No le demos la Vuelta al genocidio israelí

El intento de boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech mientras participaba en la contrarreloj por equipos de la Vuelta el pasado 27 de agosto ha desatado la ira del director de la competición. Es normal que Javier Guillén, máximo responsable de la competición y principal beneficiario de los ingresos que reporta, muestre su preocupación. Vendrán más y es preciso velar por la seguridad en la competición. Ciertamente, la organización de la Vuelta asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de la carrera ciclista y, en particular, la de los corredores que participan en ella.

Lo que no resulta tan evidente, ni adecuado, son las airadas declaraciones del señor Guillén, completamente desafortunadas y fuera de lugar, a tenor de las obligaciones que le impone el Código Ético de la Unión Ciclista Internacional (UCI). En primer lugar, porque el señor Guillén, como principal responsable de la competición deportiva, tiene el deber de evitar cualquier posible riesgo que hayan podido correr ciclistas y manifestantes. De ahí que cargar toda la culpa sobre las personas que se manifestaban no constituye más que una burda forma de eludir su responsabilidad. En segundo lugar, porque como sabe muy bien el director de la Vuelta, su cargo le exige moderación y neutralidad en sus expresiones. De ahí que sea cuando menos imprudente afirmar que el intento de boicot constituye una injerencia injustificada de la política en el deporte. Ocurre más bien, a la inversa. El intento de boicot no puede entenderse más que como una expresión política de la ciudadanía que no hace más que ahondar en los estrechos lazos que vinculan la política con el deporte en general y, en particular, en el caso del genocidio que impunemente está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Pero vayamos por partes.

La organización de la Vuelta, con su director a la cabeza, es la responsable de la seguridad de la competición y de todo lo que la rodea, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de las competiciones ciclistas organizadas bajo auspicio de la UCI, a la que está afiliada la Vuelta. En este sentido, la protección de la integridad física de los participantes, pero también del público y, en este caso, de las personas que se manifestaron en Figueres, es también competencia del señor Guillén, que debió paralizar la competición deportiva, neutralizando al equipo Israel-Premier Tech en un lugar seguro hasta que se pudiera retomar la competición sin riesgo alguno para todas las personas implicadas en el evento, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Más aún si se tiene en cuenta que junto a las personas que se manifestaban se encontraban agentes de la Policía Local que presuntamente informaron a la organización del intento de corte de la carrera. Por eso resulta llamativo el comportamiento, a todas luces temerario, de los agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad de la Guardia Civil, encargada de la seguridad vial de la Vuelta, que a punto estuvieron de cometer un atropello contra las personas que intentaron detener la competición.

Como es bien sabido, el objeto del boicot era denunciar el genocidio y flagrante violación de los derechos humanos que el gobierno de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino y la repulsa e indignación que la inacción de los Estados y de la UE despierta en la ciudadanía. Una injerencia de la política en la competición deportiva totalmente injustificada, a decir del señor Guillén. Tan injustificada, cabe recordar al director de la Vuelta , como pueda serlo el uso del equipo Israel Premier-Tech para promocionar a nivel internacional el actual gobierno de Israel, como no se cansa de repetir el propietario del equipo, el empresario Sylvan Adams, a la sazón amigo personal del presidente Netanyahu y avalista de su política de exterminio del pueblo palestino. Pero claro, esto no debe entenderse propiamente como una injerencia política sino como una acción de diplomacia deportiva, como el propio Adams prefiere denominarla. Digámoslo claro: una utilización espuria del deporte con la finalidad de lavar la imagen (sportswhashing) del gobierno sionista que a la organización de la Vuelta no parece preocuparle demasiado.

Una injerencia de la política en el ciclismo nada desconocida, por otra parte, en la UCI y sus organizaciones afiliadas, como pone de manifiesto el veto impuesto por la propia UCI a la participación de los equipos ciclistas rusos tras la invasión de Ucrania. Como bien sabe el director de la Vuelta, esta decisión fue adoptada por la UCI de conformidad con las directrices del Movimiento Olímpico, que no son sino una forma de expresión de repulsa política a la ocupación de Rusia del territorio ucranio. Una injerencia política, en definitiva, en línea con el compromiso adquirido con la protección de la dignidad y promoción de los derechos humanos, como exige el Código Ético de la UCI y los Principios Fundamentales del Olimpismo.

No le demos más vueltas, la política genocida del actual gobierno de Israel contra el pueblo palestino no puede quedar amparada por ninguna organización comprometida con la dignidad humana y el derecho humanitario internacional. De ahí que sea urgente que las organizaciones deportivas dejen de mirar para otro lado y asuman de forma inmediata sus responsabilidades para detener esta terrorífica banalización del mal. Cualquier protesta ciudadana encaminada a detener esta masacre no puede ser más que bienvenida. Pero hagamos las cosas bien, sin correr riesgos innecesarios para la integridad física de ninguna de las partes implicadas. Es urgente que la dirección de la Vuelta se ponga en el lado correcto de la historia y se coordine con la organización de las acciones pacíficas de protesta. Solo así dejará de chupar rueda y ponerse en cabeza del pelotón.

Alberto Carrio Sampedro es profesor de Filosofía del Derecho en la Universiad Pompeu Fabra de Barcelona