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LAS REVELACIONES DEL SUMARIO DEL 'CASO ASTAPA'

"Ve preparando lo mío. Tengo que pagar mi coche nuevo"

Un técnico de Estepona cobró 42.000 euros por licencias

Fernando J. Pérez

Arturo Manuel Cebrián García, arquitecto del Ayuntamiento de Estepona, es, según la policía, un hombre de gustos caros: comidas en restaurantes lujosos, partidas de golf en los campos más selectos de Málaga. Sin embargo, sus ingresos declarados no dan para muchos dispendios. Necesita aportes económicos extra, así que aprovecha su cargo en el consistorio, que ocupa desde 2005, sin concurso ni oposición, para exigir dinero a los empresarios a cambio de licencias. Así fue al menos hasta junio de 2008, cuando fue detenido en la Operación Astapa contra la corrupción.

Para esa fecha, los agentes de la Brigada de Blanqueo habían detectado que Cebrián era "especialmente prolífico a la hora de aceptar dádivas". Una de las más sonadas fueron 42.000 euros a cambio de tramitar la licencia del Oasis Club Plaza, un prostíbulo que había provocado numerosas quejas entre los vecinos. En una conversación recogida por la policía en octubre de 2005, Cebrián apremiaba a José Luis Cabas, un empresario asturiano copropietario del club en estos términos: "Ve preparando mis cosas. Me he comprado un coche y tengo que pagarlo". El soborno se pagaría en dos plazos: 24.000 euros inmediatamente y 18.000 euros a la presentación de un nuevo proyecto.

Barrientos medió en la venta de un terreno de su madre para un convenio
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El empresario Cabas aseguró a un socio: "Esto es un unte, Pedro (...) pero a partir del pago tendremos un contacto de puta madre en el Ayuntamiento para cualquier otra cosa: el arquitecto municipal". En la operación de la licencia fraudulenta estaban también inmersos la abogada Ana Crespo -hermana del edil posgilista Ignacio Crespo-, el concejal Manuel Reina y el director de El Periódico de Estepona, Antonio García, en cuya publicación, los empresarios deberían colocar publicidad.

Arturo Cebrián era una pieza clave para que los responsables políticos realizaran desmanes urbanísticos. "Son numerosos los casos en los que mediando Arturo se dan tratos de favor (...) como firmar y participar en numerosos convenios mediante resoluciones que se separan de la legislación vigente", sostienen los investigadores. También "se sumerge en negocios inmobiliarios no sólo incompatibles con la función que desempeña, sino que se prevale de su cargo para que esos negocios prosperen". Una mercantil del grupo Valle Romano, con grandes intereses urbanísticos en Estepona, realizó pagos a la empresa Arce Arquitectura, propiedad de Cebrián.

El sumario del caso Astapa también ha revelado que el ex alcalde Antonio Barrientos medió en la venta de unos terrenos de su madre que posteriormente fueron objeto de un convenio urbanístico. La operación de compra-venta se produjo en enero de 2004, y el entonces regidor, según la policía y la primera juez instructora del caso, "llevó de su propia mano las negociaciones", que reportaron a la familia Barrientos 7,5 millones de euros. En agosto del mismo año se aprobó el convenio de "Arroyo de Enmedio Este", paraje donde se enclavaban los terrenos de la familia Barrientos. En una conversación intervenida al edil del PES José Ignacio Crespo, éste afirmaba que los compradores "han pagado más por el suelo de lo que valía pensando, porque [Barrientos] se lo ha insinuado, que les iba a echar una mano en lo de Guadalmina". Según la Policía, "el alcalde tiene suficiente influencia como para saber qué terrenos van a formar parte de un convenio urbanístico y cuando se puede firmar por el consistorio". Por ello, prosiguen los investigadores "a la hora de la venta del terreno, propiedad de su madre, puede negociar frente a la empresa interesada con la seguridad de que se va a llevar a cabo el convenio".

En la orden de detención de Barrientos, la juez Isabel Conejo destaca que el ex alcalde "pudiera estar usando testaferros para encubrir la compra de varios bienes inmuebles", y hace referencia a dos cheques por 1,17 millones de euros procedentes de dos bancos radicados en las Islas Caimán y que fueron ingresados en una de las cuentas corrientes del Ayuntamiento. De ese dinero no se conoce ni la procedencia ni el destino que se le dio.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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