La intolerable injerencia de la UCI: mentiras e incoherencias frente al espejo de la historia

Resulta muy sorprendente la nota de prensa de la Unión Ciclista Internacional del pasado 15 de septiembre. Un pronunciamiento público a todas luces fuera de lugar, incoherente en sus diferentes apartados y, lo más preocupante, incompatible con las funciones de un órgano de gobierno del deporte internacional enmarcado en el seno del Movimiento Olímpico. No es difícil adivinar que con esta nota de prensa la UCI quiere respaldar la dudosa gestión y desafortunadas declaraciones del director de la Vuelta, Javier Guillén, en relación con las protestas por el genocidio que está llevando a cabo el gobierno sionista de Israel en la Franja de Gaza. La UCI no hace más que proteger sus propios intereses económicos y los del entramado económico-deportivo del grupo Amaury Sports, propietario de la Vuelta y el Tour. Pero flaco favor les hace si para ello necesita recurrir a la mentira y la incoherencia con los propios valores que predica.

El comunicado de la UCI comienza lamentando los incidentes que han puesto en peligro la competición deportiva y la seguridad de los deportistas. Lo cual es perfectamente comprensible y coherente con su rol. Como advertí en estas mismas páginas en el momento en que comenzaron los incidentes, la organización de la Vuelta debería haberse coordinado con los manifestantes garantizando así la seguridad de la competición y el ejercicio pacífico de un derecho fundamental, tan digno y necesario ante la tremenda emergencia humanitaria que padece la Franja de Gaza. Pero han preferido mirar para otra parte.

De ahí que sorprenda tanto la intromisión de la UCI en la política de un Estado soberano con una crítica inaudita al presidente legítimo del gobierno de España, por cuyo territorio, no lo olvidemos, transcurre la competición ciclista. Todo ello, al tiempo que omite cualquier mención al genocidio que está llevando a cabo el gobierno sionista del presidente Netanyahu, con el apoyo expreso de Sylvan Adams, propietario del equipo Israel- Premier Tech, que era, recordémoslo, el objeto de las protestas ciudadanas.

La neutralidad política que reclama la UCI no es compatible con la injerencia en la política de un gobierno legítimo ni con la crítica que realiza al ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y manifestación protegidos por la Constitución española. Y menos aún con el silencio cómplice que ampara el genocidio y la crisis humanitaria a la que el actual gobierno criminal de Israel somete al pueblo palestino. Con el apoyo expreso del propietario del equipo y el silencio cómplice –y quizá obligado— de todas las personas que lo componen, del propio director de la Vuelta y del grupo Amaury Sports. Allá ellos, cada uno debe soportar la ruindad de sus miserias morales y ser responsable del lugar que quiere ocupar en la historia. Pero la UCI es un órgano de gobierno del deporte del que se espera un poco más de contención. Su ambivalencia política no es coherente con sus propias proclamas de neutralidad y lastra su legitimidad para continuar formando parte del Movimiento Olímpico.

Más aún si se tiene en cuenta la apelación de la UCI a los valores olímpicos de la paz y neutralidad, al tiempo que se permite poner en duda la capacidad de España para organizar eventos deportivos, lo cual, por otra parte, queda totalmente fuera de sus competencias. Quizá sea el momento de reclamar al Movimiento Olímpico no sólo la expulsión de los equipos que representen a Israel de las competiciones deportivas bajo su auspicio, sino también la exigencia de una rectificación expresa por parte de la UCI, como muestra del debido respeto a la Carta Olímpica y al propio código ético de la UCI.

Lo primero puede realizarse perfectamente sin perjudicar la carrera deportiva de los y las atletas israelíes. A costa, eso sí, de que renuncien a exhibir la simbología nacional israelí en su indumentaria y se abstengan de utilizar el himno o la bandera en las competiciones deportivas. Esto es lo que exige la figura del atleta neutral, creada para aquellos casos de deportistas de Rusia y Bielorrusia no involucrados en acciones militares que quisieran competir renunciando a sus símbolos nacionales en los pasados Juegos Olímpicos de París. Lo cual debería ser un honor para cualquier atleta israelí que tenga un mínimo de escrúpulo moral, dado que no cabe neutralidad alguna ante el mal radical ni mejor desprecio que renunciar al uso de la simbología nacional de la que se ha apoderado el gobierno genocida de Netanyahu.

Una dignidad de la que parece carecer la UCI para vergüenza de todos los aficionados al ciclismo y al deporte en general. No les vendría mal a los responsables del ciclismo internacional mirarse en el espejo del reciente ganador de la Vuelta, Jonas Vingegaard, quien comprendió desde el inicio que las protestas eran un clamor de dignidad contra quienes tratan de silenciar para siempre la voz del pueblo palestino. Un pequeño gran gesto que identifica al líder que destaca entre el pelotón de mediocridad que hoy representa la UCI.

Alberto Carrio Sampedro es profesor de filosofía del derecho de la Universidad Pompeu Fabra.