqueadores” de la estafa, en tanto en cuanto le dan una pátina de legalidad a las operaciones y a las firmas como fedatarios públicos que son. Y así lo dicen los afectados en sus declaraciones: “Como había un notario, me fie”, resumen.

Sin embargo, durante la instrucción, los notarios implicados fueron exculpados: “No existen elementos suficientes para concluir que los notarios participaron a sabiendas de la actividad supuestamente fraudulenta de Antonio Arroyo y sus colaboradores, ni que cooperasen con su intervención, ni que tuviesen conocimiento del engaño, ni que se beneficiasen económicamente”, dice el auto de noviembre de 2019 del juzgado número 4 de Plaza Castilla, por el que el juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los notarios Julia Sanz López, Ricardo Ferrer Giménez, José Usera Cano y Ángel Almoguera Gómez.

Los notarios, aunque alguno ha tratado de eludir incluso su citación para acudir al juicio en calidad de testigo, declararán también esta próxima semana. Son la principal baza del abogado defensor de Antonio Arroyo, que ha obligado a todos los presuntos estafados a reconocer sus firmas en los papeles rubricados por los notarios y los acusados. Es decir, a asumir que firmaron para obtener un dinero ante un notario que —aunque fuera con prisas y de manera embarullada— les leyó los documentos que ahora aseguran no saber qué eran ni qué ponía en ellos.

Sin embargo, pese a las dudas, hay un caso muy clarificador en este proceso judicial porque en él participó directamente la policía y fueron detenidos Antonio Arroyo y varios de sus colaboradores en el momento de producirse la presunta estafa. Es el caso de José Enrique Masía Pérez y Andrea García que, mosqueados y extrañados por los escurridizos personajes que iban a darles un préstamo y por la escenografía de su engaño, realizaron algunas comprobaciones y descubrieron que quien decía ser director de Caja Duero (el banco que supuestamente gestionaría su crédito) no era más que un impostor, y acudieron a comisaría. Por eso, el 5 de septiembre de 2012, cuando las colaboradoras de Arroyo les dieron cita a las 12.00 de la mañana de nuevo en la notaría de la calle del Buen Suceso, 6, llamaron a los agentes del Grupo IX de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Los policías les acompañaron hasta allí y comprobaron que les dieron en metálico 7.500 euros y no los 16.000 que ponía en la escritura firmada. Acto seguido detuvieron a los presuntos estafadores.

En su atestado dejan al descubierto la operativa aparentemente fraudulenta a la que eran sometidos los estafados y constatan su modus operandi, al igual que insisten en que “el instrumento fundamental de derecho utilizado por la organización y como garantía de impunidad de los autores es la escritura refrendada por notario”. Y añaden: “Dicho carácter de fe pública, blanquea y da una apariencia legal a las distintas operaciones”.

Los investigadores de la policía, testigos del fraude, aluden además al artículo 24 de la ley del notariado que establece que se deben identificar los medios de pago empleados y lo que se tiene que poner en los pagos al contado en las escrituras: “Confesado si se ha satisfecho antes de la formalización del documento, al contado si se hace en el mismo momento de la firma y aplazado si se hace en momento posterior”.

Por todo ello, concluyen: “La entrega de cantidades en metálico, no coinciden con las reflejadas en la escritura, dicho dinero no se cuenta en presencia del notario, no se acredita el origen de dicho dinero, no se entrega copia de la escritura a las víctimas, no consta que esta haya estado a su disposición con antelación tampoco, a las víctimas no se les informa sobre los intereses de demora (29%) ni sobre las letras y sus vencimientos, no se realiza la lectura de las cláusulas por parte del notario”.

El juicio contra Antonio Arroyo Arroyo y sus compinches continúa este lunes. Una causa que retrata una época, la de quienes sacaron partido de la desesperación en la última gran crisis económica.