ASO, el imperio de capital francés especializado en la organización de eventos deportivos que está detrás de la Vuelta a España

Desde 2009, la Vuelta ciclista a España marcha en la dirección que marca Javier Guillén. El madrileño, de 52 años, asumió el mandato de la carrera después de siete años en Unipublic, la empresa que organiza la prueba desde 1979. Él es quien ha lidiado estos días con las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech y quien ha dado la cara este lunes en Madrid, epicentro de las manifestaciones pro-Palestina que provocaron este domingo la suspensión de la última etapa con salida en Alalpardo y final previsto en la plaza de Cibeles. No es Guillén, sin embargo, la cúspide de la pirámide que hace y deshace en la Vuelta a España. Desde 2014, la propietaria única de la carrera es ASO (Amaury Sport Organisation), empresa francesa del grupo Amaury que ya había adquirido en 2008 el 49% de la propiedad de la Vuelta.

ASO es la promotora de la carrera ciclista más relevante del planeta, el Tour de Francia (así como de la Vuelta a España; mientras que el Giro de Italia, la gran vuelta restante, pertenece a la italiana RCS Sports); de dos de los cinco monumentos, la París-Roubaix y la Lieja-Bastoña-Lieja; así como de la París-Niza, la Volta a Catalunya o, ya fuera del ciclismo, el Rally Dakar, el Balón de Oro o la maratón de París. Bajo el paraguas de negocio del Amaury Group, ASO es solo la rama destinada a los eventos deportivos. Dentro del mismo grupo, Éditions Philippe Amaury también es dueña de medios de comunicación como L’Equipe, el diario deportivo más influyente del mundo, Le Parisien o France Football.

Detrás de semejante transatlántico económico se encuentra la francesa Marie-Odile Amaury, viuda del fundador del grupo, Philippe Amaury, fallecido en 2006. El pasado año se estimó que la fortuna de la máxima accionista del Amaury Group, nacida en Estrasburgo hace 85 años, se acerca a los 675 millones de euros, cifras que la sitúan como la cabeza visible de una de las 200 familias más ricas de toda Francia. Su hija, Aurore Amaury, es codirectora general del grupo y directora del grupo L’Equipe, mientras que su hijo, Jean-Etienne Amaury, ostenta el mismo cargo al frente del grupo Amaury y es, además, el presidente de ASO.

La Vuelta es, por tanto, una de las muchas fuentes de las que bebe la promotora francesa. Más aún en los últimos años, desde que la carrera española ha disparado su rentabilidad. El pasado año, sin ir más lejos, la ronda ciclista elevó un 10% su facturación, según datos de 2Playbook. En esa edición, la de 2024, ganada por Primoz Roglic, Unipublic (matriz española propiedad de ASO) obtuvo cerca de 11,5 millones de euros de beneficios por la prueba, algo a lo que ayudó, y mucho, la gran salida desde Lisboa (Portugal). No era la primera vez que la carrera iniciaba su recorrido desde el extranjero. Tampoco será la última, visto el impulso económico que ello supone. Tanto es así, que desde 2022 y, al menos, hasta 2026, la Vuelta arrancará cuatro veces desde el extranjero: Utrecht, en 2022; Lisboa, en 2024; Turín, este año; y Mónaco, el curso que viene.

Lo cierto es que, de vuelta a las protestas pro-Palestina que han interrumpido el transcurso de la Vuelta a España, tanto ASO como Unipublic se han visto estos días atadas de pies y manos. Esa es, al menos, la postura que han transmitido ambas empresas en todo momento. “La posición de la Vuelta en todo esto es clara”, ha asegurado Javier Guillén este lunes; “nosotros nos guiamos por la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Es a ella a quien le corresponde establecer el derecho de sanción o de exclusión [de un equipo] durante las carreras. En todo momento nos hemos movido en esa legalidad. Es más, hablamos con ellos para hacerles ver cuáles eran los acontecimientos que estábamos viviendo aquí y para que tomaran posición. Y sí, la UCI tomó una posición: la de mantener al equipo Israel-Premier Tech en carrera. Nosotros nos hemos guiado en todo momento por lo que ellos nos han dicho. Cualquier movimiento sin su consentimiento hubiera derivado en una serie de consecuencias legales muy negativas, algo que hubiera afectado a España en el marco del deporte internacional".

Tal es así, que de no seguir las pautas marcadas por la UCI, la Vuelta podría llegar al extremo de, por ejemplo, perder la categoría World Tour, la denominada primera división del ciclismo internacional, algo que afectaría no solo a la relevancia de la prueba, sino al impacto económico generado por, entre otros aspectos, los derechos de televisión de la carrera. Es esa distinción, la de prueba World Tour, la que, por otro lado, obliga a la Vuelta a acatar las directrices de la UCI y, a mayor escala, del Comité Olímpico Internacional (COI), reacios en todo momento, al menos hasta la fecha, a expulsar al equipo Israel-Premier Tech de cualquier prueba para la que se han clasificado por méritos deportivos.

Los ciclistas, con la organización de la Vuelta

La justificación de la Vuelta, de Unipublic, y por ende, de ASO, es secundada por la mayoría del pelotón, si bien es cierto que solo unos pocos apuntaron sus críticas más arriba. “Si la UCI no pudo tomar las decisiones correctas a su debido tiempo, quizás llegó un momento en el que ya era demasiado tarde”, lamentó este domingo, tras la suspensión de la última etapa de la Vuelta, el ex campeón del mundo Michal Kwiatkowski, del equipo Ineos. “No pueden simplemente fingir que no pasa nada”, añadió en sus redes sociales; “de ahora en adelante, queda claro que una carrera ciclista puede usarse como escenario para este tipo de protestas, y me temo que solo irá a peor, porque alguien decidió permitirlo y mirar hacia otro lado”.

No fue el único corredor en pronunciarse al respecto, pero sí uno de los pocos en posicionarse de manera tan tajante. Días antes, Jonas Vingegaard, el vencedor de la Vuelta, se mostró comprensivo con los manifestantes en la cadena TV2 danesa. “La gente protesta por algo”, sugirió; “es horrible lo que está pasando ahora mismo, y creo que quienes protestan lo hacen aquí porque necesitan un lugar en el que ser escuchados. Necesitan que los medios les den esa oportunidad, están desesperados por ello, así que lo hacen aquí, en la Vuelta”.

El español Carlos Verona, por su parte, recibió muchas críticas tras las protestas que desencadenaron en la cancelación de la etapa de Bilbao. “Esperemos que a quien le corresponda dentro de la UCI tome medidas para que esto no se vuelva a repetir”, lamentó en Eurosport; “tenemos que intentar mantener el deporte alejado de la política, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos venido a hablar de política ni a meternos en esos temas, lo que queremos es disfrutar con el deporte, dar nuestro 100% y hacer de este mundo un lugar mejor”.

La UCI, dura con España, pero no con la Vuelta

A las seis de la tarde de este lunes, y por primera vez desde las protestas en Bilbao del pasado 3 de septiembre, la Unión Ciclista Internacional se ha pronunciado en un comunicado en el que, además de condenar lo ocurrido este domingo en las calles de Madrid, ha cargado duramente contra el gobierno de España.

“Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba”, lamentan; “los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte”.

“Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español [Pedro Sánchez] y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes”, sentencian; “esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica”.