La Fiscalía denuncia al promotor Tomás Olivo por "desobediencia grave" a los jueces

La Fiscalía ha solicitado al juez instructor del caso del centro comercial Parque Nevada, Miguel Ángel del Arco, que amplíe la imputación de su promotor, Tomás Olivo, por un delito contra el orden público que incluye "desobediencia grave a la Autoridad Judicial". El Ministerio Público estima que el empresario ha rebasado las obras de seguridad autorizadas por otra juez tras la paralización cautelar de las mismas. El fiscal ha pedido asimismo la ampliación de la imputación del alcalde de Armilla y su concejal de Urbanismo, al hacerles responsables del extravío de un informe contrario al centro comercial.

La petición de la Fiscalía se produce tras el informe del Seprona de la Guardia Civil, que alertaba de que el colosal centro comercial de 70.000 metros cuadrados "podría afectar al terreno ocupado por el proyectado metro de superficie". Tras la inspección realizada junto al juez Miguel Ángel del Arco, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, el fiscal comprobó cómo las obras habían incluido el revestimiento de ciertas zonas con mármol y otros elementos decorativos. Estas obras fueron autorizadas por la juez Carmen Navajas el pasado diciembre, con el propósito de "asegurar los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad del edificio".

La magistrada estimó entonces que la situación del centro comercial suponía un "riesgo grave para la seguridad de las personas y de la propia construcción", pero el empresario Tomás Olivo, imputado asimismo en la operación Malaya por cohecho, avanzó en dichas obras hasta el punto de incluir elementos decorativos, anomalía que ha sido denunciada ahora por el fiscal.

El Ministerio Público precisa en su escrito que, al menos de forma indiciaria, los límites de dicha autorización han sido "sobradamente rebasados, y ello a sabiendas de las consecuencias derivadas de su incumplimiento". De este modo, el fiscal propone al juez la imputación de Olivo por un delito contra el orden público, que se sumaría al delito de ordenación del territorio ya estimado por el magistrado.

Las irregularidades denunciadas en la construcción del que sería el mayor centro comercial de la región, se suceden a medida que la investigación del caso avanza. El informe elaborado por los agentes del Seprona alertaba asimismo de la ocupación de "zonas verdes y de equipamientos, de viales públicos, y del incumplimiento de las alturas máximas permitidas en las Normas Subsidiarias de Armilla".

Mientras, el fiscal solicitó también ayer la ampliación de las imputaciones del alcalde de Armilla, José Antonio Morales (PSOE), y del ex concejal de urbanismo, Gabriel Cañavate, por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos perpetrado por funcionarios. Ambos cargos, acusados de prevaricación, son responsables de la desaparición del informe contrario a la tramitación de la licencia del centro comercial emitido por el abogado municipal, José Luis Santana, según el fiscal. "El informe fue conocido por ambos denunciados, y desapareció posteriormente, de manera que no pudo ser tomado en cuenta a la hora de adoptar la resolución de dicho expediente", detalla el escrito.

Para el Ministerio Público, los denunciados "no han ofrecido explicación satisfactoria de descargo acerca de la desaparición sobrevenida, ya que negaron su existencia y conocer su contenido". Tanto Morales como Cañavate negaron ante el juez la existencia de dicho informe contrario al centro comercial, pero junto al letrado municipal, la jefa de Urbanismo, María Encarnación Ruiz, ratificó la existencia del decisivo informe.